Para no ir muy lejos recordaré que durante el primer trienio del régimen adamista (2006-2009) existió un pacto (no escrito) entre las más altas autoridades policiacas y el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a fin de mantener limpia la “plaza” de delincuentes dedicados al secuestro, las violaciones, el robo de automóviles, la extorsión, etcétera; ilícitos encuadrados en el fuero común. Las fuerzas institucionales, a cambio, se hicieron de la vista gorda frente al flagelo del narcomenudeo. Propios y extraños conocían esas perniciosas alianzas. No era ningún secreto y derivado de lo mismo están presos conocidos personajes otrora ligados de manera directa al ex gobernador Marco Adame Castillo, hoy flamante secretario de Acción de Gobierno del PAN nacional. En este contexto de vinculación con células delictivas, heredado por la administración anterior, llegó Graco Ramírez Garrido Abreu a la titularidad del Poder Ejecutivo.
2.- El gobernante recordó ayer el espinoso asunto. Aprovechando la firma de un convenio firmado por los rectores de algunas universidades públicas, la Secretaría de Educación del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a fin de que los policías puedan continuar sus estudios de bachillerato y en su caso de licenciatura, Graco afirmó que en algún momento de su gestión “un grupo de personas”, verbigracia empresarios de medios informativos y un ex gobernador (de otra entidad), le aconsejaron pactar con el crimen organizado, pero siempre rechazó tales recomendaciones. La delicada afirmación fue difundida al mediodía por el diario “El Universal”. Según Ramírez Garrido Abreu, interpretó la “sugerencia” como la tácita aceptación para que el crimen organizado siguiera arraigado en Morelos y mantuviera los corredores de droga sobre Morelos y las entidades federativas vecinas. Las bandas criminales, por su parte, limpiarían el territorio morelense de cualquier célula delincuencial. Etcétera. Me parece que Graco Ramírez tiene el interés de proyectarse a nivel nacional como un mandatario que no negocia nada con hampones, dentro de la coyuntura que ofrece el “Caso Guerrero”, cuyo ex gobernador Ángel Aguirre Rivero está metido en un gravísimo berenjenal. Imaginen ustedes lo que le conoce el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, detenido la madrugada de ayer con su esposa María de los Angeles Pineda Villa, quien en el trienio 2006-2009 tuvo fuertes nexos con Morelos a través de sus hermanos, otrora jefes de “plaza” del cártel Beltrán Leyva.
3.- Cambiemos de frecuencia. El comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, compareció ayer de manera privada ante un nutrido número de diputados locales. El escenario fue el Salón de Comisiones del Congreso local, donde consideró que su presentación fue “muy productiva”. Dijo que planteó, como le gusta hacer, con mucha objetividad el estado que guarda la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la situación de los diferentes municipios, y aceptó que falta mucho por hacer, “pero con el liderazgo, gran impulso y contundencia y carácter que el gobernador Graco Ramírez le ha inyectado a este tema, plantean una visión sólida ante un escenario muy difícil en los últimos años”. Esa fue la versión que dio el comisionado sobre el evento, mientras que los diputados omitieron dar una postura conjunta, pero al menos los legisladores del PRI y del PT se dijeron decepcionados y anunciaron que solicitarán al gobernador el cese inmediato del abogado tijuanense porque las cifras reportadas por instancias de orden federal respecto de la incidencia delictiva, desmienten las cifras alegres dadas por la autoridad estatal. Finalmente fue una lucha de poder de la que puede asegurarse que no pasará nada. Graco Ramírez no cederá ante las presiones de los diputados locales más beligerantes.
4.- Capella Ibarra confirmó que el diputado local del PT, Alfonso Miranda Gallegos, es investigado a nivel federal y estatal en siete averiguaciones previas que se integran en su contra por diversos delitos. Como todo mundo sabe, Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Miranda (“El Carrete”), líder de la banda de Los Rojos en Morelos, grupo rival de Guerreros Unidos, al cual se atribuye el asesinato de seis personas el 27 de septiembre pasado en Iguala y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. En la conferencia de prensa que ofreció tras comparecer ante diputados morelenses, el comisionado dijo que hay “señalamientos muy claros y concretos” contra Alfonso Miranda. Y advirtió que Morelos no va a cambiar mientras opere una “doble moral”, situación que expuso a los legisladores con los que se reunió. Durante la reunión con los diputados, a la que asistió Alfonso Miranda, Capella aseguró que enfrentó al petista, quien lo cuestionó sobre presuntos actos de corrupción en la Comisión Estatal de Seguridad. Capella declaró que le respondió a Miranda que “no tenía calidad moral” para señalarle presuntos actos de corrupción dentro de la dependencia que encabeza. Mejor, abundó, le pidió al diputado que solicitara licencia para no entorpecer las investigaciones en su contra. Sopas y sopas. Sin embargo, Miranda Gallegos sigue teniendo un misterioso manto protector. Don Lauro Ortega (1982-1988) ya hubiera promovido su desafuero y consignación.
5.- Una nota periodística publicada ayer por “Milenio Diario” cimbró a todos los miembros del Congreso local y obligó a una reacción conjunta de los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política, Lucía Meza y Javier Bolaños, respectivamente, quienes emitieron un comunicado en el que ratifican el respeto del Poder Legislativo al estado de derecho y aseguran que no protegerán a nadie al que se le compruebe algún vínculo con actividades delincuenciales. La presidenta de la Mesa dio lectura al documento y luego el titular de la Junta efectuó algunas declaraciones con las que coincidió el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Matías Nazario Morales, quien asistió a la conferencia de prensa debido a que su nombre, como el de Bolaños y el de cinco más, resultó mencionado en el trabajo periodístico que dijo basarse en informes de inteligencia pero que nada aportó para presumir que los siete legisladores mencionados efectivamente han incurrido en conductas ilícitas. De cualquier forma, los diputados dijeron que solicitarán al fiscal Rodrigo Dorantes y a la PGR, que les informe si existen averiguaciones en curso en contra de alguno de los miembros de la 52 legislatura… La víspera se confirmó que los nervios de la clase política morelense están demasiado crispados. Y la tensión crecerá conforme nos adentremos en el proceso electoral rumbo a los comicios de 2015. A ver.