2.- Es importante recordar que el diputado de marras no es originario de Cuernavaca, sino de Jiutepec, cuyo séptimo distrito dice representar ante el Congreso de Morelos. Por lo anterior es comprensible su ignorancia respecto a lo que ha sucedido durante muchas décadas con la ocupación del derecho de vía, no solo en el libramiento Cuernavaca, sino en otras zonas de la capital morelense y los municipios colindantes. Lo ocurrido con los predios aledaños a la multicitada vía de comunicación no es algo nuevo, pues fue tolerado por las autoridades de los tres órdenes gubernamentales quizás por falta de visión ante lo que provocaría el desarrollo urbano irregular de nuestra capital y el impresionante crecimiento del parque vehicular. Nunca nadie se preocupó al respecto. Así las cosas, quienes se aventuraron a construir sobre el derecho de vía fueron generando derechos, reconocidos inclusive mediante la fe notarial y la respectiva escrituración en el Registro Público de la Propiedad. Un ejemplo más en torno a la misma problemática lo tenemos en la avenida Domingo Díez, desde su entronque con Poder Legislativo hasta la Glorieta la Paz. Conclusión: el diputado Albarrán Salazar recibió una merecida felpa, simple y sencillamente porque olvidó el antiguo proverbio: “Para todo hay un tiempo bajo el sol; tiempo para hablar y tiempo para callar”. Me parece que debió hacer lo segundo.

3.- Como se esperaba, ayer los diputados locales aprobaron la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con lo que se consolida la intención de crear una entidad superior del ramo que contribuya de manera efectiva a la fiscalización sobre el uso de los recursos públicos de la entidad, de tal manera que se ponga freno a las tropelías que han sido del dominio público en cuanto a malos manejos de las autoridades, particularmente de los municipios, que fueron encubiertas por malos auditores que, se presume, se llenaron los bolsillos de dinero mal habido. Ningún auditor fue castigado por eso, menos algún legislador que le haya ordenado actuar al margen de la ley, pero sí está el antecedente del ex auditor Gerardo Casamata, a quien la justicia halló culpable de anomalías orientadas a favorecer que un ex munícipe evitara responder por presuntas irregularidades financieras en su administración. Una de las primeras preguntas que a partir de esta ley se deberán responder, se relaciona con lo que pasará con aquellos expedientes de manejos oscuros en municipios como Jiutepec. ¿Será que viene el “borrón y cuenta nueva”?

4.- El sindicato del Poder Judicial convenció al diputado panista Javier Bolaños de sumarse a su bando en la lucha por dejar de ser tratados como pordioseros año tras año, cuando se trata de reclamar las despensas que ya les corresponden como derecho ganado. Son tratados, acepta el legislador, como trabajadores de segunda, porque cada año deben pedir, negociar, suplicar o, en el otro extremo, recurrir a medidas de presión para conseguir que se liberen los recursos destinados a  esa despensa, que representan alrededor de 1.5 millones de pesos anuales. Bolaños se subió a este barco a presentar ayer una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para que quede bien establecido ese recurso y su destino en el presupuesto de cada año. Leticia Castro, lideresa del sindicato del Tribunal Superior de Justicia, junto con los miembros de su comité, estuvo ayer en el Congreso para respaldar esa propuesta.

5.- El 12 de julio de 2013 el Cabildo de Cuernavaca aprobó un convenio relacionado con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del gigantesco asentamiento humano irregular que propios y extraños conocemos como Patios de la Estación. Se suponía que aquello contribuiría a la solución de muchos problemas enfrentados por las alrededor de mil 400 familias, pues contarían con certeza jurídica mediante la regularización de sus predios, amén de que se llevarían a cabo trabajos adicionales tendientes a resolver problemas de infraestructura. La idea sonaba muy bien: a partir de aquel acuerdo los ciudadanos tendrían beneficios sociales y servicios públicos, a saber drenaje, alumbrado público, alcantarillado, etcétera. Pero me parece que el objetivo central destacaba sobre cualquier otro proyecto: la regularización, a fin de conseguir la certeza jurídica sobre las alrededor de 22 hectáreas hasta hoy ocupadas.

6.- ¿Con quién se pactó aquel convenio? Con la arquitecta Laura Luz Galván Aranda, responsable de la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de los Patios de la Estación, a quien la administración de Manuel Martínez Garrigós contrató para elaborar el documento ejecutivo, cuyo costo ascendió a 2 millones 24 mil 524 pesos. Se suponía que los honorarios de Galván Aranda serían liquidados con recursos provenientes del crédito que por 600 millones de pesos le fueron autorizados a la comuna cuernavacense. Sin embargo, llegó el 12 de julio de 2013 y fue hasta entonces cuando los regidores y el alcalde Jorge Morales Barud aprobaron pagarle a la arquitecta alrededor de 823 mil 282 pesos que se le debían… en tres abonos. Quiero creer que los pagos parciales ya concluyeron y que el mentado Programa Parcial ya puede utilizarse a plenitud, lo cual todavía no se observa.

7.- Y no tengo la menor duda de que a pesar de disponer de tan importante documento, la administración no puede avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos trazados, simple y sencillamente por carecer de recursos. Hasta el momento de redactar la presente columna nada se había anunciado sobre el inicio de la anhelada regularización, ni tampoco se ha resuelto la problemática inherente a los servicios públicos. Por todo lo antes expuesto es comprensible la irrupción de un joven durante la visita del gobernador Graco Ramírez a las obras de remodelación del Parque Cuauhtémoc, sito frente a la antigua estación del ferrocarril de Cuernavaca, reclamando la falta de solución a los problemas ancestrales de la zona. De alguna u otra forma, los nueve millones de pesos ahí invertidos servirán para algo, pero no resuelven los agravios fundamentales. Espero ver pronto ahí una nueva intervención de los tres órdenes de gobierno, porque hoy por hoy los Patios de la Estación siguen siendo el prototipo de la negligencia y la indiferencia.