Aquí es importante identificar las distintas clases de servicios que otorgan a la ciudadanía, ya sea en la administración general (por ejemplo un gobernador), la administración especial (el encargado de la hacienda pública), para la instrucción pública (los docentes), en la judicatura (jueces y magistrados), en la diplomacia (embajadores y cónsules) o finalmente los consejeros de estado sin otra misión que la de informar.

2.- La categorización general es abundante, pero por razones de espacio hoy solo me referiré a quienes son servidores públicos federales, estatales y municipales, de conformidad a la estructura administrativa de su adscripción; y a las autoridades o agentes, según su potestad de mando. Para esta columna es importante reflexionar sobre los servicios que cada funcionario proporciona en virtud de su nombramiento, aunque también es necesario recordar que algunos servidores públicos no tienen poder de decisión, disposición de la fuerza pública o representación estatal alguna. Así las cosas, existen funcionarios que disponen de poder jerárquico con respecto de los empleados y los demás funcionarios inferiores, poder que deriva en capacidad de mando, decisión y disciplina, Aunque la conceptualización hace voltear hacia autoridades militares, agentes ministeriales o policías, también nos referimos a los denominados mandos medios y a parte de los mandos superiores, desde jefe de unidad departamental hasta subsecretarios y altos funcionarios. ¿Qué relación tiene lo antes expuesto con la columna de este día, gentiles lectores? Mucha. Desglosemos.

3.- Las dirigencias estatales de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRI y PAN) impugnaron anteayer el hecho de que el PRD hubiera acreditado como sus representantes en casillas de votación de Cuernavaca –durante los comicios de este domingo- a 18 funcionarios estatales, que a continuación mencionare: Blanca Estela Almanzo Rogel, secretaria de Desarrollo Social; Alberto Barona Lavín, secretario de Administración; Patricia Izquierdo Medina, secretaria de Obras Públicas; Topiltzin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable; Juan Carlos Valencia Vargas, secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; Ricardo Robledo Chávez, subsecretario de Gobierno; Omar Darío De Lassé Cañas, subsecretario de Asesoría y Atención Social; Sergio Arturo Beltrán, subsecretario de Evaluación y Seguimiento; José Francisco Trauwitz, subsecretario de Turismo; Armando Sanders, tesorero del Estado; Mariana Alva Cal y Mayor, representante del Poder Ejecutivo en el DF; Sergio Soto Cámara, director General de Administración de la CEA; Alexis Ayala Gutiérrez, director del Instituto de la Juventud; Andrik Ruiz De Chávez, director de Administración de los Servicios de Salud; Marcela Estrada Flores, coordinadora de Prestaciones Asistenciales y Servicios Generales; Argelia Chávez Herrera, subdirectora de Informática Unidad Administrativa; Raúl Medina Nava, jefe de Departamento de Recursos Material del Instituto del Deporte  y Cultura Física; y Javier Martínez Sotelo, jefe de Departamento Administrativo del Instituto del Deporte y Cultura Física.

4.- El argumento esgrimido por el PRI y el PAN es que dichos servidores públicos podrían ejercer presión sobre los electores el día de la votación, desde luego para favorecer al partido gobernante (PRD), lo cual ha sido la esencia de diversas tesis jurisprudenciales emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Electoral de la Federación (TEPJF) desde su creación hasta ahora. No transcribiré lo que concretizan tales resoluciones, también por razones de espacio, pero sí puedo asegurarles que el asunto está lo suficientemente discutido como para aplicar lo que versa la canción del popular Juan Gabriel: “¿Pero qué necesidad, para qué tanto problema?”. Sobre el mismo tenor consulté el excelente ensayo titulado “La presión sobre electores por presencia de autoridades de mando superior”, del doctor Luis Efrén Ríos, catedrático de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, quien indica que el argumento indiciario señala que “el funcionario público, por las relaciones que entabla con los vecinos que conoce y que van a votar, como por la prestación de los servicios públicos, las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento de licencias, permisos o concesiones, la imposición de sanciones, etc., puede generar que los votantes teman en su relación con la autoridad, porque la posición de subordinación puede motivar en el ánimo interno del ciudadano que su relación se pueda ver afectada, en diferentes formas, en función de los resultados de la casilla”.

5.- La presencia del funcionario puede ser percibida por los electores como una fiscalización de la actividad electoral (sobre todo si los funcionarios involucrados tienen la operación de programas sociales), con la tendencia a inclinar el resultado a favor del partido o candidato de su preferencia, que son generalmente conocidas en razón del partido gobernante. Agrega Luis Efrén Ríos: “Esta es la descripción de las razones que se expresan para justificar la decisión de anular casillas por presencia de autoridades de mando superior como representantes del partido político en el gobierno”. Y aunque el catedrático señala la condición abstracta de las jurisprudencias del TEPJF, los jueces todavía resuelven a partir de lo mismo: los servidores públicos de mandos superiores están impedidos de participar en las casillas de votación como representantes de partidos. Y yo digo: en el actual contexto de acusaciones y versiones sobre una “elección de estado”, es preferible que los funcionarios enlistados omitan su participación. A ver.

6.- Y en más con respecto a la misma frecuencia diré que el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, ofreció ayer la visión del gobierno estatal de cara a las votaciones de este domingo: todo está en paz y no hay focos rojos. El funcionario ofreció una rueda de prensa para hablar de la política interna y la seguridad, pues en ambas es el funcionario mayor, por debajo del gobernador, y expuso que no se advierte la posibilidad de alteraciones en las zonas donde se tiene detectada actividad de la delincuencia –en varios municipios hay operativos especiales de seguridad por esa razón- ni tampoco posibilidad de enfrentamientos entre grupos militantes de diversos partidos políticos. Destaca la declaración del funcionario porque es la seguridad, la garantía de que su integridad física no está en riesgo, uno de los principales factores que permitirán al ciudadano decidirse a ejercer su derecho y cumplir su deber de acudir a las urnas este domingo. El secretario de Gobierno también señaló como falsa la versión difundida por el PRI y el PAN en cuanto a que varios servidores públicos de alto nivel en el gobierno estatal estaban designados como funcionarios de casilla, mientras que sobre este tema el Impepac informó que revisó las listas y no encontró nada de lo que acusaron los citados partidos políticos.