Me estoy refiriendo a la posibilidad de que diputados locales, funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como del gobierno federal que aspiren a contender por una presidencia municipal podrán hacerlo sin separarse de sus cargos con 90 días de anticipación. El nuevo texto del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que se adapta a la reforma constitucional peñista en materia electoral y hace referencia a los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un ayuntamiento o ayudante municipal, no establece en su fracción V la condicionante de tener que dejar el cargo tres meses antes de la elección, que se imponía para un catálogo de funcionarios. Así, cualquiera de los actuales miembros de la 52 legislatura con aspiraciones a una alcaldía tendrán chance de realizar proselitismo político sin separarse de su curul y, desde luego, aprovechar sus posiciones para seguir mermando el ya de por sí deteriorado presupuesto público. Sin embargo, el beneficio se extendió a funcionarios estatales y del Poder Judicial. La pura vida… mediante el saqueo institucionalizado.
2.- Cambiemos de frecuencia. Si bien es cierto que los delitos de alto impacto, como son el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso, muestran una tendencia a la baja en Morelos, también es verdad que los delitos patrimoniales (básicamente el robo con violencia, a casa habitación y el de vehículo) no muestran una variación significativa respecto a 2013. Al contrario: al tapar los hoyos delincuenciales provocados por los tres delitos supracitados, las autoridades ministeriales y los responsables de la prevención del delito dejaron que se abrieran otros. Y es en este contexto donde un delito por demás politizado como es el secuestro está cediendo su espacio a los delitos patrimoniales como argumento para aderezar el discurso político en materia de seguridad pública.
3.- Así lo deduzco tras la conferencia de prensa ofrecida ayer por la presidenta del Partido Acción Nacional en Morelos, Norma Alicia Popoca, quien cuestionó -una vez más- los trabajos implementados por el gobierno estatal en el complicado tema. Los consideró insuficientes “ante la crisis de seguridad que vive nuestro Estado”. Empero, la ex alcaldesa de Cuernavaca recordó algo que he mencionado con insistencia desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) actualizó el 15 de mayo pasado sus datos respecto a la incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. El SNSP ha reconocido que Morelos expone una disminución en los delitos de alto impacto, lo cual ha sido presumido por el gobierno estatal, pero aquí indiqué con toda oportunidad que el robo se mantiene implacable manteniendo o exacerbando la percepción social de inseguridad. “Ola de violencia”, la denominan los panistas, causada definitivamente por la todavía débil prevención de los delitos a través de la estrategia del Mando Unico, que involucra a las 33 policías municipales.
4.- Sin embargo, me parece oportunista y hasta perverso por parte de Acción Nacional el establecer comparaciones entre la tendencia delictiva de 2014 y estadísticas de 2012. Tal vez perniciosamente no lo hicieron con relación a 2013 y así consiguieron porcentajes para aderezar (ayer) el discurso político. En fin. Pero la realidad de la incidencia delictiva actualizada la semana anterior por el SNSP con los datos que mes a mes le entrega la Fiscalía General de Morelos, confirma que los robos en algunas de sus modalidades son el verdadero flagelo de nuestra entidad. Ya no son el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, ni los homicidios dolosos. No. Me estoy refiriendo a hechos delictivos que laceran terriblemente a la sociedad local, pues los criminales la despojan de sus bienes, muchas veces conseguidos a base de sacrificios. Es ahí donde ahora deben enfocarse todos los esfuerzos de las institucionales estatales y locales de seguridad, desde luego respaldadas por la investigación de la Fiscalía General, pues es indudable que los delitos patrimoniales se mantienen igual o se incrementan a través de redes de complicidades entre policías corruptos y células delincuenciales, pero también debido a la impunidad aún prevaleciente en esa institución. Observen ustedes los siguientes datos.
