Con todo y la explicación que ha dado la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, en cuanto a que sería un empréstito sin intereses, los diputados aún no se convencen de las bondades de autorizar una nueva deuda por 20 años, debido a que del anterior empréstito autorizado por el Legislativo al Ejecutivo en octubre de 2013 no han logrado obtener buenas cuentas. El empréstito de dos mil 800 millones de pesos, más otro tanto similar destinado supuestamente al refinanciamiento de la deuda pública histórica, para el que los legisladores dieron permiso a la administración estatal, está siendo auditado por ellos en razón de que no se sienten satisfechos con los datos que se han puesto a su alcance con relación al destino de esos recursos. El punto principal, sin embargo, es el desconocimiento de lo concerniente a los 500 millones de pesos que van en ese paquete de dos mil 806 millones y que están específicamente etiquetados para la construcción de una nueva sede para el Legislativo, sobre la cual lo único que se sabe es que el gobierno compró un predio en condiciones que sugieren la existencia de un turbio negociazo con beneficiarios aún desconocidos. Con ese antecedente se explica la resistencia a aprobar un nuevo crédito, ahora para una nueva sede del Poder Judicial. Estaremos pendientes y luego diremos.
2.- El ex alcalde capitalino Manuel Martínez Garrigós arrastraría en su caída la imagen del partido que lo postuló a la presidencia municipal y eso provocaría un revuelto río de votos en los que pretende pescar el partido que gobierna. Esa es la línea de pensamiento que prevalece entre la bancada del PRI en el Congreso local y por ello este grupo de legisladores estarían apoyando la intención de considerar improcedente la solicitud de juicio de procedencia que presentó esta semana el fiscal Rodrigo Dorantes, y que estaría siendo apoyada por la presidencia de la Junta Política a cargo del panista Javier Bolaños, quien señaló que la petición será analizada a la luz del derecho, es decir la misma normatividad que llevó a los coordinadores parlamentarios a negar el juicio que antes el fiscal solicitó contra otro de sus compañeros, el petista Alfonso Miranda Gallegos. Es por ello que el líder de los tricolores, Juan Carlos Rivera, está acusando una campaña política orquestada desde palacio de gobierno que afecta a su partido.
3.- El tema de la delincuencia organizada y los vínculos que pueden llegar a tener quienes sean postulados a cargos de elección popular, será constante durante los comicios locales y federales que ya comienzan a calentarse. El PRD y el PRI son las principales fuerzas políticas y por tanto es destacable que ambas, a través de diversos dirigentes, se hayan manifestado por la cuidadosa designación de gente ajena a las bandas criminales. Pero, en el ánimo de garantizar que los candidatos serán ajenos a esos grupos tendríamos que partir de la convicción plena de que los actuales no lo son y que junto con ellos todas las corporaciones policiacas están libres de cualquier nexo con la delincuencia. Y tal posibilidad resulta discutible si partimos de que en los últimos tres sexenios ha habido escándalos de jefes policiacos vinculados al hampa, que las policías no se han renovado en su totalidad y que aquí siguen campeando ilícitos propios de esa delincuencia que insistimos en negar que exista. Lo único que parece cierto es que las elecciones en Morelos están destinadas a ser material de nota roja. A ver.
4.- Leo y vuelvo a leer las declaraciones emitidas este jueves por el obispo Ramón Castro, responsable de la Diócesis de Cuernavaca, y confirmo dos cosas: que el prelado es bastante voluble y que sabe cómo enviar mensajes a determinados destinatarios. Su reciente amenaza de que la alta jerarquía católica morelense podría iniciar un “paro de misas” como protesta por la “crisis de inseguridad” que padece Morelos, es más bien una llamarada de petate. Castro pretende llamar la atención del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu o del flamante secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina. Algo se le ha de ofrecer para la estructura de la Diócesis de Cuernavaca, constituida por 13 decanatos y 110 parroquias. ¿En qué me fundamento para verter tal opinión? Simple: lo hizo el año pasado y lo volvió a hacer en el presente, sacando raja con las movilizaciones de católicos en contra de la inseguridad.
5.- ¿Tiene la más alta jerarquía católica local influencia en los asuntos políticos de Morelos? La respuesta es un contundente sí. Todos los fines de semana el púlpito se impregna de las ideologías prevalecientes en los representantes eclesiales, exacerbadas por la división entre quienes escuchan un doble discurso y los simpatizantes de la teología de la liberación, doctrina aún vigente después del fallecimiento de Sergio Méndez Arceo hace dos décadas. La posición del clero morelense como factor real de poder siempre ha sido identificada y vigilada por los principales políticos. Durante las campañas electorales del 2000 observamos la forma en que los entonces candidatos a la gubernatura pidieron el apoyo, no sólo del obispado de Cuernavaca, sino de los curas encargados de extender el evangelio en los sitios más recónditos del Estado. Lo mismo fue observado por propios y extraños en la temporada preelectoral de 2012.
6.- Para las históricas elecciones de 2000 el finado Luis Reynoso determinó que la inducción al voto y al abstencionismo eran “pecados graves”, exhortando a sus feligreses a emitir un voto razonado el 2 de julio. Cada homilía del obispo Reynoso tenía un elevado componente político y crítica hacia el gobernante en turno. Inclusive se ventilaron públicamente sus intromisiones para la designación de tal o cual candidato, de cualquier partido, o la colocación de ciertos funcionarios públicos en las administraciones gubernamentales que coincidieron con su obispado. El 26 de marzo de 2002 se repitieron las formalidades entre el gobierno y el obispo en turno. El gobernador Sergio Estrada se reunió en Casa Morelos con el recién entronizado obispo de Cuernavaca, Florencio Olvera Ochoa, proveniente de Tabasco. Ambos coincidieron en señalar que “los buenos gobiernos están obligados a promover el bien común de la sociedad en su conjunto”. El prelado ofreció que la relación con la administración estradista sería de cordialidad y respeto, sin importar la ideología o colores partidistas. Empero, en 2003 repitió su conducta harto conocida por los tabasqueños, a quienes impuso un decálogo de pecados electorales, lo cual repitió hacia los comicios de 2006. Y Ramón Castro va que vuela hacia el mismo escenario. Habrá que verlo para situarlo bajo el escrutinio legal, aunque él mismo subestimó, el 29 de junio del presente año, las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de establecer simples sanciones administrativas a la posibilidad de que los ministros de cultos religiosos orienten el voto de sus fieles.