Bajo esta conceptualización, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, ha conseguido posicionarse, desde el año pasado hasta ahora, al frente de un nuevo liderazgo político y social aunque aprovechando su importante cargo. Las oportunidades se le presentaron frente a cuestiones estrictamente vinculadas a nuestra máxima casa de estudios y supuestas acechanzas externas, ajenas a la vida de la comunidad universitaria. Así las cosas, Vera Jiménez vio incrementado su capital político por haber defendido a la UAEM… porque esa era su responsabilidad. No le quedaba de otra, sobre todo considerando las más importantes decisiones asumidas por el máximo órgano de gobierno de la institución: el Consejo Universitario. O cumples, o cumples.

2.- Y luego del reciente conflicto entre la UAEM y el Congreso local, Vera Jiménez ha podido verter –frenético- la siguiente expresión, ciento por ciento política: “Somos una institución del pueblo, una institución ciudadana que se debe a la gente y tenemos que ser abiertos y transparentes y creo que lo estamos haciendo (…) Hago un reconocimiento a los pueblos de Morelos que manifestaron su respaldo a la UAEM” (La Jornada Morelos, julio 10 de 2015). Vera Jiménez concluyó anunciando que “se mantendrá el trabajo conjunto (desde la Universidad) en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que viven las comunidades morelenses”. No se requiere ser experto en el análisis político para interpretar las reflexiones del rector sobre la arena pública estatal. Aunque ha ratificado su actual compromiso con nuestra máxima casa de estudios, nadie en su sano juicio descartaría que dentro de dos años será distinto su escenario. Y si no, al tiempo. Como muchos personajes que anhelan el poder, también tiene su corazoncito.

3.- Sin embargo, más allá de las opiniones de algunos observadores políticos, en el sentido de que Vera Jiménez es “el líder que requiere Morelos”, al multicitado servidor público todavía le falta por concluir el expediente que la Auditoría Superior de la Federación le tiene abierto a la UAEM, tema que parece haber quedado en el olvido y que repercute en la imagen de transparencia y rendición de cuentas propugnada por los jefes de la comunidad universitaria. Nada más alejado de la realidad. El 26 de mayo del presente año me referí al conflicto que estalló en la UAEM el jueves 21 del mismo mes, con un paro de labores dizque debido a la intromisión del Poder Ejecutivo en la vida interna de la Universidad. Lo que escribí allá y entonces jamás fue aclarado y al parecer sigue latente. Señalé lo siguiente: “El conflicto fue ficticio y obedeció al intento del rector de distraer la atención por la reciente notificación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le hiciera al Órgano Interno de Control de la institución, en el sentido de que las observaciones hechas por los convenios celebrados con la Secretaría de Desarrollo Social, relativos a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, no fueron solventadas y por tanto, deben iniciarse en un periodo de 30 días los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad a que haya lugar”.

4.- Añadí lo siguiente: “Fuentes cercanas a la administración central de la UAEM me informaron que el Órgano Interno de Control recibió hace 13 días la Promoción de Responsabilidad Administrativa número 13-9-99025-12-1426-08-001, donde se le exige que en un término de 30 días inicie las investigaciones pertinentes en contra de los servidores públicos universitarios que con sus actos u omisiones permitieron las irregularidades detectadas en la Auditoría Forense identificada como 13-4-99025-12-1426, practicada por la Auditoría Superior de la Federación, cuyo informe final determina como no solventadas (…) Debido a que el contralor interno, Miguel Ángel Flores Mendoza, no ha cedido a las presiones del rector Vera Jiménez, éste pretende destituirlo del cargo, cosa que legalmente sólo puede hacer la Junta de Gobierno, misma que sin embargo se niega rotundamente a hacerlo. Los conflictos entre ambos personajes no son recientes e incluso han escalado hacia otras instancias, como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, misma que al resolver el expediente 466/2014-3 emitió una recomendación al rector para que ‘se abstenga de realizar actos de molestia en contra  del C.P. Miguel Ángel Flores Mendoza’, pero el rector se negó a admitir la recomendación, lo que fue certificado por la propia CDHEM en acuerdo de fecha 29 de abril de 2015.

5.- Así las cosas, los “asesores” del rector idearon la manera de que la comunidad universitaria y la sociedad en general repudiara el trabajo que se hace en las instancias responsables de garantizar la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos que integran el patrimonio universitario. Y se fabricó un conflicto que no tenía razón de ser, pero que sirvió para los propósitos planeados: primero victimizarse acusando persecución y ataques a la autonomía; luego surgir en el Consejo Universitario como el salvador de los derechos laborales de jubilados y pensionados y finalmente la cabeza del contralor interno incómodo en la bolsa, antes de que éste se convierta en su verdugo por las observaciones de la ASF. Conclusión: la fiscalización, el control interno, la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo impoluto de los recursos públicos en la UAEM todavía están sometidos a juicio. Que se sepa, desde Rectoría no se ha procedido en contra de nadie. A ver.

6.- Cambiemos de frecuencia. La clase política en lo general, y en particular los abogados que hacen política, gozan de un descrédito que los inhabilita para ocupar sitios de toma de decisiones, para pedir cuentas de lo que hacen las autoridades y hasta para opinar. Eso al menos ante los ojos de quienes se desempeñan al frente del gobierno morelense, donde el más reciente episodio es la ridiculización pública que del diputado Carlos de la Rosa ha hecho el comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, al exponer las razones por las cuales no presentará ante los diputados un informe de lo que hace la CES para combatir a la delincuencia, y principalmente en lo que llama información “fina”, que entiendo es aquella sobre la que se debe mantener reserva porque sería peligroso que cayera en las manos equivocadas ya que entonces podría ser aprovechada para favorecer al hampa. La postura de Capella acaso escandalizará a los abogados, pero no se debe olvidar que esta administración inició comprometiendo una amplia participación de los profesionales del derecho y después tuvo que recular, cuando entre quienes ambicionaban puestos como el de titular de la entonces Procuraduría General de Justicia, no lograron pasar exámenes de control de confianza. Así, en el Palacio de Gobierno se desconfía de los abogados porque de ellos tienen malos antecedentes, y dicen que cuando el río suena es que agua lleva, aunque suene mal justo en los días en que se celebrará el Día del Abogado.