Aun cuando el quehacer legislativo debiera ser prioridad de la agenda del Congreso, para nuestros ínclitos “representantes populares”, ávidos de reflectores que puedan proyectarlos a otra posición de elección de la que se sienten ampliamente merecedores, les es más redituable apoderarse de la tribuna para señalar con dedo flamígero las fallas, errores o desaciertos – verdaderos o inventados - de los alcaldes, proponiendo exhortos o recomendaciones para que los diputados de este Tribunal del Santo Oficio condenen a los herejes presidentes municipales a ser quemados públicamente en la plaza pública, en los medios y en la arena política.
2.- Los ediles y sus ayuntamientos se encuentran inermes. La sobrevivencia financiera de sus municipios depende de la autorización de empréstitos o refinanciamiento de deuda pública sujeto a la autorización de sus inquisidores. Si no hay sometimiento no hay autorización. Sin embargo, por estar enfrascados en su estrategia de desgaste a las administraciones municipales con fines electoreros, los diputados no advierten que los paganos de platos rotos a causa de tales actitudes somos nosotros, los ciudadanos, cuyos intereses dicen representar. Qué penoso sería que, detrás de esa negativa de autorización de créditos y reestructuraciones; de esa pose de hipócrita responsabilidad, se escondieran fines particulares de chantaje, económico o político. Son miopes y se han mareado con el cargo, sin tomar en consideración que para ellos ha iniciado la cuenta regresiva y que al término de la 52 Legislatura muchos volverán a ser simplemente Juan Pérez. Hoy disfrutan del ejercicio de un poder dictatorial, bastante lejano de la auténtica representación que dicen ostentar, pero que, para fortuna de los morelenses, no será eterno.
3.- Empero, la coyuntura pone en posibilidad a los ayuntamientos de cobrarle al Congreso sus excesos: los diputados deben tener aprobado, a más tardar el 25 de junio próximo, la reforma a la Constitución Política local en materia de reforma política. Por tratarse de una reforma constitucional, debe ser avalada por la mayoría de los ayuntamientos de la entidad, en su carácter de Constituyente Permanente. Extraviados en sus propios intereses, que son ajenos a los legislativos y mucho más ajenos a los del Estado y sus ciudadanos, los diputados dejaron correr los tiempos y hoy, al cuarto para las doce, pretenden que la reforma constitucional se apruebe a más tardar el miércoles 25 de junio para iniciar con las reformas a las leyes reglamentarias. Para ello cuentan con que, tan pronto se entreguen los documentos a los ayuntamientos en el transcurso de la próxima semana, estos de inmediato lo someterán al Cabildo y aprobarán la reforma constitucional en fast track, solo que hay un pequeño problema: gran parte de las comunas se rehúsan a ser simplemente una ventanilla de trámites y exigen tiempo para conocer y discutir a fondo la reforma constitucional antes de emitir su voto. Claro que para ello se cuenta con la afirmativa ficta, pero el tiempo para que esta afirmativa opere, excede en mucho el tiempo que se han fijado como límite los legisladores.
4.- Pero más aún, aprovechando la misma coyuntura, los alcaldes se han agrupado y han manifestado que no habrá aprobación de la reforma constitucional sin que antes los diputados le den trámite a las solicitudes de autorización de crédito que han elevado al Congreso. Tómala. Si se retrasa la aprobación de la reforma constitucional, no habrá tiempo para expedir las reformas a las leyes reglamentarias, con lo que se pondría en riesgo el próximo proceso electoral. ¿Cuál sería el escenario posterior? Fieles a su costumbre, los diputados impolutos e irresponsables acusarán a los ayuntamientos de este grave retraso, pero la opinión pública sabrá que no fue así, pues ya tiene plenamente identificada la indiferencia, prepotencia y holgazanería de la inmensa mayoría de quienes, en mala hora, se incrustaron en el Congreso gracias a nuestro voto. Asistimos, pues, al preámbulo de un nuevo encuentro entre los ayuntamientos y ese órgano colegiado, siendo deseable que el Congreso reconozca que las administraciones municipales son un nivel de gobierno y no una dependencia del Ejecutivo o el Legislativo. A ver.
5.- Cambiemos de frecuencia. Resultado del agravio que sintieron los diputados locales cuando el miércoles anterior un grupo de ruteros comandados, entre otros, por el eterno líder de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, sitiaron la sede legislativa en el centro de Cuernavaca y, al bloquear sus dos accesos, no permitieron por horas la entrada y salida de ninguna persona, el diputado presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Roberto Yáñez Moreno, ha respondido con dureza que no será mediante presiones como los transportistas logren echar abajo determinaciones legislativas que a todas luces son justas y deben ser irreversibles, como el caso de la prohibición de transmitir los derechos de las concesiones del transporte público, o lo que es lo mismo “vender las placas”. No es ocioso el recordatorio del legislador frente a un clima de caos en el medio transportista, derivado de la negligencia oficial, el pirataje, el otorgamiento de miles de nuevas concesiones de taxi y el auge del mercado negro de permisos de rutas y taxis.
6.- Ojalá el legislador y sus contlapaches de la Comisión de Tránsito y Transportes asumieran también su papel para el tratamiento de otros problemas del sector que afectan a miles de ciudadanos cotidianamente, que derivan de la pésima calidad del servicio de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que tienen que ver en mucho, otra vez, con la negligencia gubernamental de las autoridades del ramo, y que en algunos casos no implicarían grandes esfuerzos ni mucha inversión, pues no se trata solo de pedir que los ruteros cambien sus unidades, calificadas por muchos como ataúdes rodantes, sino que hagan ajustes menores, necesarios y de mucho beneficio, como prohibir las acompañantes que distraen al operador, combatir las “carreritas” que son diarias y en todas las rutas (las peleas de los Chapulines contra la Ruta 8 y de la Ruta 2 contra la Ruta 7, por ejemplo, son terroríficas), pedirle a ruteros y taxistas que se bañen y corten el pelo, que exhiban sus identificaciones a la vista de los usuarios, que se eliminen las luces fluorescentes que afectan la visibilidad de los usuarios y son peligrosas para pasajeros de la tercera edad en particular (chequen, por ejemplo, los Chapulines –otra vez- con sus luces verdes o las luces moradas de las rutas 5, la unidad 23 de la ruta 18 o la unidad 20 de la ruta 12). Hay elementos para que los legisladores intervengan, hay necesidad de que se pronuncien en nombre de miles de usuarios; lo que les falta es voluntad.