La transmisión del poder municipal se efectuará sobre dos escenarios en las siguientes fechas: Blanco Bravo y el Cabildo que le acompañará en el trienio 2016-2018 rendirán la protesta de rigor el 30 de diciembre venidero, según lo contempla la Ley Orgánica Municipal. Y el primer día de 2016 comenzarán las actividades de la nueva administración con una sesión solemne de Cabildo, donde se oficializarán los nombramientos de nuevos funcionarios municipales. Desde luego, todo lo anterior dependerá de la resolución que en breve asumirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEE) respecto a la impugnación interpuesta por el PRI en contra de la elección municipal correspondiente a Cuernavaca. Y sobre este contexto de incertidumbre sigue trabajando Morales Barud para entregarle a su relevo las mejores condiciones económicas.
2.- Así las cosas, el ixtleco gestionó ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) la reducción de una deuda que el Ayuntamiento enfrenta por concepto de impuestos y retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esa disminución alcanzaría un 75 por ciento, lo cual significa que de 80 millones de pesos adeudados, la comuna pagará solo 20 millones. Sin embargo, para aprovechar la benevolencia del SAT el Cabildo autorizó (por unanimidad) la contratación de un crédito bancario a corto plazo por la cantidad de 20 millones de pesos, pagaderos a más tardar el 31 de diciembre de 2015. El pasivo corresponde a los ejercicios fiscales de 2012 y 2014. Morales Barud declaró ayer que esta acción representa una oportunidad para que el Ayuntamiento consiga un ahorro sustancial en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no signifiquen una carga para las siguientes autoridades locales. Por otro lado es importante comentar que el Cabildo aprobó este jueves un futuro convenio de coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Juan Carlos Valencia Vargas, a fin de llevar a cabo obras en conjunto y avanzar en el equipamiento de pozos y el desarrollo de infraestructura para aguas residuales y drenajes. A ver.
3.- Cambiemos de frecuencia. Las organizaciones Rutas Unidas y Federación Auténtica del Transporte, que agrupan a los permisionarios y choferes del transporte colectivo de la zona metropolitana de Cuernavaca, en combinación con las empresas que operan los llamados “Chapulines” y otras líneas, analizan la forma de responder a la ofensiva de las organizaciones de taxistas que presionan al gobierno estatal para autorizar la entrada al servicio, de unidades con mayor capacidad que un sedán, y menos que las de una ruta, para trabajar como lo que ellos llaman “taxi colectivo”. La idea ya es vieja y de hecho tiene vigencia de alguna manera en zonas como el poniente de la entidad, donde los taxistas hacen el servicio colectivo desde Alpuyeca, municipio de Xochitepec, hasta Coatlán del Río, pasando por Miacatlán, Mazatepec y Tetecala. O entre el centro de Cuernavaca y Huitzilac, donde existe un servicio sin reconocimiento oficial pero que se da desde la capital hasta Huitzilac cabecera, Coajomulco y Tres Marías, y respecto del cual ya nadie hace pleito, con excepción de los agentes de tránsito que lo usan para “morder” a los choferes.
4.- Aurelio Carmona Sandoval, de Rutas Unidas, y Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte, son objeto de presión de los concesionarios de las diversas rutas que lideran, con el propósito de que les expliquen con claridad los alcances de la pretensión de Víctor Mata Alarcón, dirigente de la Confederación de Representantes del Transporte Público en el Estado de Morelos, quien es el líder del movimiento que pretende el permiso gubernamental para poner en operación los “taxis colectivos”. Y entre los ruteros no hay ánimo de dialogar y conciliar con los taxistas que buscan meterse en sus terrenos, sino que las apuestas son al uso de medidas más radicales, como las protestas callejeras. Los permisionarios y choferes no son hermanas de la caridad, y como ejemplo a la mano está lo sucedido apenas en Jiutepec, donde operadores y concesionarios de las rutas 8 y 18 se enfrentaron a golpes por un derrotero, en un evento en el que resultó tundido Dagoberto Rivera. ¿Qué pasará si se enfrentan ruteros y taxistas por el tema de taxis colectivos, azuzados por la defensa o la ambición de las ganancias económicas?
5.- Quienes impulsan el servicio de taxistas colectivos no son improvisados ni promueven una ocurrencia. Evidencian que se mueven con el respaldo de personajes del sector oficial y se aprestan para iniciar en el corto plazo, quizás en cuanto comience la legislatura 53, movimientos de presión a los nuevos diputados locales para apresurar el análisis de la nueva Ley de Movilidad ingresada hace meses al Congreso por el Ejecutivo a través del secretario de Movilidad y Transporte, Manuel Santiago Quijano. Esperan la discusión de ese documento sobre la base de que en la actualidad todas las concesiones del servicio de transporte deben ser objeto de renovación, que el Estado es su propietario y que al momento de renovarlas sus titulares deben aceptar las condiciones establecidas por el gobierno. Los taxistas buscarán presionar a los ruteros en ese escenario hasta que acepten los “taxis colectivos”. Veremos si el plan les resulta o se arma otro pleito de pronóstico reservado.
6.- La diputada local perredista y próxima diputada federal por el tercer distrito, Lucía Meza Guzmán, puede sentirse satisfecha tras haber cabildeado entre los grupos parlamentarios adscritos al Congreso local la aprobación de la nueva Ley de Beca Salario, mediante la cual se institucionalizará el programa respectivo durante las próximas administraciones estatales. Como era de esperarse, el gobernador Graco Ramírez ponderó el trabajo realizado por el Congreso a favor de los estudiantes de tercero de secundaria hasta la educación superior. Al inaugurar ayer el nuevo Centro de Atención al Menor (CAM) en Temixco, Graco indicó que el nuevo ordenamiento será un instrumento legal de política pública, y quien llegue a la gubernatura estará obligado a mantener el programa de la Beca Salario. Son alrededor de 100 mil los estudiantes, de escuelas públicas, que mes a mes reciben el apoyo económico respectivo, con cantidades que van desde los 300 pesos en secundaria, hasta 500 pesitos en la prepa y 700 pesos en la universidad… Quienes deberán aclarar lo más pronto su situación son las titulares de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Morelos, antes de que entren al terreno donde lo defendible se torna indefendible. Quienes dirigen la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) las acusan de malversación de fondos. A ver.
