Todo parecía indicar que le sería permitido -por su jefe superior inmediato- concluir la quincena y cobrar este lunes su último emolumento proveniente del erario estatal. El fulminante cese de Valencia se veía venir luego de su rotundo fracaso al frente del difícil sector penitenciario de nuestra entidad federativa, cuya principal característica es la corrupción en todos los niveles. Muchas veces he señalado que un sistema integral de seguridad pública se compone por la prevención del delito, la procuración de justicia, la administración de la justicia penal y la reinserción social. Y ha sido precisamente en el último eslabón donde la entidad no avanza, propiciando que durante varios años haya sido reprobada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su evaluación anual penitenciaria.
2.- El colmo fue que la madrugada del sábado anterior, en las inmediaciones del Centro Estatal de Reinserción Morelos de Atlacholoaya, fue localizada la cabeza de una persona con un mensaje firmado presuntamente por el jefe del autogobierno. Ello dejó al descubierto la rivalidad existente entre grupos del crimen organizado por el control de esa cárcel y el resto de penales distritales. Además, es importante recordar que el 3 de enero se registró la fuga de cuatro internos, uno de los cuales fue reaprehendido, pero días después fue asesinado en el interior de su celda. La corrupción y el autogobierno han sido la constante en el sector penitenciario de Morelos, pero la problemática no se remonta al actual periodo gubernamental, pues proviene de décadas atrás, desde que la cárcel estatal se encontraba en el barrio de Atlacomulco. Posteriormente abundaré al respecto.
3.- Así las cosas, llegamos la víspera cuando el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu anunció cambios profundos en el sistema penitenciario, con la llegada del relevo de Jesús Valencia. Se trata de Lucio Hernández Gutiérrez, quien es totalmente desconocido en esta entidad federativa, aunque trae consigo magníficas cartas credenciales tras su paso por Quintana Roo, Michoacán y el Distrito Federal, en áreas de reinserción social, amén de que ha trabajado para la PGR. Se le otorga el beneficio de la duda, sobre todo luego de haber emitido su primera declaración a los periodistas morelenses: “No le temo a los autogobiernos ni a quienes desde el interior de los penales encabezan redes de criminales organizados”. A ver. Por cierto, el titular del Ejecutivo anunció que en dos años habrá una nueva cárcel estatal (en la región oriente, construida con fondos federales) donde se concentrará a todos los reclusos de las unidades distritales de reinserción social, las cuales desaparecerán. Atlacholoaya será conservada.
4.- Mañana empieza el mes de julio y el año escolar llega a su recta final pues el día 15 concluye oficialmente e inicia el periodo de vacaciones. La semana anterior los diputados aprobaron un exhorto al gobierno estatal para que antes de que concluya el año escolar, es decir en los próximos 15 días, entregue a las escuelas de nivel básico los 62 millones de pesos etiquetados para cumplir con la Ley para la erradicación de las cuotas escolares. Casi se puede asegurar que eso no ocurrirá, lo que ya estaba previsto por los señores legisladores que no se chupan el dedo y por ello incluyeron en el exhorto una indicación para la Junta Política y de Gobierno, a fin de que valore la posibilidad de llamar a comparecer a la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, y a la directora del IEBEM, Marina Aragón Celis, de concretarse el incumplimiento, que en este caso no es solo al exhorto legislativo, que no sería raro porque se ha vuelto costumbre que los funcionarios del Ejecutivo se pasen por el arco del triunfo los llamados del Legislativo –llamados a misa, les dicen hasta los diputados de la nueva visión-, sino que es una falta a la Ley para erradicar las cuotas escolares, lo que ya representa no sólo una desatención sino eventualmente hasta un ilícito o falta administrativa.
5.- A fines de abril pasado, el Congreso hizo las declaratorias de los informes de resultados de auditorías practicadas a diversos municipios en cuanto al ejercicio fiscal 2010. Uno de esos municipios fue Cuernavaca, que en 2010 estaba gobernado por el actual diputado local Manuel Martínez Garrigós y a quien por ese año se le hicieron 66 observaciones, de las cuales 53 fueron de carácter resarcitorio por un monto de 273.8 millones de pesos, de acuerdo con la propia declaratoria leída en la sesión del día 29 del mes citado. Con ese hecho, el titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, Luis Manuel González Velázquez, puso en evidencia a Martínez Garrigós y para el gusto de algunos continuó la pelea que con éste mantiene el grupo de Amado Orihuela Trejo, que ha contribuido a mantener en su cargo a El Chueco.
6.- La respuesta del ex alcalde de Cuernavaca fue la presentación de una serie de acuerdos ante sus compañeros diputados, con los cuales ha buscado la destitución de González Velázquez con el argumento, principalmente, de que no es apto para el cargo por su condición de ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y miembro actual del Consejo Político del propio partido. La lucha soterrada entre ambos se mantiene con el PRD como tercer interesado, en el propósito de los solaztequistas por desaparecer la ASF y crear un ente que elimine vicios y transas, y permita una fiscalización real del manejo de los recursos, aunque los perredistas han sido acusados de buscar en realidad una Auditoría a modo para el régimen estatal. El caso es que de esta pelea podría haber noticias definitorias en los días cercanos, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, que de acuerdo al artículo 32 de la Constitución Política local, deberá ser clausurado el 15 de julio.
7.- Finalmente comentaré que el Partido Movimiento Ciudadano en Morelos inició ayer a través de las redes sociales una campaña de solidaridad con José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, y quien se encuentra preso desde la semana pasada en una cárcel de Sonora acusado de narcotráfico y portación de armas de uso reglamentario del Ejército. El dirigente estatal de MC, Luis Alberto Machuca Nava, justificó la acción y señaló que la campaña tiene como objetivo impulsar el respeto a las garantías individuales de las personas. Expuso que, una vez más, se ha pisoteado el debido proceso en México, pues Mireles fue aprehendido y recluido sin haber una orden girada por algún juez penal. Concluyó diciendo que este delicado caso –“que apenas empieza”- evidencia la línea del gobierno federal para eliminar a sus enemigos, lo cual es condenable.