Varios representantes del grupo inconforme, encabezados por Eduardo Mondragón Manzanares, ofrecieron ayer en Cuernavaca una conferencia de prensa refrendando su principal reclamo: exigen al gobierno federal, es decir al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la indemnización de más de 740 hectáreas donde se asienta la zona arqueológica, el museo y una región sin explotar que por décadas ha usufructuado el INAH. El delicado asunto ya escaló hasta la directora general de esa institución, María Teresa Franco, a quien le exigen la inmediata solución del conflicto. El delegado en Morelos, Víctor Hugo Valencia Valera, así como emisarios del gobierno estatal, fueron rebasados por la presión. Y es que el asunto no es nuevo, pues tras un año de protestas, los alrededor de cinco mil comuneros de aquel territorio no han recibido ningún avalúo del costo de sus predios o avanzado en el trámite del pago correspondiente. Al contrario: me parece que los más altos directivos del INAH desconocen la idiosincrasia de los morelenses, pues al menos en lo concerniente a quienes participan en el movimiento les endilgan la posibilidad de que hayan comprometido la zona arqueológica a la minera canadiense Esperanza Silver. Ese acuerdo permitiría a dicho consorcio el saqueo de 407 hectáreas durante 15 años. Desde luego, los comuneros desmintieron ayer esta nota. Esperemos para ver y después diremos.

2.- Otra demarcación federal que se vio ayer afectada fue la delegación de la Secretaría de Agricultura, mejor conocida como Sagarpa. Sitas en la Avenida 28 de Marzo (antes Universidad), las oficinas de esa institución fueron invadidas desde muy temprano por miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dirigidos por Julio Padilla Trujano. Como en movimientos anteriores, la UNTA volvió a reclamar el pago de recursos asignados a diversos programas operados por la Sagarpa, dependencia hoy por hoy rezagada al respecto debido a los vaivenes financieros del gobierno de la República. Desconozco cómo se habrá desactivado la “toma” de instalaciones, pero la Sagarpa debió recalendarizar la entrega de ministraciones. Etcétera, etcétera. Lo interesante, desde mi particular óptica, es que el sitio de la UNTA ocurrió en medio de especulaciones sobre la sustitución del delegado de Sagarpa, Rafael Ambriz Cervantes, por Amado Orihuela Trejo, ex candidato gubernamental del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012. Toda la mañana de ayer se manejó que “de un momento a otro” vendrá el relevo, pero hasta el momento de redactar la presente columna esto no había ocurrido, quizás porque Ambriz Cervantes, quien es uno de los funcionarios federales más eficaces, podría ser removido para darle paso a un completo simulador. A ver. 

3.- Mientras que en el ámbito federal las cámaras del Congreso de la Unión han postergado el análisis, discusión y votación de la Ley de Aguas, y en sectores diversos se hacen pronunciamientos a favor y en contra, ayer el diputado petista Héctor Salazar Porcayo consiguió que el Congreso morelense en su conjunto tomara partido en contra del proyecto legislativo del presidente Enrique Peña Nieto. La noticia quizás resulte intrascendente en estos días porque el tema ha bajado de intensidad en los medios de comunicación y en los corrillos políticos, financieros y sociales, pero no deja de ser un asunto de resonancia nacional que impacta en las posiciones políticas asumidas por los principales partidos políticos e implica un triunfo para las voces que aseguran la condición privatizadora del mentado ordenamiento legal. Este asunto no ha concluido y amenaza con llevar el dictamen a la “congeladora” en ámbitos del Congreso federal.

4.- El siguiente texto se refiere a otro funcionario federal en problemas. El Congreso local se mete de manera oportuna en un asunto que exige mayores explicaciones de parte de la autoridad, pues ayer aprobó un acuerdo para solicitar que la SCT informe al pueblo a través de sus representantes, todo lo relativo al paso exprés que se construirá sobre el libramiento de la autopista en Cuernavaca. Esa incipiente obra ha causado inconformidad entre los pobladores de la zona de Acapantzingo, quienes temen verse afectados en sus propiedades y han recurrido al cierre de vías de comunicación, mientras que la autoridad federal no ha atinado a dar una explicación que contribuya a la tranquilidad, y por el contrario se distingue por posiciones de confrontación que ya hablan de recurrir a expropiaciones, lo que implicaría dejar a un lado el diálogo. ¿Alguien en su sano juicio supone que todavía hay derecho de vía en el libramiento?

5.- Moisés Armenta Vega, oficial mayor del Colegiado Nacional de Administración y Finanzas del SNTE, acudió ayer al Congreso de Morelos a tomar posesión de su cargo como diputado suplente en sustitución de Matías Nazario Morales, quien el martes fue registrado como candidato a diputado federal plurinominal y raíz de eso solicitó licencia temporal que vence el 8 de junio. Armenta Vega lleva varios lustros siendo una pieza importante en el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Lo recuerdo el 3 de febrero de 2010, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguró el Hospital Bicentenario del ISSSTE en Emiliano Zapata. Entre los oradores que intervinieron durante la ceremonia inaugural destacó Armenta. ¿Pero por qué tomó la palabra en el importante escenario? Porque desde dos años antes, junto con Juan Díaz de la Torre, hoy líder nacional del SNTE, contribuyó a desactivar el movimiento magisterial surgido en 2008 y a poner orden en la Sección 19 hoy a cargo de María Eugenia Ocampo Bedolla. El coordinador general de dicho Colegiado es Alfonso Cepeda Salas, quien también es apoyado por Yolanda Martínez Mendoza en el área de Patrimonio Sindical. El hecho de que el Colegiado dispone de personal suficiente para manejar las finanzas del Sindicato hace suponer que Armenta Vega encontrará la forma de cumplir el cargo de diputado en Morelos y su cartera nacional. Aunque tiene familiares en Mazatepec, no ha dejado de residir en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca.

6.- El Congreso local aprobó ayer reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal para Morelos con la finalidad de establecer nuevas hipótesis para la configuración del delito de abigeato, aumentar las sanciones por la comisión de este ilícito e integrar nuevas especies que no están consideradas en la legislación. Lo deseable es que la normatividad sea debidamente aplicada a lo largo y ancho de nuestra entidad, frente a un flagelo para nada combatido por la Fiscalía General a cargo de Rodrigo Dorantes.