La Cumbre tendrá verificativo el jueves 26 y el viernes 27 de febrero teniendo como escenario el Auditorio Emiliano Zapata de nuestra máxima casa de estudios. Sin embargo, es importante destacar que dos personajes involucrados con un reciente escándalo destapado por el Informe General sobre la Cuenta Pública 2013 que esta semana turnó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, se verán las caras el jueves próximo en la inauguración de la trascendental Cumbre. Me refiero al titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, y el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez. Portal sustentará a las 10:00 horas del 26 de febrero una conferencia magistral titulada “Claroscuros de la Fiscalización en México”, mientras Vera Jiménez dará uno de cuatro mensajes de bienvenida.

2.- Desconozco cómo se modificará el berenjenal en que se encuentran inmersas algunas áreas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) vinculadas a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, pero también las universidades autónomas del Estado de México y Morelos. Ambas instituciones, en las más de mil auditorías aplicadas a la Cuenta Pública 2013 del gobierno federal, aparecen con un irregular manejo presupuestal. El rector Vera ha salido al quite ante los fuertes señalamientos y asegura que la institución no cometió ninguna irregularidad, habiendo terminado de “forma satisfactoria” los contratos firmados en el 2013 con la Sedesol. El problema, gentiles lectores, deriva de subcontrataciones ejecutadas bajo circunstancias discrecionales, desde luego al margen legal. Según la Auditoría Superior de la Federación ambas universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal hechos e inconclusos, que en lugar de enfocarse a políticas para erradicar el hambre se concentraron en echarle porras al programa y a la autopromoción. Vera Jiménez arguye que la UAEM “está tranquila”, pues no incurrió en ninguna irregularidad. Prueba de ello, señaló, es que obran en su poder documentos donde la Sedesol afirma sentirse “satisfecha” con el trabajo realizado. Así las cosas, añadió el rector, los contratos concluyeron de manera correcta. Empero, Vera Jiménez manifestó que “no conoce a fondo” el reporte de la ASF y que esperará a recibir cualquier notificación oficial para responder de inmediato.

3.- Los antecedentes del delicado asunto son los siguientes: de acuerdo con la información de la ASF, la Sedesol firmó el 6 de mayo de 2013 un convenio con la UAEM por 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin hambre”. Se trataba de  servicios de asesoría y seguimiento de los programas sociales. Y la institución universitaria subcontrató a cinco empresas, entre ellas Dumago Systems, presentando posteriormente facturas a la Sedesol por un servicio que, según la dependencia de Juan Manuel Portal, nunca se realizó. Entre los 396 millones de pesos que costó el abastecimiento de los promotores de la Cruzada Contra el Hambre destacan las compras por 57 millones de pesos de “vasos de plástico duro color”, 10 millones en “gorras brigadistas”, 13 millones en “porta-credenciales”, 96 millones de “tornilleros/de color impreso”, y 79 millones “en paliacates”. Etcétera. Dumago Systems obtuvo un contrato de 33 millones de pesos por la realización de asesorías “que no correspondían con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”, señala la ASF;  también el pago de 239 millones a una empresa con un domicilio falso, la cual transfirió a su vez 160 millones a Esger Servicios y Construcciones. Un contrato por 29 millones a una tercera empresa, que terminó entregando 26 millones, en siete pagos, a Esger Servicios y Construcciones. Esger recibió de cinco proveedores 416 millones de pesos, casi 60 por ciento del monto total de los convenios que firmó la Sedesol con las universidades. Estaremos pendientes del tema y luego diremos.

4.- Cambiemos de frecuencia. Quién diría que al abogado Próspero Arenas, priísta por muchísimos años, sería la izquierda la que le daría la oportunidad de cumplir su sueño de representar a una parte de los morelenses como diputado en el Congreso local. El miércoles anterior asumió el cargo de legislador por el Distrito V que comprende Temixco y Emiliano Zapata, en sustitución del perredista David Martínez, quien tal vez sólo cumplió un acuerdo político previo, pero se vio bien al solicitar licencia definitiva al cargo para dedicarse a sus tareas como candidato a la presidencia municipal de Temixco, en lugar de buscar su hueso sin renunciar a su jugoso sueldo de diputado, como otros sinvergüenzas que harán campaña sin dejar la ubre presupuestal. Próspero Arenas lleva muchos años como político, fue presidente municipal por el PRI hace décadas y por décadas también aspiró a repetir en esa posición, obteniendo en esa búsqueda diversos puestos municipales, con lo que el servicio público no le es desconocido. Se espera que ocupe la presidencia del Comité de Vigilancia, que estaba en manos de David Martínez, y asumió el compromiso de sumarse a la agenda legislativa del Congreso con ánimo, desarrollar una agenda propia con énfasis en la problemática económica de los municipios, y seguir trabajando la gestoría en los dos municipios que representa. Veremos qué puede hacer en seis meses que le quedan a la legislatura 52.

5.- Casi está cantado que tras las elecciones del 7 de junio se concretará un aumento a la tarifa del servicio de transporte colectivo en la entidad. La duda es si ante la petición de aumentarle dos pesos al pasaje mínimo, hecha por los ruteros, el gobierno estatal terminará por tomar la salomónica decisión de autorizar solo uno o de plano, so pretexto de que es difícil el manejo de las monedas de cincuenta centavos, llevarán hasta los ocho pesos la tarifa actual, que es de seis pesos con cincuenta centavos. El eterno dirigente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera, reveló que hay acuerdo con las autoridades estatales a través de la secretaría de Gobierno que encabeza Matías Quiroz, para que sea en junio, pasada la jornada de votaciones, cuando se retome el tema del tarifazo, que para nada está muerto. Se trata de una estrategia periódica entre autoridades y ruteros: cada tres años los transportistas apoyan a determinados partidos en sus labores políticas y reciben como pago un aumento a su tarifa con el compromiso, siempre incumplido, de que mejorarán el servicio y renovarán sus unidades. La historia ya comenzó su repetición y los usuarios, que resultarán afectados, no tienen quién represente sus intereses, porque sus diputados están ocupados buscando su siguiente hueso.