En su versión del 1 de julio, esta facultad incluía a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y eso generó el conflicto que llevó a los legisladores a recular luego de que los universitarios tomaron el Palacio Legislativo el martes y miércoles de la semana pasada. La versión aprobada el miércoles 8 de julio, la cual está siendo analizada por el Constituyente Permanente que integran los 33 ayuntamientos, deja fuera a la UAEM pero sigue considerando a otros organismos como el IMIPE y la Comisión de Derechos Humanos. El IMIPE emitió el martes anterior un comunicado en el que se manifestaba a favor de los términos del sistema anticorrupción, lo que en círculos políticos se entendió como la sumisión de los consejeros del órgano garante de la transparencia, particularmente porque hoy es presidido por una perredista, Mireya Arteaga Dirzo.
2.- Sin embargo, las filias de la presidenta de la CDHEM, Lucero Benítez Villaseñor, son más cercanas a los opositores al gobierno graquista, particularmente el grupo del diputado federal electo Matías Nazario Morales, y este organismo, junto con el Tribunal Superior de Justicia que dirige Nadia Luz María Lara Chávez –a quien se considera enemiga de la presidenta del Congreso Lucía Meza Guzmán- tendría interés en oponerse también a la determinación del Congreso respecto del sistema anticorrupción. Tales datos son dignos de tomar en cuenta ante el anuncio del rector Alejandro Vera Jiménez, en cuanto a que la UAEM acompañaría las protestas de otros organismos opositores a la determinación del Congreso de nombrar a los contralores internos, y también con relación a que la idea de someter a juicio político a los diputados por este tema, no ha fenecido. Conclusión: las intenciones de los diputados morelenses para frenar la corrupción en nuestra entidad se toparon con vicios estructurales difíciles de demoler. Los temas de “autonomía” son el pretexto para ocultar lo real: el manejo discrecional de recursos.
3.- Cambiemos de frecuencia. El Congreso celebrará este martes su penúltima sesión y el miércoles tendrá una solemne para entregar el Premio “Antonio Díaz Soto y Gama” en el marco del Día del Abogado que se celebró el domingo, para después clausurar el último periodo ordinario de esta legislatura. Sobre la sesión del martes hay quienes apuestan a que será larga por el número de asuntos que aún les interesa a los legisladores desahogar, pero que no entrarán a la discusión y votación de los temas polémicos de la Cooperativa Cruz Azul y la concesión del alumbrado público, según porque ya aprendieron la lección luego de que los universitarios los pusieron en ridículo frente a todo el país con el sistema anticorrupción al que debieron recular en parte. Sin embargo, en los medios de comunicación se está reflejando una campaña del Poder Ejecutivo para socializar el tema de la basura y la Cooperativa Cruz Azul, en particular mediante la Secretaría de Desarrollo Sustentable que encabeza Topiltzin Contreras.
4.- Lo anterior permite pensar que los impulsores de este proyecto, lejos de pensar en retirarlo de la cancha del Congreso, están más cerca que nunca de concretarlo. Podría ser votado pronto. El gobierno estatal, sin tener aprobada la participación de la Cruz Azul en la disposición final de los residuos sólidos, avanza en la construcción de varios centros de valoración de la basura. Uno de los primeros mensajes emitidos por el gobernador Graco Ramírez tras su retorno de Francia fue acompañado por una fotografía de algún tiradero a cielo abierto, indicando lo siguiente: “Esto es lo que ocurre en territorio de Morelos. Los que se oponen quieren que así siga”. ¿Quiénes se oponen? A juzgar por las apariencias, determinados grupos parlamentarios. Por cierto, el mandatario se refirió ayer temprano a la segunda fuga de “El Chapo” Guzmán bajo el siguiente tenor: “Al confirmarse la fuga de Joaquín Guzmán Loera se ratifica la grave y lamentable crisis de seguridad del Estado Mexicano (…) De urgencia he convocado al Grupo de Coordinación Institucional de Seguridad Morelos. Nos mantenemos alerta”.
5.- De no resolver sus polémicos temas pendientes en las pocas horas que le quedan del periodo ordinario, el Congreso podría cumplir en agosto la convocatoria al periodo extraordinario del que ya han advertido tanto Lucía Meza como Javier Bolaños, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política, respectivamente. Convocar a ese periodo sería fácil para el perredismo, dado que tendrá el control de la Diputación Permanente: la perredista Lucía Meza es la presidenta, Erika Hernández Gordillo de Nueva Alianza es vicepresidenta, los secretarios son Fernando Guadarrama (MC) y Antonio Rodríguez (PRI), y el quinto diputado, nombrado hace unos días, será José Antonio Albarrán (PRD). El único que no vota formalmente alineado con las izquierdas y con el PRD es el priísta Rodríguez, pero en temas importantes se ha sometido a los designios del Palacio de Gobierno hasta provocar reclamos de su dirigente estatal, Rodolfo Becerril. Así, la posibilidad de un periodo extraordinario está latente, lo que faltaría es que los diputados lo justifiquen de acuerdo al marco legal. Estaremos pendientes y después diremos.
6.- Han dejado de tener impacto mediático provisionalmente los conflictos jurídicos derivados de las elecciones locales, pero eso no implica que esté todo resuelto o que los impugnadores hayan desistido de sus demandas. Al menos una docena de asuntos relativos a comicios municipales y a diversos distritos locales se encuentran en curso, y a la fecha aún hay duda sobre lo que pasará, por ejemplo, con la integración de la lista de candidatos a diputados plurinominales, pues quienes reclaman la paridad de género sostienen que está latente la posibilidad de que a final de cuentas se queden sin curul tanto el priísta Francisco Moreno como el panista Víctor Caballero, y por supuesto que no entre el perredista José Luis Correa. En tanto, las oficinas del Cuarto Consejo Distrital Local del Impepac continúan tomadas por simpatizantes de la coalición PRI-PVEM-PNA, que se apoderaron de ellas luego de que las liberaron los del PAN, quienes a su vez las tomaron para impedir un recuento de votos que finalmente no se dio, pero sigue el lío por la diputación que hasta ahora permanece en manos del panista Alberto Mojica. Y de la impugnación al proceso electoral de Cuernavaca ni hablamos, ese asunto va para largo. Julio Yáñez Moreno, uno de los principales jefes del PSD-Morelos, incrementó ayer su ofensiva contra la priísta Maricela Velázquez Sánchez y el PRI que, desde luego, no aceptan su derrota frente a Cuauhtémoc Blanco, quien sigue ausente de nuestra capital. Lo sigue esperando Morales Barud para iniciar el proceso de entrega-recepción. A ver.
