Fueron semanas de dimes y diretes hasta que el 22 de octubre los diputados acordaron llamarlo a una audiencia privada y para el día 27 se determinó que debía ir el 4 de noviembre a las once de la mañana al salón de comisiones del palacio legislativo.
2.- El evento será privado y al final se harán públicas las conclusiones, pero la principal de las bancadas de oposición, la priísta, ya anunció que se prepara para solicitar la cabeza del comisionado Capella durante la sesión plenaria de mañana, porque no espera ningún resultado de la audiencia privada de hoy, que pueda cambiar la percepción de los diputados tricolores en cuanto al fracaso gubernamental en su estrategia de seguridad y la necesidad de cambiarla, de acuerdo a lo difundido ayer por el diputado del PRI Matías Nazario Morales, quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Empero, hay quienes observan en la radical posición del GPPRI el cumplimiento del viejo adagio español: “Nomás por joder”. Infortunadamente para los personajes más protagónicos de la bancada tricolor y del mismísimo Congreso el escenario realista, posterior a la comparecencia, será el siguiente: por más presiones surgidas desde el Legislativo en aras de remover al comisionado Capella, a los ínclitos diputados locales no les quedará más que la alharaca, pues el único facultado para remover al multicitado funcionario es el gobernador Graco Ramírez, quien no tomará ninguna decisión en ese sentido. Me parece que el GPPRI se perfila hacia el ridículo. De entrada las comparecencias no poseen carácter vinculatorio, mucho menos si son exigidas por el Congreso bajo presiones al Ejecutivo en turno. Hemos visto la misma película decenas de veces.
3.- Cambiemos de frecuencia. Los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), encabezados por su presidenta, Isabel León Trueba, acudieron ante los coordinadores parlamentarios para solicitar que el Congreso les autorice una ampliación presupuestal de 30 millones de pesos para realizar actividades relativas al proceso electoral que está en marcha, y que les asigne 268 millones de pesos de presupuesto para 2015, es decir 145 millones de pesos más sobre lo que ha considerado el Ejecutivo estatal en la propuesta de paquete económico entregado a los legisladores el pasado primero de octubre. De acuerdo con la izquierdista presidenta del consejo electoral morelense, carecen de los recursos suficientes, entre otras cosas, para la contratación de locales, de sus servicios y el acondicionamiento necesario, para instalar 51 consejos distritales y municipales, así como para garantizar la entrega de prerrogativas y el funcionamiento, en su oportunidad, del programa de resultados electorales preliminares. Debemos recordar que la queja de los consejeros ya se expuso ante dirigentes partidistas y ante el secretario de Gobierno, quienes estarían apoyando esta gestión de recursos ante el Congreso. A ver.
4.- No será recibida con agrado la noticia de que el Congreso aumentó en cincuenta por ciento las multas a los choferes de rutas y taxis que fumen en sus unidades, salvo por los agentes de tránsito. Los operadores que sean sorprendidos cometiendo esta infracción pagaban entre diez y cien días de salario mínimo, y ahora la multa será de entre quince y ciento cincuenta días. La determinación de los diputados busca hacer efectiva la ley que protege a las personas del humo de tabaco, pero también considera que fumar es un distractor que puede derivar en un accidente y por tanto pone en riesgo la vida de los usuarios del servicio de transporte colectivo, de taxi, escolar y de personal. Y es que en particular los taxistas y ruteros no entienden, es común verlos fumando mientras transitan con vehículos cargados con pasajeros, particularmente en las colonias o por las noches, cuando se relaja la vigilancia de los agentes de tránsito, y enfrentan agresivos al pasajero que se atreva a señalarles lo anómalo de su actitud, pues en este y otros rubros les hace falta tomar conciencia de que su labor es dar un servicio a la comunidad y no sólo engordar los bolsillos de los permisionarios. Meter en cintura a los cafres adictos al tabaco no será tarea fácil, pues la nueva disposición legal será fácilmente manipulada por quienes están responsabilizados de preservar nuestro marco jurídico.
5.- Así de lenta es la justicia en nuestro país. El 21 de agosto de 2012 se cometió el secuestro y la extorsión agravada de una comerciante cuyo negocio se ubica en el Paseo Cuauhnáhuac de la capital morelense. Los delincuentes fueron capturados, consignados ante el juzgado correspondiente, ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya y sometidos a proceso en espera de sentencia. Sin embargo, he de recordar a ustedes que no eran delincuentes comunes, sino diez agentes de la Policía Federal que este fin de semana fueron sentenciados a 25 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express y extorsión agravada. Allá y entonces la sociedad morelense todavía padecía los estragos del último operativo Morelos Seguro de la era adamista, en el cual participaron infinidad de elementos adscritos al Ejército Mexicano y la Policía Federal que únicamente vinieron a Morelos a enriquecerse.
6.- Respecto a lo padecido aquel 21 de agosto de 2012 por dicha comerciante del Paseo Cuauhnáhuac hubo la evidente premeditación, alevosía y ventaja de diez agentes federales que la privaron ilegalmente de su libertad y pretendieron extorsionarla inventándole delitos inexistentes, para lo cual “la ayudarían” mediante la entrega de un millón de pesos, que después se convirtieron en 200 mil y posteriormente en la cárcel para los frustrados delincuentes institucionalizados. La parte ofendida aportó cualquier número de pruebas sobre la participación de esos elementos federales quienes, por cierto, se tomaron el suficiente tiempo para investigar a la comerciante en el ánimo de conseguir dinero fácil. Dizque provenían de Durango para reforzar el Operativo Morelos Seguro propugnado por el entonces gobernador Marco Adame Castillo. Cuando trascendieron el secuestro y la extorsión agravada a la multicitada comerciante y no había posibilidad de ocultar la actitud criminal de los federales involucrados, algunos comandantes del destacamento Morelos de la PF admitieron la pésima conducta de quienes eran sus compañeros de corporación, pero que fueron enviados y controlados desde la ciudad de México para “operativos especiales”.