La pregunta que flota en el ambiente se refiere a si los motivos del cambio de personal tienen que ver estrictamente con la estrategia electoral del perredismo graquista o a la par hay alguna intención de beneficiar la operatividad gubernamental y sus resultados. Se van Messeguer y Jaime Álvarez, secretario de Turismo, y ambos lo hacen en busca de candidaturas. Como ello se irán otros con el mismo propósito y de no haber otras remociones sin ese interés electorero, podrá decirse que la mudanza de cargos fue ajena a cualquier ejercicio de autocrítica. Más debemos esperar el anuncio gubernamental que se espera al mediodía de hoy sobre los cambios en el gabinete, para tener claro el panorama que ofrece la visión Morelos.
2.- El fin de semana anterior tuvo lugar en Tlaltizapán la asunción de María Cruz Bastida Muñoz como relevo del alcalde Matías Quiroz Medina, quien hoy asumirá el cargo de secretario de Gobierno en la administración estatal sustituyendo a Jorge Messeguer Guillén. El Cabildo de dicha localidad aceptó la solicitud de licencia del también ex diputado local perredista, a quien le espera una intensa actividad de reconciliación entre el gobierno de Morelos y todas las fuerzas políticas. Se espera que a la toma de posesión de Quiroz Medina asistan los ocho coordinadores de grupos parlamentarios adscritos al Congreso local, así como un número importante de presidentes municipales, lo cual podría transmitir un mensaje importante a la clase política de esta entidad: la necesidad de coexistir pacíficamente y dejar atrás dos años de acalorados enfrentamientos, para lo cual, desde luego, se necesitará un profundo cambio de actitudes en los más altos planos de la vida pública local. El gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu está a tiempo de hacer un viraje en la conducción del Poder Ejecutivo.
3.- El arribo de Matías Quiroz Medina a la Secretaría de Gobierno, con el carácter que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (ser coordinador del gabinete graquista), me hace recordar lo ocurrido el domingo primero de marzo de 1998 durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea. El actual mandatario de Morelos fue uno de los principales promotores de la caída del general Carrillo y testigo relevante sobre lo ocurrido aquel fin de semana. Carrillo realizó 17 cambios en el gabinete legal y el ampliado, destacando el nombramiento del notario público Hugo Salgado Castañeda como relevo de Jorge Morales Barud, quien se fue a presidir el PRI estatal. Asimismo, David Fonseca Cardona reemplazó a Úrsula Oswald en la Secretaría de Desarrollo Ambiental, y Arturo Estrada Carrillo sustituyó a Fernando Blumenkron como procurador general de Justicia. Blumenkron (vejado hace unos días por la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General), había suplido a Carlos Peredo Merlo en la PGJ, contra quien la PGR dictó arraigo domiciliario por sus nexos con bandas de secuestradores. Allá y entonces, la mayoría de plagios fue perpetrada desde ámbitos adscritos a la Procuraduría. Los demás cambios se dieron en mandos inferiores, pero destacó el de José Luis Urióstegui Salgado como subsecretario de Gobierno.
4.- Infortunadamente para Carrillo Olea aquel escenario duró poco, pues las circunstancias políticas y sociales, propiciadas por la corrupción y complicidades de funcionarios estatales con el crimen organizado, no mejoraron. Con un juicio político previamente incoado por el Congreso local, el militar en retiro fue defenestrado de la gubernatura el 15 de mayo de 1998. El contexto en que llegó Hugo Salgado a la Secretaría de Gobierno se caracterizó por las altas expectativas de que las cosas mejorarían, pero esto no sucedió debido a los precedentes: cuatro años de una pésima conducción social y política, pero sobre todo cuatro largos años en que la delincuencia organizada se enquistó entre nosotros gracias al apoyo institucional. Matías Quiroz llega hoy a la Secretaría de Gobierno con dos fortalezas: su superior inmediato no tiene nexos con hampones, como sí los tuvieron varios de sus antecesores (al respecto abundan los testimonios en las hemerotecas), y el presidente de la República no desea verlo fuera de la gubernatura. Sin embargo, los nervios siguen crispados dentro de lo que yo denomino el “sistema de relaciones políticas del gobierno estatal”. Además, de Quiroz Medina dependerá la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la cual aún padece síntomas de debilidad orgánica. Y conocerá más a detalle la atrofia que todavía no se resuelve en la Fiscalía General de Justicia. A ver.
5.- Cambiemos de frecuencia. La bancada panista subió al pleno en su sesión pasada, una iniciativa que busca beneficiar a las víctimas de irregularidades administrativas, al obligar a los gobiernos locales a incluir en sus presupuestos de egresos el dinero destinado a la reparación del daño a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Es una cuña que se propone para el gobierno estatal y los municipios justo cuando acaban de entregar sus propuestas de paquete económico de 2015, aunque no en todos los casos. Hasta el 8 de octubre el Congreso había recibido las iniciativas financieras del gobierno estatal y de los municipios de Atlatlahucan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. El punto fino de la iniciativa que el PAN presentó mediante su diputada Amelia Marín, está en que no incluir recursos para cubrir el daño patrimonial sería causal de responsabilidad para los responsables del presupuesto de egreso.
6.- La reforma fiscal sigue como tema vigente entre los comerciantes de los mercados públicos de la entidad, que se oponen aún a inscribirse en el Régimen de Incorporación Fiscal y mantienen su demanda de volver al sistema de pago de una cuota única, es decir el que tenían en el desaparecido Régimen de Pequeños Contribuyentes. El tema ha merecido pronunciamientos de legisladores lo mismo en el Congreso morelense que en la Cámara de Diputados Federal, pero las autoridades hacendarias del país se oponen a recular. En el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, donde se estima que existen unos cinco mil comerciantes, rechazan la reforma porque les obliga a pagar más y a llevar registros formales de ingresos y egresos, además de presentar declaraciones periódicas. Hay presión de los locatarios a sus dirigentes para volver a las calles y buscar una contrarreforma, pero por el momento el mercado sigue en tensa calma y se prevén movilizaciones hasta inicios del año próximo, pues en unos días los fenicios entran a la intensa actividad de las ventas de fin de año.