Es decir, haz dinero cuando tengas la oportunidad aunque en ese momento no lo necesites. La previsión, ese bien tan escaso en México, era su guía. Y si se le apurara diría que tampoco era deshonestidad sino el justo sobresueldo de una vida de horas extras dedicada a mirar por el bien de la patria. Por lo demás asumía que la tesorería gubernamental, el territorio que gobernaba, las vidas mismas de los ciudadanos que no pocas veces llegó a segar, le pertenecían. Eran los tiempos dorados del Patrimonialismo”.
2.- En torno al segundo tipo de políticos reflexiona Agustín Basave: “El de ahora imagina que la frontera entre lo público y lo privado es nómada y que la generación de riqueza es siempre buena para el país, empezando por la suya. Y claro, antes y después del retiro hay que hacerse temer y hay que grillar a diestra y siniestra, grillarse a sus enemigos, a sus adversarios, a sus aliados y hasta a sí mismo. Y la intimidación y la grilla cuestan. Sin embargo, el corrupto legal se asegura de validar en el orden jurídico sus fechorías y sus recursos mal habidos para que sus malquerientes no puedan cobrarle facturas. Estamos hablando del campeón de la deshonestidad con estricto apego a derecho. De modo que el discurso legalista no siempre es hipócrita: a veces es simplemente desvergonzado”. Hasta aquí las referencias al doctor Basave.
3.- La obra me sirve como preámbulo para documentar la conducta recurrente de la mayoría de quienes integran la LII Legislatura de Morelos, es decir, el Congreso local. Son hombres y mujeres que se “esfuerzan” por proyectar honestidad, moral pública, ética, profesionalismo y objetividad, lo cual pudieran cumplir –hasta cierto punto- quienes constituyen las honrosas excepciones. Pero, a juzgar por lo acontecido desde el 1 de septiembre de 2012 (cuando comenzó esta Legislatura) hasta la fecha, no podemos más que confirmar la regla: el Congreso sigue convertido en una cofradía donde predomina el lenguaje de madriguera. En términos más comprensibles para el ciudadano común, lo anterior significa que nuestros diputados suelen practicar, cada uno con su peculiar estilo, el tráfico de influencias. Se adaptan a los políticos de ayer y hoy descritos magistralmente por Agustín Basave.
4.- Hoy no citaré ningún artículo de la legislación penal de Morelos relativo al tráfico de influencias, pero sí el artículo 221 del Código Penal Federal, en el cual se basa la normatividad local y que a la letra dice: “Comete el delito de tráfico de influencia el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión; cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior; el servidor público que por sí o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código”. La sanción es de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo vigente en el DF, así como destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
5.- Hoy es moda cuestionar el comportamiento de nuestros ínclitos diputados locales que, desde la LII Legislatura, están repitiendo los antiguos vicios del legislador mexicano. El tráfico de influencias es uno de ellos. Y aunque es imprescindible legislar en Morelos sobre este delito cuando sea cometido por miembros del Congreso local, mucho me temo que esto no sucederá, pues hacerlo sería suicida para los miembros de todos los grupos parlamentarios. No obstante, con ello evitarían el desencanto de los ciudadanos y se daría un mayor acercamiento entre estos seudo representantes sociales y la gente. Me parece que llegó el momento de fijar límites al poder de que disponen los diputados locales: establecer un régimen de incompatibilidades y definir el conflicto de intereses frente a la función legislativa. Además debe sancionarse con mayor severidad el uso indebido de la función pública respecto al manoseo de los recursos públicos. Para los legisladores debería ser objetivo fundamental que la población deje de mirarlos como seres de excepción que pueden hacer cualquier cosa sin rendir cuentas. Lamentablemente, la constante es repetir los excesos y vicios del pasado. El problema, también de fondo, es que las facultades constitucionales de los diputados son excesivas permitiéndoles cumplir a cabalidad lo que indica Agustín Basave: “Los diputados son campeones de la deshonestidad con estricto apego a derecho”. ¡Y cómo grillan!
6.- Gracias a los preceptos establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, los diputados siempre se despachan con la cuchara grande. Son espléndidos entre sus bancadas parlamentarias y con sus partidos políticos para el pago de facturas políticas y la asignación de cargos como si el Congreso fuera una gigantesca agencia de colocaciones. Entre otras cosas los multicitados personajes pueden designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, al consejero presidente y consejeros electorales del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales, al Fiscal General del Estado (este último de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo), a la persona que represente al Estado ante la Suprema Corte de Justicia cuando se suscite alguna controversia con otro Estado o con la Nación, a los consejeros propietarios y suplentes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) previa consulta pública, y al Auditor Superior de Fiscalización, dentro de una institución destinada a concentrar información que en determinado momento y en ciertas manos sirve para las venganzas políticas, etcétera. ¿Alguna diferencia entre los políticos corruptos de antes y los de hoy? No observo ninguna, excepto que los actuales se cuidan de la conocida tonada: “Que no quede huella”. En un entrego posterior me referiré a los pocos que se salvan.