Supuse que la legisladora estaba bromeando y así se lo hice saber, indicándole además que la situación actual no es para nada semejante a la que todos los morelenses padecimos en la segunda mitad del régimen adamista. Erika Cortés prefirió callar. Hay pruebas irrefutables de que la incidencia delictiva se ha modificado a favor de la sociedad morelense, aunque todavía no pueden echarse las campanas al vuelo. El problema para las autoridades estatales es que el tema de la seguridad siempre adereza el discurso político, sobre todo si los morelenses estamos inmersos en un periodo preelectoral. Así las cosas, cuando el gobernador Graco Ramírez da a conocer -como ayer- resultados de la coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir los delitos de alto impacto, de inmediato surgen quienes lo cuestionan y pretenden invalidar las cifras, actualizadas por instituciones del gobierno de la República.

2.- Aun así, el titular del Poder Ejecutivo se mantiene firme defendiendo las estrategias aplicadas por la federación y el estado en aras de reducir la incidencia relacionada con los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada, el secuestro, la extorsión, el robo de vehículo y el robo a casa habitación. Dentro del marco de su tradicional conferencia de prensa de los lunes, Graco Ramírez aseguró que la incidencia delictiva de Morelos ya se ubicó por debajo de la media nacional. La información que sustenta esa afirmación proviene del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el CISEN, el INEGI y “otras fuentes de seguridad” (no dudo que se trata de la Defensa Nacional). El mandatario pidió que se repartiera entre los representantes de medios informativos un cuadernillo donde se plasman los datos actualizados por dichas instancias federales. Ahí podemos leer que desde enero de 2015 a la fecha “ninguna ciudad o municipio de Morelos aparece entre las diez localidades o delegaciones con mayor índice de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada”. Al respecto agregó Graco Ramírez: “Este es un dato importante para aquellos que desde una ONG anunciaron que Cuernavaca era la ciudad más violenta del centro del país, este informe se cae por su propio peso. No hay ningún dato que confirme dicho señalamiento y para que se acaben especulaciones, que se hacen después verdad, a base de fuentes de dudosa reputación y de dudosa metodología”. Luego seguiré con este tema, que sin duda alguna generará reacciones en los detractores del régimen.

3.- Cambiemos de frecuencia. Es noticia nacional que en el norte del país, el municipio de Chihuahua aprobó la imposición de multas de hasta 330 mil pesos y arresto de 36 horas para quien cante narcocorridos en público, particularmente en conciertos. La nota interesa a Morelos porque aquí la administración estatal se ha pronunciado específicamente en contra de este tipo de música y ya evitó en el pasado reciente la presentación en la feria de Cuernavaca, del cantante conocido como El Komander, y hace apenas unos días se manifestó en contra de que acuda a la misma feria este año, a fines del presente mes, el cantante Gerardo Ortiz, por los mismos motivos. Cabe destacar que hay otros escenarios donde la autoridad estatal sí podría –y no lo hace- hacer valer su interés por evitar que los narcocorridos se escuchen y afecten la forma de pensar de los ciudadanos, principalmente los jóvenes, que son las rutas del transporte colectivo de Cuernavaca donde jóvenes conductores circulan escuchando canciones que hacen apología del crimen, con sus unidades atestadas de pasajeros y sin que a nadie parezca importarle.

4.- La presidenta del Congreso, Lucía Meza, se reunió con abogados de la zona oriente de la entidad, quienes manifestaron una larga serie de inconformidades sobre la manera en que viene trabajando la Fiscalía General del Estado a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado. Una de las quejas centrales se relaciona con el cobro que les hacen por la expedición de copias, a lo que la diputada cuautlense señaló que para este año los diputados aprobaron a la Fiscalía un incremento presupuestal que hace que tal cobro parezca indebido, y anunció que revisará la forma de trabajar de la dependencia. Por cierto que esta semana Lucía Meza convocó a sesión del Congreso para hoy martes, debido a que varios de sus compañeros legisladores se ausentarán para acudir a una sesión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales.

5.- Históricamente se han dado decisiones gubernamentales que no cumplieron con los beneficios que oficialmente las motivaron y que siguen significando un daño para la sociedad, que por eso desconfía de mucho de lo que las autoridades le presentan como pensado en el beneficio de la colectividad. Los señores de mayor edad todavía recuerdan cuando el cobro de la autopista entre México y Cuernavaca se anunció como una medida temporal, y aún continúa; o cómo la nacionalización de la banca o su posterior privatización y rescate dizque representarían beneficios sustanciales para la economía de las familias, lo cual resultó una falacia. En el terreno local tenemos el ejemplo de la verificación vehicular, que hace años pasó a ser una sangría más para la economía de los automovilistas y no se aprecia que implique algún beneficio, y ni siquiera que se obligue a reducir las emisiones contaminantes a muchos de los vehículos de transporte público a quienes se presume coludidos con la autoridad.

6.- Estos antecedentes que hacen razonable la desconfianza ciudadana, permiten entender por qué hay escepticismo en cuanto a que el alcoholímetro recién aprobado por el Congreso, no terminará por ser un mero pretexto para la corrupción gubernamental y para exprimir los bolsillos de los borrachos y sus familias. Hace falta, entones, que la administración del gobernador Graco Ramírez, como iniciadora de la propuesta –fue una de sus iniciativas preferentes para el actual periodo de sesiones-, el Congreso que la aprobó y los ayuntamientos que la aplicarán, hagan una gran campaña para concientizar a los morelenses del imperativo de reducir el consumo de embriagantes y los accidentes que se producir al conducir ebrio. La presidenta del Congreso, Lucía Meza, y el presidente de la Junta Política, Javier Bolaños, se han venido ocupando de promover las ventajas de contar con el alcoholímetro para beneficiar sobre todo la seguridad y la salud de los jóvenes, pero sus esfuerzos deben ser acompañados por los de otras autoridades.