Jueves, 23 Julio 2015 01:00

Tlaquiltenango: las transas

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Anarquía entre los taxistas

1.- Este diario ha dado cuenta sobre el interés manifestado por habitantes de Tlaquiltenango para conocer si el Ayuntamiento, todavía presidido por Mauricio Rodríguez González, recibió o no de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el pago de 77 millones de pesos como resultado de una demanda que la comuna ganó a dicha empresa paraestatal ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Morelos. 

He de recordarles a ustedes que fue durante la gestión de Jorge Martínez Urioso (2009-2012) cuando se inició el procedimiento jurídico en contra de la CFE debido al no pago por la instalación de postes y cableado eléctrico encima del espacio público de Tlaquiltenango. Martínez Urioso y quien fuera su secretario en el Ayuntamiento, Eduardo Morales, demandaron desde 2012 la respectiva indemnización, pero fue hasta finales de 2014 cuando el asunto se resolvió a favor de las autoridades municipales. Sin embargo, nadie sabe para quién trabaja, amables lectores.

2.- La Unión de Morelos publicó ayer la convocatoria emitida por la Asociación de Productores Bovino Carne de Tlaquiltenango, en voz de su presidente Roberto Reza Quiroz, a fin de exigirle cuentas a la administración de Mauricio Rodríguez González con respecto al manejo de los 77 millones de pesos, si es que la CFE ya pagó. Este columnista recibió ayer -a través del Facebook- información fidedigna en el sentido de que la liberación de los recursos y el depósito a favor del Ayuntamiento ocurrieron hace varias semanas. Los 77 millones de pesos pudieron distribuirse así: 30 millones de pesos ya se aplicaron para obra pública y los 47 millones restantes fueron destinados al bolsillo del alcalde, su síndico y los regidores municipales, y los despachos de abogados que intervinieron. Por cierto, Reza Quiroz indica que la población ha observado la entrega de “obras infladas”, verbigracia un puente en la comunidad de Chachampalco, cuyo costo fue de 1.8 millones de pesos, según la información difundida por el alcalde, pero que en realidad no valía ni 800 mil pesos.

3.- El enriquecimiento inexplicable de quienes integran el Cabildo o lo que es lo mismo, “pueblo chico, infierno grande”. En una comunidad como la de Tlaquiltenango, donde todos se conocen y saben la procedencia de determinadas fortunas, no es ningún secreto que el alcalde Rodríguez González, el síndico Ramiro Pérez Montes y los regidores municipales David Dircio García, José Almanza Alcaide, Nohemí Ramírez Salgado, José Córdova García y Gabriel García Vara disponen de automóviles nuevos y dinero. Prevalece la creencia de que a través de prestanombres cada uno recibió alrededor de millón y medio de pesos y de que están explorando la posibilidad de que a finales de 2015, independientemente de los aguinaldos, cada concejal se embolse un bono de retiro. Conclusión: nadie sabe para quién trabaja. Jorge Martínez Urioso, quien se encuentra dedicado a defenderse ante la posibilidad de ser expulsado del PRD, nunca imaginó que la idea de demandar a la CFE (lo cual sentó un precedente nacional) mediante un complicado proceso judicial del derecho administrativo serviría para consolidar la situación patrimonial de la pandilla que todavía tiene bajo su control el Ayuntamiento de Tlaquiltenango y no para servirle al pueblo. Esperemos a ver la reacción de la sociedad local y si la comuna aclara las cosas, y después diremos.

4.- Cambiemos de tema. La actividad del volcán Popocatépetl no cesa, está latente y ha sido así por tanto tiempo que nos hemos acostumbrado a verla como algo normal, particularmente en el caso de los habitantes de los municipios del oriente de Morelos, que acaso cuando el coloso muestra una actividad mayor, llegan a decir que Don Goyo “se enojó”, pero poco se alteran ellos. Sin embargo, dado los sustos que con relación a los volcanes se han vivido en otras latitudes, y a la seguridad de que el volcán puede representar una amenaza real, los morelenses debemos poner nuestras barbas a remojar y no desoír los llamados de atención que hacen algunas autoridades, como el caso del Congreso donde periódicamente se toca el tema de las condiciones en que se encuentran las rutas de evacuación, las cuales deberían encontrarse siempre libres de topes y en óptimas condiciones de tránsito para los habitantes en caso de una contingencia volcánica. El llamado a estar siempre alerta se hace particularmente a las autoridades municipales de Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac y Zacualpan de Amilpas, así como al coordinador estatal de Protección Civil de Morelos. Además, derivado de la actividad volcánica se debe tener por parte de los habitantes una cultura de previsión y estar prestos en cualquier momento que se requiera para realizar una evacuación ante la amenaza que representa este fenómeno natural. El problema con los topes es que los habitantes los colocan sin autorización oficial pero el estado de los caminos sí que es responsabilidad de las autoridades. En fin.

5.- El servicio de taxi en Cuernavaca presenta una saturación en la que los permisionarios y choferes salen perdiendo porque sus ingresos son considerablemente bajos comparativamente con otras épocas, pero ciertamente los usuarios no son los ganadores, pues con el pretexto de las carencias económicas las unidades en su gran mayoría están en malas condiciones mecánicas, lucen descuidadas y ello se refleja hasta en el aspecto de los choferes. Salvo los casos de algunas organizaciones de radio taxis que exigen buena presentación de unidades y operadores, ofreciendo limpieza, oportunidad y seguridad, en términos generales este servicio no es el adecuado. Pero eso no ha impedido a los habitantes de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, por ejemplo, darse cuenta de que las cosas empeoraron a partir de que las autoridades del ramo transporteril liberaron alrededor de tres mil 500 nuevas concesiones, amén de que han permitido durante un largo tiempo la anarquía y el pirataje.

6.- En la mayor parte del territorio morelense es inexistente una tarifa para el servicio de taxi. Lo último que tengo registrado al respecto es la implantación de una tarifa mínima de 18 pesos en Cuernavaca, que casi nunca fue aplicada por los taxistas y luego se dejó al garete, de tal manera que hoy el cobro es convencional, es decir, según lo acordado entre el prestador y el usuario del servicio. Actualmente la dejada mínima en la ciudad es de 35 pesos por cualquier recorrido corto, pero trasladarse de una mediana distancia, digamos de la glorieta de Buena Vista al Centro, tiene un costo de 40 a 50 pesos, o entre ochenta y cien pesos si usted va de Cuernavaca a una colonia de Jiutepec o de Temixco. La salida fácil, incongruente y tonta, de la autoridad ante la anarquía en los precios por el servicio de taxi, sería sugerir que los habitantes de Cuernavaca, si no les sobra el dinero para viajar en taxi, que lo hagan en ruta. El problema es que ese servicio tampoco es eficiente, digno ni seguro, pues el tráfico de la ciudad obliga a buscar formas de trasladarse con mayor rapidez. Viajar a bordo de taxis dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad.

 

 

Guillermo Cinta

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