-cuya titular es Claudia Ruiz Massieu- para aplicar en ellos las Agendas de Competitividad de Destinos Turísticos (ACDT), elaboradas por dicha dependencia federal en coordinación con autoridades estatales y locales, además de universidades públicas. Lo anterior se difundió durante un acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, al cual asistieron la mayoría de gobernadores -incluido Graco Ramírez Garrido Abreu- y el jefe del Gobierno capitalino Miguel Angel Mancera. Ahí también se presentó la Campaña Nacional de Promoción Turística. Como era de esperarse abundaron los datos, las cifras, las magníficas intenciones, las referencias al porcentaje que ocupa la industria turística en el PIB nacional, etcétera, pero no se dijo nada respecto a los recursos que el gobierno federal pudiese canalizar, por ejemplo para el caso concreto de Cuernavaca, ciudad o destino turístico cuyas principales características son la progresiva degradación urbana y el precarismo financiero.
2.- Se supone que las ACDT aportarán “un nuevo modelo de gestión entre los tres niveles de gobierno y los actores locales de los destinos, constituyéndose en un poderoso instrumento para que la política nacional turística propicie una sociedad más incluyente y con elementos prácticos para revertir los niveles de pobreza en las localidades estudiadas”. Etcétera, etcétera. Se proyecta que las agendas impulsen la construcción de cadenas productivas “mediante las cuales se multiplique el efecto de la inversión canalizada a las localidades, ante lo cual se prevé que crecerán las oportunidades de trabajo y los motores de desarrollo regional”. Y más etcétera. También es suposición que Cuernavaca competirá contra Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Chalma, Cozumel, Ensenada, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo y Huatulco. La lista de destinos es mucho más extensa, pero mejor ya no le sigo. Prefiero concluir el tema con el antiguo adagio mexicano: “Hasta no ver (inversiones importantes), no creer”. Cuernavaca y otras zonas morelenses están súper estudiadas desde hace décadas. Lo que falta es la auténtica intervención federal, con recursos, si ha de insistirse en que nuestra capital tiene un “alto potencial” en materia turística.
3.- Los transportistas que cerraron ayer el Congreso local, nunca manifestaron su intención de dialogar con los legisladores y a éstos nadie les informó que el bloqueo ocurriría, de acuerdo con lo que a media tarde declaró el presidente de la mesa directiva, Juan Ángel Flores Bustamante. Sobre el asunto corrieron varias versiones y la mayoría apuntaba a que las huestes de la Federación Auténtica del Transporte y Rutas Unidas, no pretendían platicar con los diputados, sino usar al Congreso como carne de cañón para que éste ayudara a presionar al Poder Ejecutivo a fin de que pague por servicios que los transportistas han prestado para eventos en Jardines de Morelos y del Cinema Planeta. El bloqueo a fin de cuentas terminó por ahí de la una de la tarde, pero para entonces ya se había evidenciado el divorcio que existe entre el Congreso local y la Secretaría de Gobierno, instancias que generalmente comparten información para prevenir y atender conflictos sociales, y para entonces también los diputados ya habían decidido sesionar en una sede alterna, que resultó ser el restaurante Las Mañanitas.
4.- En medio de la incomodidad de las atenciones de calidad Gran Turismo, el Congreso de Morelos aprobó sin mayores cambios la armonización de la Reforma Político Electoral, dejando la reelección de diputados en dos periodos más (su elección más dos reelecciones) y echando abajo temas que podrían haber obstaculizado la aprobación de este cambio por parte de los ayuntamientos en su función de Constituyente Permanente, tal es el caso de la terminación anticipada de la administración municipal, que para el caso de los alcaldes que sean electos en 2015 concluirá en octubre de 2018, es decir que su periodo será de dos años y 10 meses. La sesión en sede alterna tuvo al de la reforma político electoral como tema central y único, debido a la urgencia de aprobarla porque el periodo para hacerlo fenece el 30 de junio próximo y aún falta que se envíe a los ayuntamientos, para cumplir lo que establecen los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local.
5.- Al darse en una sede alterna y reducirse a un tema único, los diputados pospusieron casi un centenar de asuntos, entre iniciativas, puntos de acuerdo y primeras y segundas lecturas, por lo que la advertencia es que la sesión de la semana próxima, el miércoles, será “a morir”, durará horas para evitar que se sigan acumulando los pendientes. Y no podrá haber sesión antes porque este jueves la mayoría de los diputados se van de viaje, a sufrir a Cancún con los calores y las lluvias, a fin de cumplir con su obligación de llevar hasta aquellas tierras la representación de los ciudadanos morelenses en lo que será la Cuarta Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales.
6.- Un dato más: en la sede alterna se aprobó la pensión por jubilación del ex alcalde de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica, quien consiguió esa prestación gracias a un amparo federal, pero no por su brillante paso por el Ayuntamiento cuernavacense. Se embolsará alrededor de 30 mil pesos mensuales provenientes de los recursos públicos. Y en la accidentada sesión también se aprobó la licencia para la magistrada Guillermina Jiménez Serafín, quien ahora representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura, funcionaria de triste recuerdo en el Tribunal Superior de Justicia debido a su deplorable participación en el de caso de Juan José Pedro Sarquís, quien el 1 de noviembre de 2002 asesinó a Braulio Paredes Núñez. Los hechos ocurrieron en la casa 42 de la calle Luxemburgo del fraccionamiento Burgos de Cuernavaca. Propios y extraños en el TSJ conocen la forma en que Jiménez Serafín operó para la liberación del imputado. Hasta su ficha sinalégtica le regresó (según se sabe en el TSJ).
7.- Las mafias sindicales de Morelos se han puesto de acuerdo, con la intermediación del secretario del Trabajo del Estado, José de Jesús Pérez Moreno (¿por qué le tendrá tirria el rector Alejandro Vera Jiménez?). Me refiero al acuerdo pactado por los jerarcas del Nuevo Grupo Sindical (NGS) y la CTM, a fin de repartirse el pastel que significará el acarreo de materiales durante la construcción de casi 30 kilómetros de la nueva Autopista Siglo XXI. Por parte del NGS (o Nuevo Grupo Familiar, como quiera usted llamarle) firmó Bulmaro Hernández Juárez y a nombre de la CTM lo hizo Andrés Tufiño, jerarca cetemista en la región oriente. El pacto llegó tras medio año de negociaciones. Así de pragmático es el secretario del Trabajo, quien no ha movido un dedo para evitar que el NGS siga haciendo de las suyas en el centro de Cuernavaca dizque abanderando la causa de vendedores ambulantes y semifijos.