Para este efecto también garantizará la conservación del patrimonio natural del Estado, la protección del ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico a que tienen derecho los habitantes del Estado. Y conforme al artículo 120 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, todos los vehículos automotores en circulación registrados deben ser sometidos a la verificación vehicular obligatoria de emisiones contaminantes en los Centros de Verificación Vehicular autorizados por el Gobierno del Estado. Como muchas otras cosas irregulares detectadas por la administración actual, la Secretaría de Sustentabilidad y Medio Ambiente, a cargo de Topiltzin Contreras, encontró incontables hechos de corrupción en los famosos verificentros, incluyendo los operados directamente por la Canacintra.
2.- Muchos centros de verificación fueron autorizados por la tristemente célebre Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (hoy extinta) a cualquier persona sin que tuvieran el mínimo conocimiento sobre la materia. La revisión sirve, pues, para mantener una excelente fuente de ingresos, mientras la degradación ambiental continúa. Algunos de los establecimientos han servido para expedir los hologramas al mayoreo. Es decir: llegan los representantes de empresas que poseen un considerable parque vehicular, entregan la documentación sin necesidad de exhibir las unidades ni pasar las pruebas y… asunto concluido. Pagan lo que deben erogar, según las reglas oficiales. Y nos vemos hasta el año siguiente.
3.- El asunto de la verificación vehicular estaba contenido en el Acuerdo Hacendario firmado el 1 de mayo de 2013 por el gobierno estatal y los 33 presidentes municipales (de hecho se encuentra en la Ley de Hacienda del Gobierno del Estado). Se suponía que los ayuntamientos se llevarían el 80 por ciento y el gobierno estatal el 20 por ciento restante de multas aplicadas, mismas que se retomarán a partir del 15 del presente mes, según anunció ayer el gobernador Graco Ramírez quien, por otro lado, señaló que habrá “tolerancia cero” en contra de verificentros corruptos. La nueva estrategia tiene relación con el acuerdo asumido a mediados de junio por los gobernadores de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Distrito Federal, a fin de homologar las normas ambientales de la megalópolis de la zona centro de la República Mexicana. Lo he dicho siempre: la ciudadanía tiene, a veces, disponibilidad pero no disposición de pago debido a la corrupción en la administración pública. A ver.
4.- Vinicio Limón Rivera, el sempiterno dirigente de la CTM-Morelos, se refirió a la inminente elección de dirigentes estatales del PRI y a las posibilidades reales de ciertos personajes para participar. Así opinó: Lisbeth Hernández Lecona no garantiza el trabajo de tiempo completo; Ricardo Dorantes Sanmartín podría contender si algún día cambian los estatutos del PRI, pues está impedido tras haber militado en el PRD; y Víctor Rubio Herrera dicen sus amigos que tiene presencia y fuerza, pero la “máxima” decisión provendrá del CEN. A la lista anterior yo agregaría al diputado Matías Nazario Morales y al ex diputado David Salazar Guerrero, ambos de la corriente de Amado Orihuela Trejo. Empero, Nazario Morales también aspira a ser candidato a presidente municipal de Cuernavaca. No cesa su activismo en esta capital, acudiendo un día sí y otro también a promover reparaciones a planteles escolares.
5.- El control del Congreso para el próximo año fue el tema central del cabildeo de los diputados durante su jornada de ayer, debido a que la definición de los nombres de los próximos presidentes de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva debe darse antes del 15 de julio, es decir el martes de la próxima semana. Por la tarde los acuerdos apuntaban a que el PAN presidiría la Junta Política a través, por supuesto, de su coordinador de bancada, Javier Bolaños Aguilar, mientras que en la Mesa Directiva habría un inédito reparto del poder entre el PRD y el PRI para que cada grupo parlamentario ocupe la presidencia durante seis meses del último año legislativo. Trascendió que por el PRD sería la diputada Lucía Meza Guzmán la presidenta de la mesa directiva y por el PRI lo sería Isaac Pimentel Rivas, aunque faltaba definir a quién le correspondería el primer turno. Otro acuerdo fruto de estas negociaciones es la rotación de la presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que podría recaer en el priista José Manuel Agüero, luego de que el primer año estuvo en manos del PVEM a través de Ángel García Yáñez y actualmente la controla el PAN por medio de Mario Arizmendi Santaolaya.
6.- Por cierto que el diputado Arizmendi Santaolaya reveló que hasta la tarde de ayer tenía ya listos los dictámenes de 13 municipios para que sean presentados a votación en la sesión ordinaria de mañana. Faltaba completar los documentos de las solicitudes hechas por los ayuntamientos de Puente de Ixtla y Xochitepec, a los cuales se les otorgó inicialmente como plazo el viernes anterior y no atendieron al llamado de los legisladores, por lo que les dieron una nueva prórroga que vencía la tarde de ayer. Está claro que a los alcaldes Julio Espín Navarrete y Rodolfo Tapia López sí les interesa obtener sus créditos, pero se desconocen las razones por las que han incumplido con su documentación. En el caso del edil ixtleco, tan quiere los recursos que se prepara para asistir al Congreso con un grupo de trabajadores municipales enojados con los diputados porque los consideran los culpables de que el municipio no tenga dinero y por tanto no se les haya pagado su sueldo. Este grupo hará difícil la sesión de mañana.
7.- Uno de los problemas económicos centrales de los alcaldes está relacionado con las deudas por concepto de laudos laborales que les fueron heredados, lo que se complicó con la decisión de la actual legislatura de retirarles el fuero constitucional. Por eso en Emiliano Zapata todo el cabildo fue sancionado y en Zacatepec el alcalde anda a salto de mata. Los diputados han intentado intervenir en el caso con soluciones diversas, una de ellas la asignación de recursos para laudos por más de 120 millones de pesos que propuso hace poco el panista Javier Bolaños –de una partida gubernamental que deberá reorientar el Ejecutivo-, y otra la reforma a la Ley del Servicio Civil en su artículo 124 para que los alcaldes no sean destituidos por asuntos administrativos no correspondientes a su periodo. El dictamen de esta última reforma será subido al pleno mañana, según reveló su iniciador, el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.