El escenario se ha revertido significativamente, pues nuestro territorio descendió hasta el séptimo lugar, según el corte del pasado 20 de febrero divulgado por el SNSP en su portal de internet. En los primeros dos meses de 2014 hubo 35 denuncias relacionadas con el flagelo, pero esa cifra bajó a cinco, lo cual significa una reducción del 88 por ciento, pésele a quien le pese. A juzgar por el éxito obtenido hasta ahora, está funcionando la estrategia aplicada a nivel nacional por el gobierno federal a través de la Fiscalía Antisecuestros, a cuyo frente se ubica Renato Sales Heredia, en coordinación con los denominados Grupos Fusión (fuerzas federales y estatales) y, en torno al caso morelense, con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), a cargo de Adriana Pineda Fernández. Esta funcionaria ha trabajado a contracorriente durante los pasados dos años, primero como responsable de todas las investigaciones inherentes al crimen organizado en la Fiscalía General y ahora en la UECS, donde están integrados elementos capacitados por instancias estadounidenses y sudamericanas. Comenta que se está desplegando un esfuerzo importante por parte del gobierno estatal para disponer de suficientes recursos humanos, económicos y materiales. Y respecto a las cifras dadas a conocer hace unos días por el SNSP indicó que “seguiremos trabajando hasta lograr una tasa de cero denuncias. El camino es el correcto y se demuestra con la detención de 264 secuestradores durante el periodo de enero de 2014 hasta el día de hoy”.

2.- En base a los datos difundidos por el Secretariado Ejecutivo del SNSP tocante a la incidencia delictiva por cada entidad federativa puede configurarse un “ranking” nacional de diez regiones. Así las cosas tenemos que el Estado de México ocupa el primer lugar, con 17 mil 628 delitos denunciados en enero del presente año. Le siguen el Distrito Federal con 12 mil 202; Baja California Norte, 8 mil 200; Guanajuato, 7 mil 617; Jalisco, 6 mil 929; Chihuahua, 4 mil 529; Coahuila, 4 mil 283; Morelos, 3 mil 916; Guerrero, 3 mil 179; y Michoacán con 2 mil 604 delitos registrados por las procuradurías o fiscalías generales de Justicia. Tocante a los delitos de alto impacto, los datos actualizados a enero por el SNSP en Morelos son los siguientes: homicidio doloso, 30 casos; secuestro, 3; extorsión, 15; robo de vehículo con violencia, 96; y robo de vehículo sin violencia, 196 casos registrados ante la Fiscalía General de Morelos, a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado. Seguiré insistiendo en que es amplio el desfase propiciado por dicho Secretariado Ejecutivo entre un mes y otro, pues ya habían transcurrido más de 20 días del segundo mes del año cuando apenas se estaban difundiendo las cifras correspondientes a enero.

3.- Es importante subrayar que territorios como Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Chihuahua y Tlaxcala han visto incrementada su tendencia delincuencial, dentro del reacomodo de grupos criminales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Quién lo viera: San Miguel de Allende y la capital guanajuatense padecen un grave incremento en el índice de secuestros y robo en distintas modalidades, mientras Puerto Vallarta acaba de ser noticia nacional por hechos relacionados con el narcotráfico. Morelos presenta avances importantes en materia de seguridad pública, pero lamentablemente subsiste la percepción de indefensión generada por lustros de negligencia (de los tres órdenes de gobierno) y el debilitamiento de todas las instituciones vinculadas al complicado asunto. Asimismo, hay actores políticos que contribuyen, muchas veces de manera oportunista, a exacerbar esa sensación de inseguridad. Cierto: todavía padecemos el robo con violencia y otros delitos patrimoniales, pero el escenario se está modificando. Me parece que hemos llegado al momento de comenzar a hablar bien de Cuernavaca y de toda la entidad en general. Debe frenarse la autoflagelación.

4.- Cambiemos de frecuencia. La Cumbre Anticorrupción que se celebrará esta semana motivó a la presidenta del Congreso, Lucía Meza, a dirigirse al Senado de la República para que destrabe el proceso legislativo de la Ley Nacional Anticorrupción, lo que exhibe la euforia que ha envuelto a la representante popular por el tema del combate a la corrupción. Llama la atención ese entusiasmo ahora que se puso al descubierto la serie de anomalías administrativas prevalecientes al interior de la Auditoría Superior de Fiscalización, las cuales permiten presumir la existencia de corruptelas y a cuya investigación y sanción se ha comprometido el Congreso, mediante el llamado correspondiente a Vicente Loredo, el flamante responsable de la nueva Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. En estos días se aprobará la Ley que permitirá la estructuración de la ESAF y en el corto plazo su titular deberá estar en condiciones de ofrecer información concreta sobre las anomalías encontradas, pero flota en el ambiente la pregunta sobre si la apuesta a favor de la honestidad es tal en el Poder Legislativo como para dar santo y seña de quienes hayan protegido a los beneficiarios de los hechos de corrupción en la extinta ASF, incluso si se trata de diputados. Los hechos nos darán la respuesta en las próximas semanas. El tal Loredo Méndez podría llegar a ser como el té de manzanilla: conocido, pero no sirve para nada.

5.- El tema de la corrupción también se manifiesta en el ambiente preelectoral y son muchas las voces que ya hablan de la posibilidad, muy real, de que grupos de poder intenten la compra del voto. El voto verde es uno de los atractivos que el proceso tiene para los delincuentes electorales, y a él se refirió ayer el presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la Cámara de Diputados morelense, Fernando Guadarrama Figueroa, quien al margen de su condición de legislador debe tener muy presente el pulso de los comicios, toda vez que aspira también a convertirse en presidente municipal de Yautepec. Guadarrama ha venido haciendo llamados a los productores agrícolas para que denuncien cualquier intento de compra de voto o de coacción, que en otros años se ha dado al condicionar la entrega de apoyos agrícolas.

6.- Voces perredistas afines al proyecto de Jorge Messeguer se comienzan a pronunciar en contra de la enésima solicitud de refinanciamiento presentada por el alcalde cuernavacense Jorge Morales Barud ante el Congreso. Entre los argumentos de quienes respaldan la idea de que la solicitud sea nuevamente rechazada, se encuentra la posibilidad –dicen- de que los recursos destinados al refinanciamiento sean usado con fines electorales, mientras otros hablan de que la comuna capitalina no muestra un verdadero interés por obtener la citada autorización, pues no ha ofertado a cambio un dramático plan de austeridad. Lo cierto es que si se da o no la autorización dependerá de cuestiones políticas ligadas a la conveniencia que ello implique para quienes tienen el control de los votos en el Legislativo, y no de si la petición es apegada al interés de quienes habitamos la ciudad. En fin, esperaremos para ver y después diremos.