5.- En 2013, entre enero y mayo, hubo 8 mil 977 robos, mientras que durante los pasados cinco meses de 2014 la cifra bajó a 8 mil 178. Me parece que la reducción ha sido mínima. De dicha cantidad y en el mismo lapso de 2013 se presentaron 3 mil 270 robos con violencia, mientras que en 2014 la cantidad se redujo a 3 mil 171. Tampoco veo gran diferencia. En 2013 para estas fechas se tenían registrados 191 robos a casa habitación, mientras que en 2014 van 120. Hubo un decremento. Empero, a continuación mencionaré algo por demás preocupante, pues se trata del robo a negocios: de enero a mayo de 2013 fueron 405, mientras que en 2014 la cantidad subió a 531. Y el año pasado, de enero a mayo, hubo 745 robos de vehículo, mientras que en 2014 la cifra va en 528. Conclusión: el PAN dice verdades a medias. Sin embargo, tiene razón cuando señala la deficiencia tocante a la prevención del delito. Así surge la percepción de inseguridad, pues nadie escapa ante el riesgo de ser asaltado. Insisto: a nadie le agrada que le peguen en el bolsillo o roben sus pertenencias, lo cual causa en los ciudadanos una obvia reacción virulenta hacia el gobierno. Cuidado. El PAN ya encontró cómo golpear… de nuevo.
6.- El Mando Único Policial asumió ayer el control de la seguridad en Ayala, tras un acuerdo del gobierno estatal mediante el comisionado Alberto Capella Ibarra y el presidente municipal José Manuel Tablas Pimentel, que hasta hace unos días se oponía a la entrada de esa policía estatal pero finalmente dobló las manos. Con Ayala suman 22 los municipios donde ha entrado el Mando Único, mismo que tiene ahora bajo su resguardo la seguridad del 90 por ciento de los habitantes. En Ayala la situación en materia de inseguridad pública es grave y la propia policía municipal podría tener responsabilidad más allá de la ineptitud de sus elementos, pues de acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad un 40 por ciento de los agentes del orden –es un decir- no han acreditado los exámenes de control de confianza. Además, el hampa ha sembrado un clima de terror y ha tocado hasta a las familias más conocidas como la de los Pimentel, que hoy tienen como alcalde a uno de los suyos, y a otro como diputado local: Isaac Pimentel Rivas.
7.- Pese a que el vicepresidente del Congreso, Mario Arturo Arizmendi convocó a sesión ordinaria para el día 9 de julio, los coordinadores parlamentarios agrupados en la Junta Política y de Gobierno le habrían hecho cambiar de opinión para que el pleno legislativo sesione este miércoles 2 de los corrientes, con el ánimo de no dar ante la sociedad la imagen de que actúan con negligencia al descansar esta semana pese al rezago legislativo que enfrentan. La decisión se habría forzado desde Palacio de Gobierno en razón del interés por empujar la aprobación de créditos y refinanciamientos a favor de diversos municipios que en base a este beneficio habrían accedido a facilitar al gobierno la aprobación de la reforma electoral por parte del Constituyente Permanente. Por ello el secretario de Gobierno estatal, Jorge Messeguer Guillén, encabezó al grupo de munícipes que acudió ayer a la Casa Cataluña del Congreso para reunirse con legisladores de todos los partidos y clamar por la autorización de recursos frescos que sean un salvavidas.
8.- También por ello el PRD se pronunció a través de su coordinadora, Lucía Meza Guzmán, a favor de subir al pleno nueve dictámenes de créditos y refinanciamientos para que en todo caso cada legislador o cada bancada asuma su responsabilidad y vote a favor o en contra de la autorización, sin excusarse en posiciones de grupo o en intereses políticos; es decir, que se vote y se aclare quién o quienes están deteniendo, por ejemplo, la llegada de recursos para servicios públicos en Cuernavaca. Pero la capital con los 755 millones que pretende no es el único municipio que quiere dinero. También se encuentran otras demarcaciones, como Cuautla, Jiutepec, Tlaltizapán, Tlayacapan, Coatlán del Río y Zacatepec, cuyo alcalde Andón Toledo carga con dos órdenes de aprehensión por asuntos de laudos inejecutados, lo mismo que Julio Espín Navarrete, de Puente de Ixtla. Por lo pronto el PRD pregona que está a favor de los créditos y tiene de su lado al resto de las izquierdas, mientras la bancada panista no asume una posición clara y el PRI mantiene una división producto de la lucha de los dos bandos que la integran desde el inicio de la legislatura. La urgencia de quienes están a favor de los créditos tiene que ver con que se acerca el fin del periodo ordinario, el 15 de julio. A ver.