Dicho cuerpo colegiado votó este primero de julio a favor del denominado Sistema Estatal Anticorrupción, con el cual se invade la esfera de nuestra máxima casa de estudios. Los universitarios se movilizaron con el propósito de echar abajo la reforma en lo concerniente a dotar al Congreso local de la facultad de nombrar un contralor interno para todos los órganos constitucionalmente autónomos, clasificación en la cual entra la UAEM junto con el IMIPE, el Impepac y otros. A pesar de que se encuentran en el inicio de su periodo vacacional, los inconformes reunieron un contingente respetable de dos mil personas, pero advirtieron sobre su capacidad para reunir más de diez mil, como lo han demostrado en otras ocasiones, verbigracia cuando se exigió justicia por el asesinato del catedrático Alejandro Chao Barona y su esposa. La marcha partió del Calvario y llegó al Congreso sobre la calle de Matamoros, gritando consignas en contra de los diputados Lucía Meza y Javier Bolaños, quienes presentaron la iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción, y también en contra de todos los legisladores, llamándolos agresivamente a recibirlos con frases como: “Diputado, ojete, atiende a la gente” o “Diputado, vendido, sal para hablar conmigo”.
2.- El grupo de universitarios se posesionó del Congreso de manera “pacífica”, si es que algo de pacífico tiene el hecho de que dos mil personas se lancen contra una decena de agentes de seguridad del Congreso para colarse al recinto legislativo y luego para obligar a la apertura del salón de sesiones, donde se esperaba que hicieran realidad su amague de quedarse a pernoctar para esperar la sesión de este miércoles, donde exigen que se meta reversa al mentado sistema anticorrupción. Una comisión de los quejosos fue recibida por legisladores de la Comisión de Educación, entre ellos el petista Alfonso Miranda Gallegos y el verde Roberto Fierro Vargas, pero no llegaron a ninguna conclusión a pesar de que el Poder Legislativo, a través del presidente de la Junta Política, el panista Javier Bolaños, manifestó mediante un comunicado oficial la disposición de ese órgano de gobierno, que concentra a todos los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias, de sentarse con los universitarios a revisar la propuesta del Sistema y su presunta violación a la autonomía universitaria. Desde la noche del martes, luego de que el rector Vera y otros representantes de la comunidad universitaria se reunieran con autoridades estatales (encabezadas por el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina), se aseguraba en círculos legislativos que no habría marcha atrás en el sistema anticorrupción, pero ayer voces influyentes en la legislatura, como la del perredista Juan Ángel Flores Bustamante, aludían a la necesidad de corregir el rumbo y resolver el conflicto generado con la UAEM, un conflicto que es tomado por la directiva de la institución como un atentado no de los diputados, o no solo de ellos, sino de la administración estatal. Como siempre la figura gubernamental fue sacada a flote, aunque no tenga vela en el entierro.
3.- El Congreso tiene líos en otros frentes además del universitario, a causa de su polémico sistema anticorrupción y debido a que, según afirman los quejosos, nadie fue consultado y se evidencia un interés ilegítimo de sus promotores al proceder de manera tan apresurada. Mientras aumenta el número de quienes cuestionan la avidez de los todavía diputados para apropiarse de las plazas burocráticas que se generarán alrededor del nuevo sistema anticorrupción, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, dejó en claro que en el Poder Judicial también hay inconformidad y hasta coraje por la aprobación de este Sistema, realizado casi al vapor y a través del “fast track” por los legisladores locales la semana anterior. La magistrada presidenta del Poder Judicial advirtió lo que en muchos foros se ha dicho: el Sistema Estatal Anticorrupción fue aprobado sobre las rodillas y por tanto no considera todas sus aristas operativas, además de que debió tomar opinión a todos los involucrados, como el propio TSJ y la UAEM, y no lo hizo.
4.- Por ello el Poder Judicial analiza la presentación de una controversia constitucional una vez que se concrete la reforma constitucional del Sistema, que depende de la aprobación de al menos 17 municipios de los 33 existentes de la entidad, para que sea declarada su validez. Me parece, pues, que la comunidad universitaria y el Poder Judicial conseguirán la paralización del multicitado sistema anticorrupción y su transferencia a la legislatura 53, la cual será instalada a finales de agosto para iniciar su primer periodo ordinario de sesiones el primero de septiembre. Asimismo, es vital que quienes todavía son diputados se serenen y hagan un alto en el camino. Además de abrir nuevos frentes de batalla en la ya de por sí complicada arena pública de Morelos, están evidenciando el interés de los jefes del Congreso para la realización de pingües negocios. En concreto: la legislatura 52 está a punto de pasar a la historia como la peor, superando a algunas de sus antecesoras. Como dijo el popular Juan Gabriel: “¡Pero qué necesidad! ¡Para qué tanto problema!”.
