Lunes, 22 Junio 2015 03:00

Municipios: la salvación

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Cuauhtémoc: impugnado

1.- El Congreso local ha enviado señales a los alcaldes, a través de algunos diputados con peso específico en la legislatura 52, como el panista Javier Bolaños, de que hay disposición para apoyar la creación de un fideicomiso para solventar sus compromisos financieros de cierre de administración, incluso mediante la condonación de deudas con el gobierno estatal o la absorción por éste de las que los municipios tienen en laudos y otros rubros. 

Pese a ello en algunos ayuntamientos ya se están tomando medidas extremas, como el recorte de personal. Así lo hizo Xochitepec, recientemente fue anunciado por Jiutepec a través de su alcaldesa Brenda Salgado Camacho y también lo está realizando en Zacatepec el alcalde Juventino López Serrano. El adelgazamiento de la nómina se repetirá conforme se acerque el fin de año prácticamente en todos los municipios y eso contribuirá a generar conflictos sociales y a enrarecer el ambiente político de la entidad, como ocurre cada tres años y en algo que deriva en los problemas de laudos enfrentado por los municipios. Otro espacio donde se darán despidos, también como cada tres años, es el Congreso, donde deberán ocurrir a más tardar en agosto, pues los nuevos diputados tomarán posesión de sus cargos el 1 de septiembre y llegarán con una pléyade de colaboradores. A ver.

2.- A la legislatura 53 arribarán varios ex alcaldes cuyo paso por las administraciones locales fue marcado por la malversación. Según el todavía diputado local del PRI Humberto Segura Guerrero, quien contendió el pasado 7 de junio por el partido tricolor como candidato a diputado federal y fue derrotado por Ángel García Yáñez (a nombre del Partido Nueva Alianza), indica que los ex alcaldes y futuros legisladores locales no están libres de aclarar posibles malos manejos de fondos públicos. Los personajes aludidos por Segura Guerrero son Hortencia Figueroa Peralta, ex presidenta municipal de Jojutla; José Manuel Tablas Pimentel, de Ciudad Ayala; Julio Espín Navarrete, de Puente de Ixtla, quien dejó en bancarrota al Ayuntamiento; y Francisco Navarrete Conde, de Tepoztlán. Segura Guerrero agregó que sobre dichos diputados electos pesan observaciones administrativas y resarcitorias elaboradas y turnadas al Congreso por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). Cabe señalar que el propio Humberto Segura Guerrero enfrentó a las huestes de la extinta Auditoría Superior de Fiscalización, entonces a cargo del priísta Luis Manuel González Velázquez, como también lo hicieron Manuel Martínez Garrigós, de Cuernavaca, y Joaquín Carpintero Salazar, de Tlaltizapán. Empero, los pliegos de observaciones contra Carpintero y MMG no han sido solventadas, en tanto los respectivos ex alcaldes se perfilan hacia la culminación de la legislatura 52.

3.- El fin de semana vino Sedot Sánchez Carreño, secretario jurídico del CEN del PRI, para anunciar que su partido exigirá ante las instancias jurisdiccionales correspondientes la nulidad de la elección a presidente municipal en Cuernavaca “por la comisión de diversas irregularidades y violaciones durante el proceso por parte de las autoridades electorales estatales y municipales”. Añadió que el tricolor promoverá la reposición de la elección pues “no existieron condiciones de equidad entre los competidores durante el proceso, imparcialidad por parte de las autoridades competentes y de certeza durante la campaña electoral”. Indicó que también solicitarán la renuncia de los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales (Impepac), por ser corresponsables en el desaseo de los comicios. Es importante agregar que hasta el presidente del Tribunal Electoral del Estado, Hertino Avilés, se encuentra frente a la mira de los priístas por haber declarado que “las elecciones se ganan con votos y no con impugnaciones”. Pedirán su cabeza al Senado de la República. Etcétera. Habrá que ver el curso de la impugnación priísta para determinar si al “centro” le interesa en verdad el “Caso Cuernavaca” o simplemente es alharaca local tras la derrota.

4.- Comento lo anterior porque el recuento voto por voto en el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca -exigido por la coalición PRI-PVEM.PNA- concluyó este sábado casi a la medianoche con un amplio resultado a favor del ganador. El Partido Social Demócrata consiguió 39 mil 861 votos; la coalición PRI-PVEM-PNA, que tuvo como candidata a Maricela Velázquez, 31 mil 455 votos; y se contabilizaron 8830 votos nulos. Después les daré las cifras de otros partidos, pero hoy es importante señalar que el alcalde electo es Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien superó a Mary con 8 mil 406 unidades. Este es el resultado emanado de las urnas, pero falta ver el que decidan las autoridades electorales ante la judicialización del asunto.

5.- Cambiemos de frecuencia. El secretario de Movilidad y Transporte, Manuel Santiago Quijano, aceptó finalmente que tienen razón todas las voces que desde hace meses vienen señalando la existencia del “pirataje”. Anunció que este lunes iniciará la entrega de nuevas concesiones a los taxistas, lo que tal vez derive en la puesta en orden del sector, y que se iniciará un operativo de combate a los piratas, muchos de los cuales operan con permisos provisionales clonados. El funcionario estatal es mesurado al aceptar los yerros de la dependencia a su cargo, pero al menos es un inicio el hecho de que rompa el silencio y acepte que algo debe hacer para terminar con la anarquía prevaleciente por la inactividad, corrupción o negligencia de los funcionarios que él encabeza. Una anarquía que poco es señalada por los dirigentes de taxistas porque son ellos quienes se benefician de la misma, pero que es sufrida por la sociedad al enfrentar los abusos cotidianos en el cobro del servicio de taxi y también los crímenes que se llegan a cometer con unidades de este servicio.

6.- La semana anterior se enfrentaron en Jiutepec permisionarios y choferes de las rutas 8 y 18 de la zona metropolitana, y en la zona oriente trascendió la pelea también entre concesionarios y choferes de las rutas 33 y 16. En ambos casos el pleito fue por derroteros que, a decir de los propios afectados, han sido asignados a los ruteros sobre la base de la corrupción que ha reinado siempre en la dependencia encargada del transporte. En ambos asuntos la culpa no es de los actuales funcionarios del ramo, al menos no toda, pero sí queda claro que entre sus responsabilidades se encuentra la de ordenar a las diferentes rutas del sistema de transporte colectivo. En Jiutepec se pelean los derroteros, que representan dinero, las rutas 8 y 18, y es curioso porque originalmente ninguna de ellas llegaba hasta ese municipio, al menos hasta el centro. Hasta donde recuerdo, la 8 inició recorriendo de Alta Vista a Atlacomulco y la 18 de la Cuauhtémoc a Guacamayas, pero con el paso del tiempo y unos billetitos aceitando las manos de funcionarios y dirigentes gremiales, su recorrido se ha incrementado. En la zona oriente el lío tiene que ver con la rentabilidad que para los ruteros tiene el Parque Industrial Yecapixtla… Gran polémica causó la designación de Martha Patricia Bandera Flores como diputada local electa del Partido del Trabajo. Le endilgan el sello priísta. A ver.

 

 

Guillermo Cinta

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