Lo que ocurrirá con él puede preverse al menos en el futuro cercano, luego de que ayer el fiscal Rodrigo Dorantes presentó y ratificó la solicitud para que se le separe del cargo y se continúe la carpeta de investigación abierta contra el ex presidente del TSJ por el delito de abuso de autoridad. El documento fue recibido por el Congreso local y ayer mismo su presidente, el perredista Juan Ángel Flores Bustamante, dejó en claro que seguirá el curso que le corresponde bajo la premisa de que los diputados no están para proteger a nadie. La solicitud será dictaminada por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que preside la panista Amelia Marín Méndez. Cabe destacar, además, que Falcón Vega tendrá problemas sumamente graves con la justicia derivado de un peculado. Ya viene la resarcitoria. Al tiempo…
2.- Cambiemos de frecuencia. El hueso que está pendiente de asignar en el IMIPE lo están peleando con uñas y dientes en la élite de los diputados locales. Isaac Pimente Rivas, presidente de la Junta Política y de Gobierno, presume que mañana podría darse la designación del sucesor o sucesora de Esmirna Salinas Muñoz, mientras que Juan Ángel Flores Bustamante, presidente de la Mesa Directiva, estima que no puede haber humo blanco todavía. En lo que sí hay coincidencia entre ambos líderes de la legislatura actual, es en que este miércoles se hará la designación de los magistrados que ocuparán los espacios que dejaron vacantes los ex magistrados Virginia Popoca González y Ezequiel Honorato Valdez. Pero estando turbio el proceso de selección del nuevo personificador de la transparencia nada puede darse aún por seguro en la Cámara de Diputados. Se supone que de entre 46 personas registradas, la lista se redujo a los siguientes candidatos a magistrados: Jaime Castera Toscano, María Belem Castillo Benítez (ex secretaria Técnica de la Junta Política), Mariela González Gómez, Marco Pérez Ascencio, Daniel Adán Rodríguez y Bernardo Sierra Becerra. A ver.
3.- La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Lucía Meza Guzmán salió al paso de las acusaciones de diversas bancadas legislativas, en cuanto a que el perredismo pretende hacerse del control de la Auditoría Superior de Fiscalización para tener una herramienta política que haga posible, por un lado, que los gobiernos afines al sol azteca actúen con discrecionalidad en su manejo financiero, y por otro escudriñar los manejos que en el mismo rubro hagan los gobiernos de sus opositores. La legisladora ofreció una conferencia de prensa en la que culpó al PRI de tener secuestrada a la ASF y ponderó los beneficios del proyecto de la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, casi como la panacea de todos los males. Más allá de las especulaciones sobre el destino de la ASF, lo cierto es que esa institución hoy apesta. Cuando no funciona como elemento represor de enemigos políticos, sirve para maldita la cosa.
4.- Así como hay DIF municipales y organizaciones sociales que podrían acceder a recursos financieros de la Federación si se les capacita en la tramitología del caso, hay otras áreas que están a la búsqueda de condiciones para atraer apoyo económico mediante programas del gobierno federal, como el caso del municipio de Totolapan, cuyo Cabildo acordó solicitar al Congreso del Estado que lo incluya en el Catálogo de pueblos y comunidades indígenas para que de esa manera pueda tener acceso a recursos que se liberan a través de programas que opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos. En tanto, ya viene la declaratoria de Jojutla y municipios aledaños como zona metropolitana, para sumarse a las ya existentes de Cuernavaca y Cuautla. Aunque tal definición para la zona de Jojutla es apenas en el terreno local, es un paso hacia su consideración como zona metropolitana que pueda participar de los recursos que para éstas áreas destina el gobierno federal y que salen con etiqueta cuando el Congreso de la Unión aprueba el presupuesto anual. Estaremos pendientes de ello y luego diremos.
5.- A propósito de recursos públicos, la diputada Amelia Marín Méndez pretende orillar a la responsabilidad de los presidentes municipales y de sus cabildos, para que por un lado al menos en lo que resta del año reduzcan el gasto corriente de sus administraciones y apliquen mayores recursos al gasto social, y por otro que desde el Congreso Federal se pongan límites a ese gasto corriente. La relación óptima a juicio de la zacatepense es 60% de gasto corriente y 40% a obra pública, lo que difícilmente se logrará por razones que ella misma ha expuesto recientemente, como el hecho de que los cabildos, al amparo de la libertad del manejo hacendario que les concede el artículo 115 Constitucional, libertad mal entendida, se asignan jugosos salarios, como si de veras trabajaran y le hicieran un bien al pueblo. Además, permiten que su número de empleados crezca a cifras absurdas, como en el caso de Coatlán del Río, donde pasó de 100 a 300 empleados en un trienio. De ello derivan otros males como el pago de indemnizaciones y los laudos millonarios, cuando llegan nuevos gobiernos y optan por el recorte de personal, pero a final de cuentas nunca hay dinero para destinar al gasto social. Marín Méndez propuso un punto de acuerdo para llamar a los alcaldes a ser responsables, y luego una iniciativa para proponer al Congreso de la Unión que ponga límite al gasto corriente. El esfuerzo, ya se sabe, será un llamado a misa, y la iniciativa difícilmente trascenderá, pero al menos se advierte un esfuerzo por terminar con la voracidad e ineficiencia de las autoridades municipales. Si en el futuro le toca ser alcaldesa ojalá piense igual.
6.- Y en otra vertiente del manantial de dinero que significan nuestros impuestos, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, el panista Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, reveló que Cuernavaca y otros cinco municipios han integrado plenamente sus expedientes con relación a las solicitudes de autorización de créditos y refinanciamientos que plantearon ante los diputados. El dato permitiría pensar que entonces el gobierno capitalino que encabeza Jorge Morales Barud estaría cerca de obtener los recursos que le permitan un respiro económico, y a los ciudadanos tener mejores servicios de los muchos que se están prestando de manera deficiente a falta de dinero. Sin embargo, no hay que olvidar que en este como en otros casos de salvavidas para los ayuntamientos, las decisiones de los legisladores poco tienen que ver con dinero y beneficio social y mucho con acuerdos e intereses de carácter político. Por eso Cuernavaca no puede cantar victoria pues ni siquiera la propia bancada priísta ha acreditado que en verdad apoya el refinanciamiento que la comuna pretende, por 750 millones de pesos.