Cipriano Sotelo Salgado, abogado de Martínez Varela, afirma que su cliente no actuó de manera dolosa y que, mediante los recursos correspondientes, solicitará la mínima penalidad. Habrá que verlo. Mientras tanto es importante recordar que el suplente del edil es una mujer. Me refiero a Olga Castillo Montesinos, quien hasta ahora no ha sido convocada por nadie para sustituir al presidente municipal. En caso de que la fémina esté impedida para concluir el presente trienio sería llamado el síndico municipal Ignacio Caspeta Hernández. Esperemos para ver y luego diremos. Sin embargo, he de precisar que la problemática de Martínez Varela se repite a lo largo y ancho de Morelos.

2.- El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, informa que los 33 municipios arrastran pasivos que suman mil 200 millones de pesos en distintos rubros. Lo dijo precisamente con relación a la destitución de Carlos Martínez Varela y la tesorera municipal Liliana García Ortega. Según Quiroz Medina “la sentencia de la Corte sienta un precedente de carácter nacional y estatal ante el hecho de que un municipio no cumplió lo mandatado por una autoridad superior”. Añadió: “El sistema de justicia penal es garantista de los derechos humanos y obliga a todos los servidores públicos a generar la introspección necesaria para entender que la administración de los recursos financieros, materiales y humanos de una administración deben servir a la sociedad”. Advirtió: “El gobierno municipal tendrá que asumir sus responsabilidades (…) Estamos hablando de que los municipios tienen pasivos por alrededor de mil 200 millones de pesos en diferentes rubros”. Concluyó diciendo que “la legislatura 53 deberá replantear el análisis de dichos pasivos y establecer una estrategia financiera que disminuya la carga de los ayuntamientos al cierre de 2015 (…) Los ayuntamientos deben ser respaldados para cumplir con la nómina y atender los laudos laborales pendientes”.

3.- En el mismo tenor, la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, declaró que 13 alcaldes están en riesgo de ser destituidos por no liquidar laudos. Son los presidentes municipales de Amacuzac, Axochiapan, Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Jonacatepec, Miacatlán, Temoac, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Zacatepec y Yecapixtla. “Antes, al no haber ninguna sentencia como la adoptada por la SCJN en contra del edil de Emiliano Zapata, los municipios se confiaban. El reciente fallo de la Corte sienta un precedente histórico. En lo sucesivo se tendrán que finiquitar los pagos, so pena de ser destituidos o sometidos a procedimientos penales”. Y con respecto a todo lo anterior, el diputado perredista Juan Angel Flores Bustamante declaró que se reformó la Ley del Servicio Civil del Estado para evitar que la deuda de los ayuntamientos por concepto de líos laborales siga creciendo. Conclusión, amables lectores: los nuevos ediles encontrarán el 1 de enero de 2016 un escenario financiero deplorable, mientras los diputados hoy adscritos al Congreso local preparan maletas para dejar sus huesos el martes próximo. En gran medida son los responsables del precarismo municipal de nuestra entidad.

4.- Cambiemos de frecuencia. Luego de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto del diferendo sobre paridad, y basado en la información disponible, le comento que los grupos y fracciones parlamentarias de la legislatura 53 estarán integrados de la siguiente forma: El PRD tendrá ocho diputados, que son Eder Casillas Rodríguez, Hortensia Figueroa Peralta, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Ricardo Calvo Huerta, Enrique Javier Laffitte Bretón, Javier Montes Rosales y Rodolfo Domínguez Alarcón. El PRI tendrá seis: Mario Chávez Ortega, Leticia Beltrán Caballero, Alberto Martínez González, Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco Moreno Merino y Beatriz Vicera Alatriste. Del PAN serán cinco: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Emmanuel Alberto Mojica Linares, José Manuel Tablas Pimentel, Norma Alicia Popoca Sotelo y Víctor Manuel Caballero Solano. Dos del PVEM: Javier Estrada González y Silvia Irra Marín. Nueva Alianza tres: Edith Beltrán Carrillo, Julio Espín Navarrete y Francisco Santillán Arredondo. Y los partidos restantes tendrán únicamente un diputado: Jaime Álvarez Cisneros (Movimiento Ciudadano), Manuel Nava Amores (Morena), Julio Yáñez Moreno (PSD), Efraín Mondragón Corrales (Partido Encuentro Social), Jesús Escamilla (Partido Humanista) y Edwin Brito (PT).

5.- Debido a que son 11 las fuerzas políticas que participarán en la toma de decisiones, es fácil deducir que llegar a esos momentos límite será más difícil que en otras legislaturas. Pero de entrada, el arribo de personas con mayor experiencia política, derivado de la resolución del TEPJF sobre la paridad, que convirtió en diputados a diversos líderes partidarios por sobre féminas que no tenían esa condición, parece allanar el camino para alcanzar consensos a favor del grupo gobernante y otros no se lleguen a cristalizar, particularmente el del juicio político que se ha manejado con insistencia a manera de “petate del muerto”, pero sobre el cual no hay por el momento información sólida que apunte a un interés de los hasta ahora legisladores electos por promoverlo. Para este tema en particular, la bancada del PRD resultó beneficiaria de la resolución sobre paridad, pues es seguro que a sus ocho diputados se le sumará el voto de Jaime Álvarez de MC, del petista Edwin Brito (este partido es controlado por Tania Valentina Rodríguez y ella apoya al gobierno estatal), del pesedista Julio Yáñez (quien al estilo de la familia solamente requerirá del adecuado estímulo), de Jesús Escamilla (a quien quieren echar del Humanista y anda en busca de refugio político) y de otros que den su brazo a torcer, pues habrá que recordar, por ejemplo, que en la agonizante legislatura Nueva Alianza se alineó con el PRD.

6.- La legislatura 52 aún no concluye y se dispone a dar más de qué hablar, para bien o para mal. Los diputados acudirán hoy a un periodo extraordinario de sesiones que será intenso y prolongado, donde desahogarán 11 asuntos enlistados en el decreto que le da origen, aprobado el miércoles en sesión de la Diputación Permanente presidida por la perredista Lucía Meza Guzmán. La lista incluye la concesión del alumbrado público solicitada por una veintena de municipios a favor de una empresa regiomontana y por 20 años; un contrato con la cooperativa Cruz Azul, también fuereña y también por más de dos décadas, para instalar y operar plantas regionales revalorizadoras de basura; los nombramientos de tres magistrados, del fiscal anticorrupción (Juan Salazar Núñez) y de cinco miembros del consejo de participación ciudadana anticorrupción, así como de un regidor de Cuernavaca y de los contralores internos del IMIPE, el Impepac y la Comisión de Derechos Humanos.