Y quise recordarlo hoy a escasos meses de que los próximos 33 presidentes municipales de Morelos asuman sus funciones, pues me parece que la mayoría llegará con las perversas intenciones de resolver sus circunstancias patrimoniales. Es decir: buscarán beneficiarse y favorecer a los suyos a través de los múltiples negocios discrecionales que a diario les surgen a las autoridades locales, aunque el problema se repite en otras instancias públicas. Hoy quiero transcribir las siguientes reflexiones de Benito Juárez en torno a la retribución de los funcionarios públicos. Fue en el año de 1858 cuando delineó la ruta de la verdadera austeridad republicana: “Bajo el sistema federativo los funcionarios no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”. Lamentablemente, a más de 157 años de aquella advertencia debemos reconocer el sentido contrario en que caminaron los empleos públicos y sus dotaciones.

2.- Los morelenses tenemos amplia experiencia sobre el tema. Propios y extraños constatamos los altísimos sueldos que se asignan los servidores públicos y cada fin de año la inmoral distribución de ofensivos aguinaldos. El tema siempre se ha ubicado en el centro del debate público, con la justificada irritación que en algunos sectores sociales provoca. Lo anterior ocurre así dentro de todo el mosaico nacional al margen del origen partidario de quienes cumplen funciones gubernamentales, y ello se debe al menos a los siguientes factores: 1) A la paradoja de que como la alternancia política ha traído un alto nivel de rotación de élites en las estructuras gubernamentales, entonces los funcionarios -al asignarse altos sueldos y bonos- indebidamente se otorgan lo que podría denominarse un “seguro de retiro forzado” que les permita sobrevivir durante el tiempo que consiguen otro empleo; 2) A los vacíos de nuestro sistema de administración pública que establece percepciones prescindiendo en lo absoluto de criterios de eficacia y productividad en el desempeño; 3) A los altos índices de discrecionalidad -ahora se le llama “autonomía” o “capacidad de autodeterminación”, según se trate de Ayuntamientos o poderes constituidos- que siguen prevaleciendo en la toma de decisiones gubernamentales; y 4) A la incontrovertible realidad de que en nuestro país el Estado aún sigue siendo la fuente principal del honor, el poder y el dinero, como si al frente del mismo tuviéramos a verdaderos sultanes.

3.- Conclusión: México sigue siendo muy generoso con sus funcionarios públicos prevaleciendo las máximas que creara durante la época ruizcortinista César Garizurieta (alias “El Tlacuache”), en el sentido de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” y que “la amistad se demuestra en la nómina”. La mayoría de nuestros gobernantes no han retrocedido un siglo atrás para poner en práctica lo que al respecto decía Juárez. No les importa. Y como muestra tenemos lo ocurrido la semana pasada en Zacatepec. Antes de solicitar licencia para contender por una diputación federal, el ex alcalde Abdón Toledo Hernández y los miembros del Cabildo acordaron incrementarse el sueldo al doble, quedando como sigue: 100 mil pesos en el caso del presidente municipal; de 35 a 70 mil pesos respecto al síndico, y de 30 a 60 mil pesos tocante a los regidores. Desde la decisión (a comienzos de año) hasta el 15 de julio pasado se aplicó la resolución, desde luego engordando el bolsillo de dichos funcionarios municipales, aunque con el rechazo social y la promesa del alcalde sustituto Juventino López Serrano y sus huestes en el Cabildo, de que las percepciones regresarían a su estado original a partir del 15 del presente mes, lo cual no se cumplió bajo mil pretextos. Habrá que esperar para ver cristalizada la promesa en la siguiente quincena y las subsecuentes. Mientras tanto volvió a patentizarse que con la justificación de la “autonomía municipal” y la “capacidad de autodeterminación”, los ediles asumen actitudes de dictadorzuelos. No tienen llenadera. Y ahí vienen los nuevos. Por cierto, con respecto a los alcaldes electos diré que Cuauhtémoc Blanco Bravo ya está en Cuernavaca, pero no asistió a la plenaria convocada por la Secretaría de Gobierno el jueves anterior. No le importó, pues sigue ensoberbecido. Ya lo veremos en el primer semestre del 2016. A ver si frente a la presión de los cuernavacenses no se baja de la nube en que andaba.

4.- Cambiemos de frecuencia. Frente a la problemática de la inseguridad pública en Morelos parece cosa menor la incidencia de 100 asaltos diarios que sufren los ruteros tan solo en Cuernavaca y la zona conurbada, de acuerdo con el dirigente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes. Se trata de atracos que ocurren ante muchos testigos y con frecuencia a plena luz del día, pues se dan cuando la ruta va en servicio y los asaltantes amagan al chofer y a los usuarios para después proceder a despojar a todos por igual. En ocasiones el o los asaltantes despojan de sus pertenencias a todos los pasajeros y al chofer, otras veces únicamente le quitan el dinero al operador, y en muchos casos no hay denuncia del hecho porque las víctimas no se animan a acudir ante las autoridades por considerar que ello implica solamente una pérdida de tiempo.

5.- Lo anterior ocurre dentro de un escenario donde la mayoría de servidores públicos de los tres órdenes gubernamentales no viaja en ruta. Por ello los asaltos a rutas podrían parecer insignificantes frente a otros hechos criminales de mayor impacto, como las extorsiones, los secuestros y, por supuesto, los homicidios, pero justamente en estos crímenes “menores” también se ha llegado al extremo de privar a alguien de la vida, y ese “alguien” ha sido generalmente un pasajero, un usuario que abordó la unidad sin razones para temer por su vida, que pagó su boleto y con él obtuvo el derecho a la seguridad que concesionarios y gobierno, juntos, están obligados a proporcionar, y no cumplen con ello. De los concesionarios habría que señalar la posibilidad de que estén siendo cómplices de los asaltantes en algunos casos, pues es de recordar la declaración del líder transportista Enrique Ramos Cepeda, quien no hace mucho sostuvo que hasta un 60 por ciento de los operadores son adictos a diversas sustancias. Esto implica que en la práctica la vida de los usuarios cada día esté en manos de gente que opera las unidades intoxicada por alcohol, cocaína, mariguana y otras drogas. ¿Cómo la ven, estimados lectores? Se reciben opiniones.