Algunos de los datos son conocidos en Morelos, donde el grupo criminal aludido operó libremente gracias al cobijo que le otorgaron instituciones de los tres órdenes de gobierno otrora a cargo de la seguridad durante el sexenio del panista Marco Adame Castillo. “¿Quiénes son Los Guerreros Unidos?”, se titula el trabajo. Y responde de la siguiente manera: “Los Guerreros Unidos, el grupo acusado de atacar -junto con policías municipales cooptados- a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, es una de las pequeñas asociaciones criminales surgidas del debilitamiento de los grandes cárteles que están sembrando el terror entre la población con secuestros y extorsiones. Son básicamente sicarios de entre 16 y 25 años, remanentes de otros grandes cárteles, que mantienen sus armas y conocen el modus operandi del crimen organizado”.
2.- CNN entrevistó a Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de la UNAM, quien añadió que la extorsión y el secuestro son delitos preferentes de este “mini” cártel, que opera en el norte de la región de Guerrero, el sur de Morelos y parte del Estado de México. Sin embargo, “las autoridades también les atribuyen presencia en el mercado de tráfico de drogas mexicano y estadounidense”. “Los Guerreros Unidos se dedican al narcotráfico, particularmente de amapola y marihuana, hacia los Estados Unidos. Esta banda era la principal proveedora de droga para el mercado de Chicago”, destacó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, en un encuentro con prensa extranjera. Esta organización empezó a cobrar fuerza en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, golpeado por el abatimiento en 2009 de su líder, Arturo, apodado “El jefe de jefes”, y la captura al año siguiente de sus importantes operadores “La Barbie” y “El Indio”. Todos tuvieron vínculos con corporaciones y políticos de Morelos.
3.- Añadió CNN aludiendo a Rubido: “Tras la detención en mayo de Mario Casarrubias (alias ‘El Sapo Guapo’), ex miembro de seguridad de los Beltrán Leyva y presunto fundador de Guerreros Unidos, el grupo se quedó sin un jefe claro y su actividad está fragmentada. Empero, el gobierno de Guerrero atribuyó el liderazgo a un criminal del que solo se conoce el apodo de ‘El Chucky’”. La nota describe a continuación el poder de infiltración de Los Guerreros Unidos entre autoridades locales, cuyo avance se ha debido a los golpes propinados a la banda de “Los Rojos”, organización con la que se disputaban el control de Guerrero y la parte sur de Morelos. Conclusión: lo que ocurre hoy en Iguala y otras regiones guerrerenses no solo se gestó en la vecina entidad, sino también en Morelos, gracias al manto protector de un gobierno cuyo principal exponente ocupa ahora un cargo relevante en la estructura del Partido Acción Nacional. Y las células delincuenciales que todavía operan en nuestra entidad son derivaciones de lo mismo. En fin.
4.- Cambiemos de frecuencia. No podía ser de otra manera. Al igual que ocurre en todos los foros legislativos nacionales y por parte de los actores políticos de todos los partidos, el Congreso morelense tuvo que condenar los hechos de sangre y miseria humana que han cimbrado al país con epicentro en el municipio guerrerense de Iguala. De forma unánime los legisladores avalaron la emisión de un punto de acuerdo que condena la violencia y de manera específica pide la localización del morelense José Luis Luna Torres, el oriundo de Amilcingo que es estudiante de la escuela normal de Ayotzinapa y está desaparecido con otros 42 de sus compañeros. La propuesta del acuerdo que avalaron los diputados fue impulsada por todos los coordinadores parlamentarios y la presentó personalmente la perredista Lucía Meza Guzmán. Otro perredista, David Martínez, fue de quienes hicieron uso de la tribuna para condenar los hechos. Pero el papel protagónico de los del Sol Azteca no logró borrar de la mente el hecho de que fue el promotor de las autoridades a quienes hoy se responsabiliza del baño de sangre.
5.- Abogados de Cuernavaca y de la región oriente de la entidad se presentaron ayer en el Congreso para reclamar las renuncias del secretario de Gobierno, el comisionado de Seguridad Pública y el fiscal General del Estado. Dijeron ir sin un liderazgo definido y entre ellos aparecieron personajes conocidos, como Juan Juárez Rivas, Marco Antonio Salgado Gama y Rafael Cepeda Aguilar. Se plantaron en la zona de curules del recinto parlamentario, frente a los lugares que ocupan los secretarios de la mesa directiva, y el comentario general fue de “ya tomaron la tribuna”. Pero no, iban enojados pero razonables y se retiraron tras exponer su queja porque el clima de violencia ya le ha costado 12 muertos al gremio de los abogados y porque algunos de ellos se dicen perseguidos por “el sistema”. Platicaron con el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Matías Nazario Morales, quien se comprometió a que esa comisión sesionará el viernes para atenderlos.
6.- A decir de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante de la Comisión de Educación y maestra de profesión, las reformas que ayer aprobaron los diputados con relación al manejo de los recursos destinados a las escuelas de educación básica como resultado de la ley para erradicar las cuotas escolares, son un voto de confianza que los legisladores les dan a los maestros y padres de familia. Las reformas fueron propuestas por el presidente de la comisión, el petista Alfonso Miranda Gallegos, y pretenden que para los padres sea más sencillo el manejo de esos recursos, para los que ya no estarán obligados a abrir una cuenta bancaria –hay comunidades alejadas de los bancos y padres para los que es muy difícil su manejo- y podrán decidir con mayor libertad en qué los aplican. Sin embargo, otra innovación es que se sancionará de acuerdo a la legislación penal, a quienes hagan mal uso de dinero.
7.- El gobierno graquista tendrá al aún alcalde de Tlaltizapán, Matías Quiroz Medina, y a la diputada presidenta del Congreso, Lucía Meza Guzmán, como sus principales operadores para sacar adelante la negociación del Presupuesto 2015. El objetivo de ambos funcionarios sería alcanzar acuerdos no sólo firmes y eficaces, sino también rápidos, y si nos alcanza el romanticismo diríamos que a favor de la sociedad. En ese propósito uno de los primeros planteamientos para el análisis de la propuesta que el gobernador Graco Ramírez envió el 1 de octubre pasado, es que lejos de montar un circo mediático como ocurrió el año anterior, cuando numerosos funcionarios fueron llamados por los diputados a una pasarela para hablar de los números del presupuesto, esta vez vayan exclusivamente secretarios clave como Adriana Flores Garza y Patricia Izquierdo Medina, responsables de Hacienda y de Obras Públicas, respectivamente. La meta es que unos y otros, es decir diputados y gobernador, queden satisfechos con la negociación y que ésta se logre antes del 15 de diciembre, fecha límite marcada por la Constitución para aprobar el presupuesto.