Destaca la respuesta que le ha dado la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPC), Isabel León Trueba, quien ayer llamó al Congreso a dotar a este órgano de las herramientas jurídicas necesarias para contribuir a ese propósito de contar con candidatos de historial impoluto, y obviamente no solo porque lo haya propuesto un legislador en particular, sino porque resulta una exigencia insoslayable de los morelenses que temen a la intromisión del hampa en los comicios porque ello derivaría en narcogobiernos y en la libre actividad de los delincuentes que de por sí no se ven muy maniatados. El pronunciamiento de León Trueba se enmarcó en la sesión de ayer del IMPEPAC, en la que tomó posesión Erick Romero Benítez como nuevo secretario Ejecutivo del órgano y hubo modificaciones en el calendario electoral, en lo que hace a los tiempos de registro de los candidatos independientes. Excelente avance.
2.- En reunión del órgano político del Congreso, los coordinadores parlamentarios acordaron este lunes el formato para la próxima audiencia privada en la que los 30 legisladores recibirán al comisionado estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra. Será el martes 4 de noviembre cuando el Pleno se reúna para cuestionar y escuchar al funcionario con relación a lo que hace el gobierno de la entidad en materia de seguridad y particularmente a través del Mando Único. El formato que los legisladores han elegido tiene el propósito de hacer ágil y productiva la audiencia y evitar que se convierta en un linchamiento donde se ataque sin razón al abogado tijuanense, en un circo donde todos queden mal o en un foro político para el lucimiento de determinados personajes. La audiencia ha sido convocada formalmente por la preocupación social y de los legisladores en cuanto a la inseguridad pública y por las acusaciones de anomalías cometidas por el mando único. Por tanto, debe cumplir el objetivo de clarificar la visión de los representantes populares y generar una participación suya en mejora de la seguridad de los morelenses. Como se ha dicho desde el principio, la audiencia tendrá carácter privado pero al final los diputados ofrecerán a la prensa sus conclusiones. Tendrá verificativo en la sede legislativa de Cataluña, al norte de Cuernavaca. A ver.
3.- La región de Huitzilac lleva varias décadas siendo considerada “zona de ingobernabilidad” por autoridades federales encargadas de la preservación de nuestra riqueza silvícola. Abundan quienes continúan dedicados a la tala clandestina, al saqueo de tierra de monte, al exterminio de la fauna respectiva y a la irregular utilización y disposición de predios comunales y ejidales. Todo se inserta en actividades vinculadas al crimen organizado, que definitivamente tiene su origen en el comportamiento de quienes, desde el sector público local, se han beneficiado ampliamente. Es decir: predomina la impunidad. Desde al Ayuntamiento que preside Alfredo Mancilla se solapan infinidad de actividades irregulares, de lo cual dio cuenta hace unos días el regidor de Hacienda de esa localidad, Dimas García, quien acusó al edil y a varios concejales de algo bastante parecido a lo que ocurrió en Iguala, Guerrero. El regidor García ha indicado que a partir de su posición crítica, pero sobre todo tras haber denunciado el enriquecimiento inexplicable del alcalde Mancilla, comenzó a recibir amenazas de muerte. Los actos discrecionales del presidente municipal van desde la adquisición fraudulenta de bienes hasta el encubrimiento de células delictivas. Empero, de acuerdo a las denuncias del regidor Dimas García, el alcalde Mancilla no actúa solo, pues dentro del Cabildo ha tenido el pleno respaldo de la regidora Judith Arizmendi, quien es el verdadero poder tras el trono. ¿Se presentará en Huitzilac un escenario tan grave como en Iguala? Van para allá. Y si no, al tiempo… Por cierto, la zona de las Lagunas de Zempoala volvió a tornarse intransitable por la proliferación de secuestradores y asaltantes.
4.- En el informe de actividades que ofreció a los morelenses con motivo de los dos primeros años de su administración, el gobernador Graco Ramírez anunció la decisión de recortar en 700 millones de pesos el gasto corriente, lo que implica la reducción de la plantilla laboral. Este tema generó escozor entre empleados y algunos legisladores que saltaron de inmediato para defender los intereses de los posibles despedidos, incluso en tiempos en que nada había claro. Pero ayer se explicó que serán eliminadas 601 plazas, muchas de ellas subsecretarías, direcciones generales, direcciones de área otras similares, en lo que resta del año y como consecuencia de un trabajo de reingeniería que incluye la fusión de áreas y la desaparición de otras. En la tradicional conferencia de prensa de los lunes se puso de manifiesto que los derechos de todos los trabajadores serán respetados tal y como ha sido una premisa de la actual administración gubernamental. La idea resulta polémica porque no gusta a muchos pensar en despidos de personal, pero hay voces que también se pronuncian porque se adelgace la nómina gubernamental y se liberen recursos para destinarlos a obra social. A ver.
5.- Desconozco si es con línea de su patrón, pero el nuevo secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, está despilfarrando el capital político que le acompañó cuando fue nombrado relevo de Jorge Messeguer Guillén. A juzgar por las apariencias, Messeguer dejó destruido el sistema de relaciones que teóricamente debería existir entre el Poder Ejecutivo y un número indeterminado de actores políticos. Frente a ese escenario previo, Quiroz Medina proyecta ser ahora el apóstol de la reconciliación, pues se ha reunido con los representantes de las más importantes fuerzas políticas y con quienes, dentro de la sociedad civil organizada, poseen efecto multiplicador. Los reflectores lo iluminan como recientemente sucedió en la inauguración del festival Sabores Morelos (en el feudo de Memo León), donde medio mundo lo apapachó. Y su jornada de ayer no fue la excepción, pues se reunió con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadie Luz Lara Chávez, y los magistrados miembros del Poder Judicial. A nombre del Poder Ejecutivo, Quiroz Medina garantizó que las autoridades estatales respetarán la autonomía de los poderes, a fin de hacer reconocible la justicia como un derecho mediante el cual se consiga la paz y la justicia anheladas por los morelenses. El ex edil de Tlaltizapán ya habla como estadista. Sin embargo, en cualquier demarcación militar le dirían que no tiene la menor idea de cómo manejar la economía de fuerzas. A ver.