Es evidente que nuestro país, para fines delictivos, está dividido por regiones y la importancia de algunos mercados o “plazas”. Infortunadamente siguen prevaleciendo, en mayor o menor proporción, los vicios estructurales que originaron la guerra calderonista declarada a comienzos de 2007, primero contra el narcotráfico y después contra cualquier número de grupos delincuenciales dedicados a la comisión de delitos del fuero común. Por ejemplo, persisten la impunidad, el soborno y el vandalismo, que amenazan la integridad individual y colectiva; es decir, la victimización de la violencia como producto de incertidumbre en la población, que es en lo cualitativo el resultado de la crisis económica, social, política y cultural de nuestro tiempo.
2.- A diferencia de otras épocas, los medios de comunicación, pero fundamentalmente las redes sociales, han desempeñado un papel clave en la difusión de los hechos relacionados con la violencia y en la mayoría de los casos influyen en la percepción del público receptor. La erosión de la confianza entre autoridades y ciudadanos es una consecuencia negativa adicional, pero la situación no comenzó hace dos años, pues para el caso morelense proviene de tres sexenios atrás. Conclusión: los morelenses estamos padeciendo todavía las secuelas de varios lustros en que los gobernantes respectivos cometieron graves omisiones y hasta encubrieron las operaciones de varios cárteles de las drogas. Los ciudadanos viven constantemente con el temor a ser víctimas de un delito. Y el miedo al delito, definido como el sentimiento de inseguridad general padecido por la población, es un factor que opera negativamente contra la información oficial en cuanto a índices delictivos se refiere. Más tarda el gobierno estatal en informar sobre resultados, que algunos sectores sociales en derrumbarlos colocando una barrera de incredulidad.
3.- Respecto al caso de nuestra entidad federativa tendrían que ser cuatro las instituciones responsabilizadas de lograr un eficaz sistema de seguridad pública. Primero, a nivel de la prevención del delito, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a cargo de Alberto Capella Ibarra. Después, en torno a la persecución de los delitos y la procuración de justicia, la Fiscalía General cuyo titular es Rodrigo Dorantes Salgado. Sumamos al Tribunal Superior de Justicia, presidido por la magistrada Nadia Luz Lara Chávez, cuyas demarcaciones judiciales deben impartir justicia de manera pronta y expedita. Y concluimos con la readaptación o reinserción social, a través de la Coordinación hoy encabezada por Lucio Hernández Gutiérrez. Son cuatro pilares fundamentales que sustentan el combate al crimen organizado y la delincuencia común.
4.- Hoy quiero referirme de manera particular a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de la cual dependen el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C 5, inaugurado el 18 de noviembre por Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación; el Instituto de Certificación y Evaluación del Estado; el Centro de Formación y Capacitación Policial; y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad. Dicha Comisión coordina en 26 municipios la operación del Mando Único de Policía. Varios comunicadores sociales, entre ellos quien esto escribe, fuimos recibidos ayer por Alberto Capella Ibarra en las instalaciones del C 5, sitas en el pueblo de Palo Escrito (Emiliano Zapata). En otra ocasión me referiré a la tecnología instalada en ese complejo, donde pudimos constatar la operación de más de 400 cámaras colocadas estratégicamente en varias zonas de Morelos dentro de una primera etapa. Para marzo se prevé que estén funcionando 800 más.
5.- Hoy deseo referirme a la situación que enfrentan centenares de policías municipales, cuyo desempeño fue absorbido por el Mando Único. Aquí quiero retomar lo que he escrito en otras ocasiones sobre la imagen cultural que la sociedad mexicana tiene de sus policías. Ni duda cabe que la delincuencia organizada ganó terreno dentro de las instituciones públicas gracias a la corrupción entre policías y autoridades de todos los niveles de gobierno involucrados con el narcotráfico y bandas delictivas; independientemente de que a las corporaciones policíacas ingresaron durante muchos años sujetos identificados con la misma imagen cultural: hombres y mujeres prepotentes, corruptos, agresivos, de escasa escolaridad, encubridores de delincuentes, con pistola al cinto, cinturón piteado, mentando madres, alcohólicos o adictos a las drogas. Sume usted el hecho de que cuando Capella se hizo cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (en enero de 2014) el 70 por ciento de la fuerza no había tomado el curso de capacitación que exige la Ley Federal de Seguridad Pública. Etcétera. Ahora el problema es revertir la situación, ya sea mediante la adecuada capacitación y formación profesional, o cesando a quienes no garantizan una conducta ética a favor de los intereses sociales.
6.- El titular de la CESP repitió datos que ha difundido en otros foros, pero me llamó la atención el hecho de que en tan corto lapso haya tenido que sortear infinidad de obstáculos sembrados por actores políticos empecinados en anteponer sus intereses y los de grupos y partidos a los de la sociedad en general (entre ellos un senador, diputados y alcaldes). A juzgar por lo que expuso el jefe policíaco ante los representantes de medios informativos, una de las más significativas causas de la inseguridad a nivel nacional, la cual ha yacido como herencia maldita de los gobiernos priístas para la sociedad mexicana, es el haber justificado en todas las corporaciones una supuesta eficiencia con corrupción, lo cual tuvo un costo demasiado elevado pues provocó el resquebrajamiento de relaciones entre la sociedad y los respectivos servidores públicos. En un principio la ciudadanía empezó a perderle respeto a la autoridad representada por los policías y después se siguió con todos los funcionarios y políticos. El resultado lo tenemos a la vista: la descomposición plena de las instituciones y la debilidad de los tres órdenes de gobierno ante el crimen organizado. Así las cosas, hoy el reto estriba en fortalecer las instituciones de seguridad; disminuir, detener o evitar el consumo de drogas; desarticular a las organizaciones criminales; y recuperar los espacios públicos. Tocante a Morelos, me parece que no hay omisiones respecto al combate a los malosos, pero hace falta socializar los resultados y que la seguridad deje de ser el principal elemento del discurso político. Luego seguimos con el tema.