Y si fue el chantaje del Constituyente Permanente el que hizo la magia para que este miércoles los diputados voten para aprobar o rechazar esos empréstitos, en los casos de 14 municipios que ya se encuentran enlistados en el orden del día de la sesión ordinaria que los legisladores celebrarán hoy, y sobre la cual el presidente de la Junta Política y coordinador de los priístas, Isaac Pimentel Rivas, dejó en claro ayer que no todos tienen asegurada la autorización, pues al menos su grupo parlamentario, del que es coordinador, no apoyará a municipios que no pretendan destinar el dinero para obra pública.
2.- Durante una reunión matutina que celebró con reporteros, dijo que el ideal de los diputados es que los recursos se apliquen como en el caso de Tlayacapan, cuyo alcalde, Paulino Amaro Meza, ha pedido un crédito de nueve millones de pesos para impulsar un proyecto de 27 millones de pesos, que es la construcción de un nuevo mercado municipal donde concurrirán los recursos del endeudamiento, más otra cantidad igual de la Federación y una más del Estado. La bancada priista que lidera Pimentel tiene siete votos y generalmente actúa en bloque con los sufragios del independiente Manuel Martínez Garrigós, el pesedista Roberto Yáñez Moreno y los del cuarteto panista: Javier Bolaños, Erika Cortés, Amelia Marín y Mario Arizmendi Santaolaya. Sin embargo, creo que los diputados se han excedido en sus facultades. Desglosemos.
3.- Hace más de un año, el 3 de julio de 2013, cuando el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu promovía entre los grupos parlamentarios del Congreso la aceptación del Acuerdo Hacendario firmado el 1 de mayo del mismo año por el Poder Ejecutivo y los 33 presidentes municipales, escribí que los ínclitos legisladores no estaban otorgando ninguna graciosa concesión a los alcaldes, quienes tenían el legítimo derecho de solicitar, previa aprobación de sus cabildos, créditos para obra pública y el refinanciamiento de deudas contraídas por administraciones anteriores. Me basé en lo siguiente. Efectivamente, el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción VIII, indica que los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. El artículo 40 de la Constitución Política local, fracción X, indica que en materia de deuda pública los diputados tienen la obligación de autorizar, pero en su caso rechazar la contratación de empréstitos o créditos a los alcaldes.
4.- En concordancia con lo anterior, la Ley de Deuda Pública de Morelos, en su artículo tres, señala que la deuda pública municipal es la que contraigan los ayuntamientos como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública para-municipal a su cargo. La fracción XXI agrega en torno al concepto de inversiones públicas productivas (previsto por la Carta Magna): “Las destinadas a la ejecución de obras públicas, a la adquisición o manufactura de bienes, a la prestación de servicios públicos, al mejoramiento de las condiciones, estructura o perfil de la deuda pública vigente o de la que se pretenda contraer o a cualquier otra finalidad de interés público o social, siempre que en forma directa o indirecta, inmediata o mediata, generen un incremento en los ingresos de las entidades”. Y la fracción XXIII de la misma Ley de Deuda Pública de Morelos contempla (como un mentís a los legisladores) las operaciones de refinanciamiento, es decir los empréstitos o créditos que se celebren por las entidades, bajo cualquier modalidad, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, substituyendo o novando las obligaciones del financiamiento original, por uno o varios nuevos financiamientos con el mismo o con diferente acreedor. Conclusión: los diputados se han burlado de los alcaldes durante más de un año. Los tomaron como patiños.
5.- Cambiemos de frecuencia. Este día el Congreso vivirá primero una sesión solemne en la que será entregado el Premio “Antonio Díaz Soto y Gama” a profesionales del derecho en el marco del Día del Abogado que se celebra el 12 de julio. Posteriormente se realizará la sesión ordinaria que contempla unos 120 distintos asuntos, de los cuales la mitad serán iniciativas y en su mayor parte presentadas por el diputado Javier Bolaños Aguilar, quien propone reformas a la Constitución Política del Estado y las leyes de ingresos de los municipios, a fin de establecer la gratuidad en el trámite de las actas de defunción, lo que parece ser un último beneficio justo que merecería cualquier ser humano y que se empata con la reciente iniciativa de la diputada Rosalina Mazari para que sea gratuito también el registro de nacimiento. Aparecen en el orden del día los 14 dictámenes sobre créditos y refinanciamientos y una enorme lista de dictámenes sobre ¡120! pensiones y jubilaciones a los que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social busca darles salida antes de que concluya el periodo ordinario, entre los nombres destaca el del exdiputado federal y local, y hasta hace poco polémico representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, el panista Jesús Antonio Tallabs Ortega.
6.- Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD se reunieron el lunes en Casa Morelos con el gobernador Graco Ramírez. La reunión derivó de la desconfianza de los priistas que están dispuestos a aceptar que la titularidad de la Mesa Directiva se divida entre el PRD y el PRI durante el próximo año, pero requieren de que tal compromiso sea aceptado de manera directa por el jefe máximo de los del sol azteca. Y parece que esos acuerdos se trajeron de la reunión: PAN a la Junta Política y PRD-PRI a la Mesa Directiva, aunque Bolaños reveló que hasta media tarde no había pactos definitivos y la bancada del PRD tenía prevista una reunión con el gobernador para determinar quién iría, en su caso, a la presidencia de la Mesa Directiva y quién asumiría la coordinación del grupo parlamentario perredista. A ver.