Y hoy volveré a hacerlo, pues el asunto acaba de ser aludido por el presidente Enrique Peña Nieto con respecto de ciertas regiones mexicanas, verbigracia Guerrero. Como opositor a los regímenes de Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo (la era panista del 2000 al 2012), Graco tenía conocimiento sobre la atrofia prevaleciente en el complicado tema de la seguridad pública, pero me parece que nunca imaginó la magnitud de la problemática a enfrentar, una vez ungido como gobernador. Hoy en día su principal vulnerabilidad sigue siendo el descontrol de la violencia sobre un contexto social donde las dos entidades públicas responsabilizadas de combatir al crimen organizado siguen presentando síntomas de debilidad. Me refiero a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (antes Secretaría de Seguridad Pública).
2.- El ahora fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, al tomar posesión el 18 de enero de 2013, encontró una institución desmantelada, sobre todo en torno a la investigación de delitos de alto impacto. Halló la unidad antisecuestros destruida, entre otros graves conflictos. Y Alberto Capella Ibarra, al hacerse cargo el 6 de enero de 2014 de la otrora Secretaría de Seguridad Pública, se topó con una policía preventiva estatal infiltrada por bandas criminales, lo cual se repetía en la mayoría de corporaciones municipales, de las cuales 23 ahora forman parte del Mando Único policial. Cómo habrá estado la debilidad institucional en Morelos que a comienzos de 2010 era un secreto a voces el pacto entre jefes policíacos estatales y capos del narcotráfico bajo el siguiente tenor: 1) Tú, autoridad, nos dejas vivir tranquilos en territorio morelense sin ser molestados; y 2) A cambio, nosotros “coadyuvamos” en la eliminación de criminales dedicados a delitos de alto impacto, sin que tengan relación con la comercialización de drogas. Y fue así como la sociedad morelense constató, entre 2009 y 2012, la frecuente aparición de cadáveres de presuntos secuestradores, extorsionadores, asaltantes y violadores, mientras paralelamente asomaban mensajes con datos precisos sobre los supuestos delitos cometidos por quienes sucumbieron a manos de grupos de exterminio que, en el mejor de los casos, nos recordaron a las “favelas” brasileñas.
3.- Conclusión: a estas alturas de la incidencia delictiva nacional y estatal nadie ignora que la precariedad del estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coludieron para configurar el complejo paisaje de la corrupción en México y Morelos. Por eso ha sido muy difícil controlar la situación. Al menos durante las dos décadas anteriores, el catalizador de los procesos fue sin duda el crecimiento de la economía criminal, sobre todo la inherente al narcotráfico. Charles Tilly (Chicago, 27 de mayo de 1929 – Nueva York, 29 de abril de 2008), brillante sociólogo e historiador norteamericano, consideraba que el Estado tiene cuatro responsabilidades fundamentales: 1. Hacer la guerra para eliminar o neutralizar a posibles competidores, es decir, otros Estados que quieran apoderarse del territorio nacional. 2. Eliminar o neutralizar a posibles rivales que se encuentran dentro de su territorio; por ejemplo grupos subversivos que aspiran a tomar el control del Estado. 3. Proteger a la población eliminando o neutralizando a sus enemigos. 4. Extraer tributos para tener los medios para llevar a cabo las tres primeras tareas coercitivas. El Estado mexicano ha cumplido, de alguna forma u otra, con la primera, la segunda y la cuarta, pero no con la tercera, pues existen muchas evidencias de que no opera eficazmente a favor de los ciudadanos, no los protege. Esto es debilidad institucional. A ver.
4.- Cambiemos de frecuencia. El diputado Juan Ángel Flores le puso el cascabel al gato la noche del miércoles al proponer, en la recta final de la sesión del congreso morelense, que el fiscal Rodrigo Dorantes indague cualquier sospecha que pese contra cualquier funcionario público estatal o municipal, en cuanto a que tenga nexos con el crimen organizado. También, que los partidos políticos en general se hagan responsables de la honradez y probidad de aquellos militantes o ciudadanos independientes a quienes vayan a postular como candidatos a las próximas elecciones locales. Fue un punto de acuerdo cuya votación quedó pendiente debido a la escasa presencia de legisladores, pero que seguramente en breve se pondrá a consideración de la asamblea y además de ser aprobado por unanimidad –nadie puede rechazarlo porque es de sentido común-, seguramente será previamente discutido con interés particularmente por la bancada perredista a la que pertenece el propio Juan Ángel, a la que le urge combatir la idea de que el PRD protege delincuentes, surgida a raíz de los acontecimientos con los normalistas de Ayotzinapa, que de hecho motivaron la propuesta del representante de Jojutla y Tlaquiltenango.
5.- Los diputados sorprendieron con una sesión particularmente activa que redundó cerca de ocho horas de trabajo y en el tratamiento de alrededor de un centenar de asuntos. Uno de ellos fue el que subió el priísta Isaac Pimentel para poner orden en el manejo que los gobiernos hacen de los créditos cuya contratación les es autorizada por el Congreso. Resulta que hasta la fecha los diputados son requeridos para dar su aprobación a los empréstitos que reclama el gobierno estatal, los gobiernos municipales y los organismos descentralizados, pero una vez con el permiso en la mano, las autoridades se olvidan de los legisladores y de que deben rendir cuentas a la sociedad. Por ello el ayalense Pimentel Rivas plantea anexar un texto a la Ley de Deuda Pública, por el que se obligue a las autoridades a que, en los primeros tres meses a partir de que se les autorice un crédito, con quién lo contrataron, cuánto y en qué plazos lo pagarán, para que lo usarán y todos los detalles del asunto. A ver.
6.- Para iniciar la negociación del presupuesto gubernamental, los representantes del Ejecutivo deberán resolver como primera tarea la inconformidad que existe entre los diputados, particularmente de oposición, ante la idea de que los manejos financieros de la administración estatal no han sido los adecuados y ésta se encuentra ante una falta de liquidez inexplicable. Tal idea se da al menos en los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN, las principales opositoras al gobierno perredista, pues el primero de ellos ha hecho circular esta semana su queja porque recientemente obtuvo un rotundo no, de parte del subsecretario Jorge Michel Luna, cuando acudió a la Secretaría Hacienda con la intención de gestionar recursos para obra pública. En tanto, su homólogo panista hace correr la sospecha de que en el Ejecutivo ya gastaron los 500 millones de pesos que los diputados etiquetaron para la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo, y de tal obra no hay edificio a la vista mientras que el terreno donde se construiría está siendo objeto de señalamientos a causa de una presunta compra irregular. Con ese ambiente adverso, a los negociadores del presupuesto no les esperan precisamente reuniones cálidas y amables.