Al leer el encabezado ya aludido, inicié de inmediato mi recorrido por las redes sociales y las versiones electrónicas de los mismos medios, enfocándome a lo difundido por Reforma. Me dije: “Ya se procedió penalmente en contra de determinados funcionarios de la máxima casa de estudios morelense”, pero me equivoqué. Transcribo a continuación la parte medular de la información manejada por el diario en mención: “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ocho denuncias penales ante la PGR por presuntos desvíos que involucran a la Universidad Autónoma del Estado de México y 13 dependencias federales. Se les relaciona en la triangulación de recursos mediante la asignación de contratos a empresas creadas ex profeso, fantasmas o sin experiencia, vinculadas con funcionarios de la propia universidad, lo que repercutió en un daño patrimonial de mil 769.3 millones de pesos, de acuerdo con la ASF”. Hasta aquí la referencia a la noticia de Reforma.
2.- Quizás ustedes se pregunten: ¿Qué relación tiene lo ocurrido en la Universidad mexiquense con su homóloga de Morelos? Mucha, amables lectores. Le explico. En febrero del presente año trascendió el escándalo de corrupción en la UAEM (Estado de México), pero también los desvíos e inadecuada aplicación de recursos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por parte de funcionarios de esa institución y de la Secretaría de Desarrollo Social. Se trató de recursos provenientes del programa Cruzada Contra el Hambre, cuya inadecuada utilización se encuentra radicada en el Informe sobre la Cuenta Pública 2015 entregado a mediados de febrero a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación. Se trataba de un extenso documento publicado por dicho ente fiscalizador en su portal de internet. La ASF denominó a su indagatoria “Auditoría Forense número 13-4-99025-12-1426”, practicada por la institución a la máxima casa de estudios morelense, fundamentalmente a los contratos y/o convenios suscritos con el gobierno federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. El quebranto financiero pudo alcanzar los 800 millones de pesos.
3.- El 11 de julio de 2015 comenté lo siguiente, que jamás fue desmentido por las autoridades universitarias: “Al rector Alejandro Vera Jiménez todavía le falta por concluir el expediente que la Auditoría Superior de la Federación le tiene abierto a la UAEM, tema que parece haber quedado en el olvido y que repercute en la imagen de transparencia y rendición de cuentas propugnada por los jefes de la comunidad universitaria. El 26 de mayo del presente año me referí al conflicto que estalló en la UAEM el jueves 21 del mismo mes, con un paro de labores dizque debido a la intromisión del Poder Ejecutivo en la vida interna de la Universidad. Lo que escribí allá y entonces jamás fue aclarado y al parecer sigue latente. Señalé lo siguiente: ‘El conflicto fue ficticio y obedeció al intento del rector de distraer la atención por la reciente notificación que la Auditoría Superior de la Federación le hiciera al Organo Interno de Control de la institución, en el sentido de que las observaciones hechas por los convenios celebrados con la Secretaría de Desarrollo Social, relativos a la Cruzada Nacional contra el Hambre, no fueron solventadas y por tanto, deben iniciarse en un periodo de 30 días los procedimientos administrativos de responsabilidad a que haya lugar’”.
4.- El mismo 11 de julio de 2015 agregué lo siguiente: “Fuentes cercanas a la administración central de la UAEM me informaron que el Organo Interno de Control recibió hace 13 días (entre el 23 y 26 de junio) la promoción de responsabilidad administrativa número 13-9-99025-12-1426-08-001, donde se le exige que en un término de 30 días inicie las investigaciones pertinentes en contra de los servidores públicos universitarios que con sus actos u omisiones permitieron las irregularidades detectadas en la Auditoría Forense identificada como 13-4-99025-12-1426, practicada por la Auditoría Superior de la Federación, cuyo informe final determina como no solventadas (…) debido a que el contralor interno, Miguel Angel Flores Mendoza, no ha cedido a las presiones del rector Vera Jiménez, éste pretende destituirlo del cargo, cosa que legalmente sólo puede hacer la Junta de Gobierno, misma que sin embargo se niega rotundamente a hacerlo”. Hasta hoy la Universidad a cargo de Alejandro Vera no ha informado nada con respecto a si la Auditoría Superior de la Federación ya exoneró a las autoridades de esa institución universitaria, ni tampoco nada tocante a los procedimientos mandatados por la ASF en contra de los funcionarios involucrados en el presunto desvío de recursos. ¿Se acerca el inicio de un procedimiento penal federal como acaba de ocurrir en torno a la Universidad Autónoma del Estado de México? Esperemos para ver y después diremos.
5.- Cambiemos de frecuencia. Durante el sexenio de Felipe Rivera Crespo (1970-1976) la Procuraduría General de Justicia de Morelos (PGJ) abarcaba varios departamentos situados en el primer piso del Edificio Benedicto Ruiz, sito todavía a espaldas del Palacio de Gobierno. Cuando inicié mi carrera periodística en 1973 el titular de la dependencia era el insigne jurista Teodoro Lavín González, ex rector de la UAEM. Los años siguientes recuerdo el paso de varios procuradores por las mismas instalaciones, donde también estaban ubicadas las agencias del Ministerio Público. Mencionaré a algunos: Fausto Galván Campos, Armando Sánchez Rosales (era licenciado en administración de empresas), Gustavo Malo Camacho, David Jiménez González, Fernando Román Lugo y Alejandro Galván Sánchez, entre otros.
6.- Debo admitir que no recuerdo quién era el procurador cuando la PGJ se trasladó al predio del antiguo Hotel Mandel, donde hoy se localiza, pero por ahí desfilaron el malogrado Carlos Peredo Merlo, José Castillo Pombo (primer procurador electo por el Congreso local), Rogelio Sánchez Gatica, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Avila, Hugo Manuel Bello Ocampo, Claudia Aponte Maysse, Francisco Coronato Rodríguez, Pedro Luis Benítez Vélez, Mario Vázquez Rojas y Rodrigo Dorantes Salgado. Hoy el encargado del despacho es Javier Pérez Durón. Disculpen ustedes si incurrí en alguna omisión, pero se aceptan las precisiones. Al paso de los sexenios la sociedad morelense ha constatado la transformación de la Procuraduría General de Justicia, hoy identificada como Fiscalía General de Morelos. Los cambios, durante la mayor parte del tiempo, no surgieron oportunamente conforme a las necesidades sociales. La Fiscalía siempre ha presentado graves rezagos históricos. Y ayer se anunció una nueva transformación. La prensa morelense acudió este lunes a conocer el sitio donde se están construyendo las nuevas instalaciones de la institución, en el municipio de Temixco, bajo la inversión de 290 millones de pesos. Mañana seguiré con el tema.
