Entonces, el 68 por ciento de la población señaló que vivir en su lugar de residencia era inseguro, tal como quedó registrado en la medición aplicada por el INEGI en septiembre de 2013. La encuesta trimestral de diciembre también reportó que el 35.9 por ciento de la población encuestada, de 18 años y más, consideró que la delincuencia en su ciudad de residencia durante los próximos 12 meses seguiría mal, mientras que el 26.1 por ciento creyó que empeoraría. A juzgar por las apariencias, la percepción social sobre la inseguridad no ha mejorado, ya que constituye el principal tema de conversación donde uno se pare. Esto ocurre a pesar de las distintas estrategias implementadas por los tres órdenes gubernamentales para enfrentar a la delincuencia organizada y paliar la sensación de indefensión.
2.- El INEGI ha indicado que la percepción de inseguridad en las ciudades, así como el temor al delito, se genera por diversos elementos como la atestiguación de conductas delictivas y antisociales, entre las cuales destacan las siguientes: el consumo de alcohol en las calles, el vandalismo, los robos o asaltos con violencia, la venta o el consumo de drogas, el pandillerismo y disparos frecuentes. Ante esto, el 63.6 por ciento de los encuestados admitió que durante los últimos tres meses modificó sus hábitos respecto a portar objetos valiosos. Hay quienes de plano ya no salen de sus hogares, pasadas las ocho de la noche. Por otra parte, el 69.6 por ciento calificó el desempeño de la policía como “poco efectivo” o “nada efectivo” en sus labores relativas a la prevención y combate a la delincuencia, mientras que el 30.1 por ciento percibió dichas labores como “muy efectivas” o “algo efectivas”. Hasta aquí un apretado resumen de la multicitada encuesta. Ni duda cabe: a dos meses y medio de la más reciente actualización de la ENSU por el INEGI no creo que haya mejorado la percepción social sobre la inseguridad.
3.- Una de las más importantes estrategias del gobierno federal para combatir al crimen organizado y la delincuencia común ha sido el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Sin embargo, con profundo pesimismo observamos que dicho Programa no ha fructificado todavía en Morelos. Y creo que se debe a lo siguiente. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, sostiene que el gobierno federal debe volcar sus esfuerzos contra la impunidad y cumplir su obligación de reducir los índices de violencia y criminalidad, así como restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Según él, es la impunidad lo que genera las altas tasas de incidencia delictiva en determinadas zonas geográficas del país, como ocurre en nuestra entidad. En materia de impunidad, comentó que la capacidad para castigar delitos y por esa vía prevenirlos nunca fue elevada en México, pero en el sexenio pasado sufrió un desplome, ya que en 2006 se impusieron sentencias condenatorias a 41 de cada 100 homicidios mientras que 2011 a 16 de cada 100. Grave, muy grave. Nadie duda, pues, que la futura Fiscalía General de Morelos deberá recibir un sustancial respaldo financiero o de lo contrario no cumplirá la parte que le corresponde en la lucha de las bandas criminales. Imaginen ustedes: ayer solo había un médico legista para todo el Estado.
4.- Cambiemos de frecuencia. La coordinadora parlamentaria del PRD en el Congreso local, Lucía Meza Guzmán, finalmente se colgará este jueves una medalla por lograr la aprobación de la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General, para detener así la ola de reclamos que en su contra se dio la semana pasada cuando tras la interrumpida sesión ordinaria tuvo que ir a rendir malas cuentas al Palacio de Gobierno. Además de su bloque de 17 legisladores leales, Meza Guzmán contaba la tarde de ayer con los votos de priístas y panistas –más sus rémora del PSD y el independiente- para sacar adelante la ley de la dependencia en que se convertirá la Procuraduría General de Justicia, aunque aún había dudas sobre si sería igualmente aprobada la creación de la figura del Comisionado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Mientras tanto, los del bloque denominado G13 esperaban fortalecer el argumento de que el Congreso local no es obstáculo para el Ejecutivo en materia de seguridad y que si hay violencia y criminalidad es porque le ha fallado la estrategia al gobierno.
5.- En su calidad de presidente de la Junta Política y de Gobierno, el priísta Isaac Pimentel Rivas propondrá este jueves al Congreso que se ordene a la Auditoría Superior de Fiscalización, a cargo del también priísta Luis Manuel González Velázquez, la realización de una auditoría especial a las cuentas públicas de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del Ayuntamiento de Amacuzac. Esto implicaría revisar la administración del actual alcalde, el pevemista Noé Reynoso Nava, pero también la de su antecesor, el actual diputado Alfonso Miranda Gallegos, del Partido del Trabajo, contra quien, según reportes de prensa, habitantes de municipios de la región sur vendrían a Cuernavaca hoy a realizar una marcha solicitando su desafuero. Que la petición de auditoría sea hecha por la Junta Política y de Gobierno quiere decir que es respaldada por los coordinadores de todas las bancadas, con excepción del PT y el PVEM, los cuales han estado al margen de los trabajos de la Comisión especial de seguimiento al caso Amacuzac, por ser parte interesada.
6.- El diputado petista Héctor Salazar Porcayo pedirá hoy que el Congreso local intervenga ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para favorecer el caso de dos campesinos morelenses originarios de Tlalnepantla, quienes están metido en un berenjenal jurídico bajo la acusación de ser talamontes, cuando en realidad se trata de un par de usufructuarios de un permiso para extraer madera muerta de una zona forestal. Por su lado, el presidente de la Comisión del Deporte, Juan Ángel Flores Bustamante, anunciará el Primer Congreso Internacional de Educación Física del que Morelos será sede del 27 al 29 de mayo próximo. Los pronunciamientos en ambos casos serán por la mañana, previos a la maratónica jornada en que los legisladores deberán desahogar lo que les falta de la sesión que interrumpieron el miércoles anterior, más la correspondiente a esta semana. Mañana me referiré a la importancia que reviste la visita del presidente Enrique Peña Nieto, ayer, a nuestra entidad federativa y su relación con la percepción aludida al comienzo.