Viernes, 07 Agosto 2015 00:00

El Fiscal y su elección

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Algunos antecedentes

1.- El 3 de diciembre de 2012, en conferencia de prensa, el entonces presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Juan Angel Flores Bustamante, anunció que ese día se conocería la terna de candidatos al cargo de procurador general de Justicia. Y así sucedió. 

Durante un encuentro desarrollado en la Residencia Oficial entre el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, los siete coordinadores parlamentarios adscritos a la JPYG y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Humberto Segura Guerrero, el mandatario reveló la triada conteniendo los nombres de Ricardo Rosas Pérez, Elizabeth Lázaro Torres y Nora Rebeca Romero. Sin embargo, días después la propuesta fue rechazada y devuelta al jefe del Poder Ejecutivo. El resto de la historia ya lo conocen ustedes, hasta llegar al 27 de enero de 2013 a la elección de Rodrigo Dorantes Salgado como fiscal morelense, emanado de otra terna en la cual estuvo acompañado por la ya citada Elizabeth Lázaro Torres y Roberto Díaz Arteaga. Aquel 3 de diciembre Flores Bustamante enumeró una serie de requisitos que deberían satisfacer los candidatos: buena reputación, trayectoria, conocimiento y experiencia, además de honradez y probidad. Empero, el legislador tenía conocimiento de que el relevo definitivo de Mario Vázquez Rojas contribuiría a fundar la primera Fiscalía General de Morelos, con autonomía técnica y financiera.

2.- Antes de desglosar algo con respecto al tema de la autonomía técnica transcribiré los antecedentes sobre el actual procedimiento para elegir al fiscal morelense. Una reforma a la Constitución Política del Estado promovida ante el Congreso por el entonces gobernador sustituto de Morelos, Jorge Morales Barud, contenida en el decreto 398 fechado el 27 de agosto de 1998 y promulgado dos días después en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, modificó la fracción 37 del artículo 40 constitucional cediéndole a los ínclitos diputados locales la facultad de nombrar al procurador general de Justicia entre una terna enviada a dicho cuerpo colegiado por el propio titular del Poder Ejecutivo. Tras la defenestración de Jorge Carrillo Olea el 17 de mayo de 1998 y la escalada de inseguridad pública experimentada por la sociedad morelense allá y entonces, se supuso que el hecho de quitarle al gobernador la posibilidad de nombrar directamente al procurador mejoraría los cuatro pilares fundamentales del sistema estatal de seguridad pública y que son la prevención del delito, la persecución de los ilícitos denunciados ante el Ministerio Público, la impartición de justicia (en ámbitos jurisdiccionales del Poder Judicial) y la readaptación social. Se creía que el titular de la PGJ era un “todólogo” o un súper hombre, lo cual fue desmentido a corto plazo.

3.- El inolvidable abogado morelense José Castillo Pombo fue el primer procurador general de Justicia nombrado por el Congreso local, aunque cabe subrayar que duró poco más de un año en el cargo siendo sustituido el 29 de septiembre de 1999 por Rogelio Sánchez Gatica, años más tarde secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca y a partir de enero de 2012 presidente municipal sustituto de Cuernavaca (hoy pensionado por jubilación con cargo a los sufridos contribuyentes morelenses). Y desde la elección de Castillo Pombo hemos tenido a los siguientes procuradores: el ya mencionado Rogelio Sánchez Gatica, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Avila, Hugo Manuel Bello Ocampo, Claudia Aponte Maysse, Francisco Coronato Rodríguez, Pedro Luis Benítez Vélez, Mario Vázquez Rojas y Rodrigo Dorantes Salgado. En el sexenio de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) hubo cuatro procuradores, mientras que la administración de Marco Antonio Adame Castillo (2006-2012) tuvo otros cuatro. Fueron 12 años caracterizados por el descontrol de la violencia y múltiples crisis de seguridad, pero tocante a esos hechos hay quienes, en los tiempos actuales, se tornaron amnésicos. Tocante al periodo adamista ayer recordé en el Facebook la forma en que Oscar Velasco Cervantes, diputado local a la legislatura 49 y hoy dirigente estatal blanquiazul, se mofaba del mandatario invitando mediante las redes sociales a recorrer un “narcotour”, mismo que incluía la visita a los “puentes de los colgados” en Galerías y Tabachines, amén de que ese personaje presuntamente había sido uno de los causantes de la psicosis generada por el falso toque de queda del 16 de abril de 2010. Y Graco Ramírez procederá a nombrar al segundo fiscal de su administración.

4.- Se suponía que Rodrigo Dorantes Salgado consolidaría la autonomía técnica y financiera de la Fiscalía General de Morelos, pues así lo contemplaban las justificaciones para cambiar el nombre a la antigua Procuraduría General de Justicia. Las corrientes de pensamiento más modernas le confieren al MP un carácter de institución autónoma, pues su actividad está en función de la justicia y no de la administración pública ni de la política. Por ello el procurador Dorantes Salgado, al ser entrevistado luego de rendir protesta el 27 de enero, de inmediato fijó su posición: “Yo no soy político”. Proveniente de un ámbito rígido como es el de la PGR se esperaba que fuera congruente sin ceder un ápice ante presiones políticas, pero resultó un fiasco. En resumidas cuentas, la experiencia de toda una pléyade de procuradores generales de Justicia no ha sido fructífera respecto a la autonomía técnica y mucho menos en sentido financiero. Los morelenses hemos atestiguado la forma en que el Ministerio Público se ha politizado sustituyendo los criterios legales por los intereses partidarios para decidir qué casos perseguir, cuándo hacerlo y ante qué jueces consignarlos. Así se ha pervertido su función generando desconfianza en la institución que representa. Esto explica, entre otros factores, que las personas no denuncien, no testifiquen y no colaboren en la persecución de los delitos, lo que aumenta la impunidad.

5.- Cambiemos de frecuencia. A raíz de la luz verde que el Congreso local otorgó al Ejecutivo para gestionar créditos hasta por dos mil 800 millones de pesos, la administración estatal ha sido cuestionada reiteradamente sobre el destino de los recursos y la opacidad que envuelve el caso, a juicio de los detractores principalmente incrustados en partidos de oposición como el PRI y el PAN o en la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos. Ese tema, el de la transparencia y la rendición de cuentas, fue el que se tocó ayer durante la Gira por la Transparencia realizada en las instalaciones de la Casa Cataluña del Poder Legislativo morelense, bajo la organización del Senado de la República, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Congreso local y el IMIPE. No se habló en particular del referido crédito, pero en términos generales el gobernador expuso los lineamientos que ha marcado en su administración, de tal forma que desde su punto de vista se ha cumplido con la tarea en esta materia, y se hará mejor a partir del Sistema Estatal Anticorrupción aprobado recientemente, por el cual externó una felicitación a la legislatura 52, cuya presidenta, Lucía Meza, dijo en ese mismo evento que todas las instancias involucradas en este esfuerzo para combatir la corrupción –como el caso del Ejecutivo que participó a través de la Fiscalía General del Estado- están doblemente obligadas a cumplir los ideales del nuevo sistema. A ver.

Guillermo Cinta

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