Quizás haya quien quisiera ver a la Fiscalía causando revuelo con la detención de los diputados, o de alguno de los dos, pero el fiscal precisó ayer que eso no sucederá, al menos no antes de que un juez resuelva lo procedente ahora que la dependencia, eso sí, ponga sus casos ante la justicia y seguramente sean llamados a declarar. A la vuelta de tantos meses en que el asunto de los frustrados juicios políticos ha ocupado espacios destacados de la prensa local, e incluso de la nacional, da la impresión de que el tema ya está lo suficientemente exprimido por quienes lo han usado para sacar raja política. Pero las elecciones quizás lo retomen pronto con nuevos bríos. Desde mi particular punto de vista, Dorantes ya dio de sí.
2.- Ayer se observó mejor al consejero jurídico estatal Juan Salazar Núñez, quien acudió a la Fiscalía para ratificar una denuncia de hechos cuyo fin es aclarar el supuesto uso de balas de goma por parte de policías adheridos al Mando Único durante los hechos acaecidos el pasado 7 de febrero en el Centro de Cuernavaca luego de haberse iniciado los trabajos de reconstrucción de la calle Guerrero. En el contexto de dimes y diretes respecto a lo sucedido ese día, cuando la gresca fue iniciada por vándalos contratados por dirigentes transporteriles, la Consejería Jurídica documentó las declaraciones vertidas por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Lucero Benítez Villaseñor, quien afirmó que los visitadores del organismo consignaron en sus informes el uso de balas de goma en contra de un grupo de personas que se hicieron pasar como comerciantes (varios de aquellos “comerciantes” fueron fotografiados portando bajo el brazo una patineta). La denuncia de hechos quedó registrada en la carpeta ESJ01/963/15. Salazar Núñez fue entrevistado afuera de la Fiscalía proyectándose con fuerza, autoridad y calidad… como para sustituir algún día al fiscal Rodrigo Dorantes Salgado. Y ojo con el tema de los rifles dizque empleados para disparar balas de goma. En redes sociales se han difundido gráficas de tales armas, pero ¡equivocación! Se trata de rifles que lanzan granadas de gas lacrimógeno, las cuales sí se utilizaron aquel 7 de febrero. Salazar Núñez garantizó que el Poder Ejecutivo consignará a los policías si existen pruebas de haber usado las mentadas balas. Estaremos pendientes y luego diremos.
3.- Está lejos de ser intrascendente la propuesta del diputado Javier Bolaños para crear una ley que regule la producción y venta de la tortilla. Aunque el legislador no lo hubiera mencionado en su iniciativa, la tortilla es un producto importante en la dieta de los mexicanos y de los morelenses, y hoy en este mercado existe una grave problemática en la que se daña la economía de los tortilleros formalmente establecidos, los informales pudieran estar ganando altas cantidades económicas, y los grandes perdedores somos los consumidores que pudiéramos estarnos llevando a la boca tortillas de mala calidad, elaboradas con materia prima libre sin control sanitario y producidas y manejadas en condiciones antihigiénicas, y no solamente en nuestras casas sino quizá particularmente en restaurantes de todos los niveles. La nueva ley alude a la distribución de tortillas a domicilio y de venta ambulante, y habría que agregar las que se venden en tendajones, que implican una competencia desleal pero fundamentalmente un grave riesgo sanitario, y destaca también las facultades que tienen los diputados para poner orden, destacando que no lo han hecho. En fin.
4.- La vorágine de las campañas políticas será propicia para que abunden las acusaciones interesadas en la búsqueda del impacto mediático, más que de la justicia o la seguridad, y el rubro de las amenazas y los presuntos vínculos con el crimen organizado podría ser cosas frecuente. Por eso es importante que las autoridades responsables del rubro de la seguridad en Morelos, como el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, y el comisionado de Seguridad, Jesús Alberto Capella, además del fiscal Rodrigo Dorantes, mantengan su postura de solicitar la presentación de denuncias y pruebas para echar a andar el aparato de prevención y persecución del delito en casos particulares. Hace cosa de un mes, por ejemplo, el PAN denunció que algunos de sus aspirantes a diferentes candidaturas habían sido objeto de amenazas y reclamó seguridad. La respuesta de la autoridad fue la petición de denuncias concretas, que no llegaron. Es seguro que más amenazas ocurrirán en contra de los candidatos de todos los partidos, y que este tema estará presente en las campañas venideras, pero habrá que estar atentos para identificar a quienes pretendan usar el recurso con meros fines propagandísticos. Ayer conversé con José Casas González, candidato del PVEM a presidente municipal de Huitzilac, quien ha recibido amenazas en un territorio durante lustros caracterizado por el embate del crimen organizado y la impunidad. Y es que quienes se encuentran enfrente del ex titular de Obras Públicas de Cuernavaca tienen, al parecer, cuentas pendientes con la justicia. A ver.
5.- Se acerca la Cumbre Estatal Anticorrupción, que bajo la promoción directa de la diputada Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, se llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero en el auditorio “Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entre los objetivos que persigue el evento destaca la posible creación de una Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción, que contribuya a la consolidación de un Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. Y aunque Lucía Meza Guzmán ha sido apoyada por la UAEM, el IMIPE y la Fiscalía General del Estado, la Cumbre fue iniciativa suya. Es importante recalcar lo anterior porque han surgido de manera advenediza quienes pretenden endosarse la idea. Ya se subieron al proyecto, por demás importante para la sociedad morelense respecto a la transparencia y rendición de cuentas. Por cierto, el rector Alejandro Vera Jiménez salió ayer al paso de los datos contenidos por el informe que el pasado martes entregó la Auditoría Superior de la Federación al Senado de la República, donde aparecen varias indagatorias especiales sobre el manejo de los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social dizque destinados a la Cruzada contra el Hambre en Morelos. Andan bailando casi 900 millones de pesos pagados a diversas empresas de manera fraudulenta. Luego seguimos con este tema. Vera dice que entregó toda la información y comprobación requerida por la Sedesol.
