Además, Hernández Barros ha atendido el curso de los procesos penales correspondientes, aunque debo precisar que hasta ayer no había ningún sentenciado. Actualmente dicho abogado forma parte del Consejo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, la cual se creó a partir de las movilizaciones que en su momento encabezó el propio Sicilia Zardaín reclamando justicia, no solo ante lo ocurrido con su hijo y seis personas más, sino también buscando darle nombre y rostro a miles de hombres y mujeres que se convirtieron en “daños colaterales” durante el régimen de pesadilla encabezado por Felipe Calderón Hinojosa. Y una institución similar surgió en Morelos debido a lo mismo.
2.- Julio Hernández Barros fue entrevistado recientemente por la cadena CNN en torno al número de secuestros, que desde hace cuatro años ha crecido a pesar de las medidas y las reformas adoptadas para combatirlos. Ayer entrevisté a Hernández Barrios, quien concretizó los factores principales por los cuales el flagelo no ha disminuido: la falta de capacitación de las policías, las estrategias legales de los acusados, las fallas en el aislamiento a los secuestradores sentenciados y la corrupción de autoridades. Asimismo, cuestioné al jurista respecto a la reforma aprobada el lunes por el Senado de la República para imponer sentencias de hasta 140 años de prisión a un secuestrador, decisión que se suma a la estrategia de combate a este delito lanzada por el gobierno federal en enero del presente año. Tocante a la impunidad y falta de capacitación, Hernández Barros señaló que en México, si cometes algún delito “la regla general es que no pasa nada”, pues se estima que el 97 por ciento de los ilícitos queda sin castigo.
3.- Viene la falta de capacitación de las autoridades judiciales para investigar y fundamentar las averiguaciones que lleven a los acusados a la cárcel. Aparecen además los recursos legales “tramposos” y jueces infiltrados. Algunos secuestradores recurren a estrategias legales para poder salir de prisión, incluso ayudados por los mismos jueces. El abogado menciona también las fallas en el control de los reos y su comunicación, pues desde el interior de penales se están planificando centenares de secuestros y extorsiones. Y finalmente citó la corrupción de las autoridades, la infiltración de corporaciones policíacas y el encubrimiento de servidores públicos a criminales. La corrupción sigue aun cuando los criminales son sentenciados y encarcelados, pues los mismos custodios reciben dinero de los delincuentes y los protegen debido a sus bajos sueldos. Hasta aquí lo que me comentó ayer Julio Hernández Barros. ¿Algún parecido con la realidad de Morelos? Conclusión: el escenario es de pudrición.
4.- Cambiemos de frecuencia. En el Congreso local ya comenzaron los jaloneos y puntapiés entre los diputados y diputadas, como parte de la lucha por el botín político que representan las dos magistraturas que Ezequiel Honorato Valdez y Virginia Popoca González deberán dejar libres en mayo próximo. Este miércoles sale la convocatoria para elegir a los nuevos magistrados y quienes conocen del asunto aseguran que a final de cuentas el reparto se hará entre el Partido de la Revolución Democrática, cuya bancada lidera la diputada Lucía Meza Guzmán, y el Partido Revolucionario Institucional que tiene a Isaac Pimentel Rivas a cargo de su grupo parlamentario. Por lo pronto, quienes saben leer pudieron darse cuenta desde ayer, y lo pueden confirmar hoy en los medios, que la cuautlense ordenó soltar la jauría contra el de Ciudad Ayala, aprovechando que este encabezó un cónclave de la bancada tricolor. A ver.
5.- En más del Congreso morelense comentaré que ahora resulta que el gobierno estatal sí está en tratos para comprar un predio de 15 mil metros cuadrados frente al mercado Adolfo López Mateos, en el centro de Cuernavaca, para la construcción de una nueva sede del Poder Legislativo, pero no se ha concretado porque falta el visto bueno de los diputados. La versión de la compra fue desmentida ayer por el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, aunque explicó que es prácticamente un hecho. Es preciso señalar que si bien el predio ya está seleccionado aún no hay proyecto del inmueble y en todo caso la construcción difícilmente estaría concluida en el corto plazo, por lo que serían los diputados de la próxima legislatura quienes estrenarían palacio legislativo. Ya se verá.
6.- El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con sede en Jiutepec y dirigido por Víctor Bourguett Ortiz, se ha comprometido a emitir una opinión especializada sobre la iniciativa de Ley de Fomento para las Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Morelos, promovida por el diputado priísta Antonio Rodríguez Rodríguez, quien forma parte de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del Congreso local, misma que es presidida por el pevemista Ángel García Yáñez. Para el análisis de ese proyecto legislativo, que fue presentado ante el Congreso el 11 de marzo pasado, se han realizado hasta el momento dos foros con la participación de expertos de centros de investigación ubicados en la entidad, el primero de ellos en la UAEM y el segundo en el propio IMTA. Entre otras cosas, mediante esta ley se impulsaría el uso de energía más barata en los municipios, por ejemplo para el alumbrado público, atendiendo a uno de los problemas principales de la economía de los ayuntamientos. A ver.
7.- Mientras el alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, declaró ayer que el Mando Unico en la capital morelense será formalizado a partir de mayo, el de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, apoyado por su Cabildo, optó por sumarse ayer a esa estrategia de prevención del delito a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública que encabeza Jesús Alberto Capella Ibarra. Y como dicha Comisión depende de la Secretaría de Gobierno, su titular Jorge Messeguer Guillén manifestó ayer que el 90 por ciento de la población morelense se concentra en los 23 municipios sumados hasta la fecha al Mando Unico. El funcionario agregó que las autoridades municipales de las localidades que todavía no se han anexado consideran bajo el índice delictivo, pero la realidad me fue comentada anteayer por Capella Ibarra: existe la suposición, por parte de los respectivos presidentes municipales, de que perderán potestades sobre algunas partidas presupuestales de carácter federal.