Pueden ser citados esos funcionarios, el procurador general de la República, los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como los titulares de órganos autónomos, para que informen (bajo protesta de decir verdad) cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades para que respondan a interpelaciones o preguntas. Durante la legislatura federal 62 se presentaron algunas iniciativas tendientes a lograr que las comparecencias tuviesen un carácter más vinculatorio, pero duermen el sueño de los justos en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La mayoría de propuestas coincidía en la necesidad de que los funcionarios fueran sometidos a interpelaciones y preguntas formuladas por los legisladores de ambas Cámaras (de senadores y diputados), y además ser objeto de mociones de censura. En caso de asumirse esta medida, si hubiere lugar para ella, el servidor público quedaría separado de su cargo e inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público hasta por diez años. Etcétera. Así valdrían la pena las comparecencias.

2.- En Morelos tales ejercicios están previstos por los artículos 33 y 77 de la Constitución Política del Estado. En el primer precepto la presencia de funcionarios estatales debe cumplirse dentro de la glosa del informe anual del gobernador, siempre bajo protesta de decir verdad. Y en el segundo se faculta al Congreso para solicitar la comparecencia de los secretarios de Despacho cuando les venga en gana. Sin embargo, este mecanismo de retroalimentación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo ha sido cuestionado y señalado por lo menos de ineficaz. No resiste el mínimo análisis objetivo. Conclusión: está visto que hace falta una reforma para que las comparecencias cumplan con la función de fiscalización y de corresponsabilidad entre los dos poderes, abandonando el montaje escénico donde los diputados hacen como que cuestionan y los funcionarios estatales “demuestran” que saben más.

3.- Cambiemos de frecuencia. El del Mando Único será tema del Congreso en los meses venideros, según señala el diputado pesedista Julio Yáñez, quien de hecho se estrenó como orador en la legislatura 53, el pasado 1 de septiembre, con un discurso que incluyó la alusión a algunas decisiones del próximo gobierno de Cuernavaca y su alcalde “El Cuau”. Yáñez advirtió que el Congreso respaldará a los gobiernos municipales que opten por escindirse del Mando Único, aunque con seguridad tal postura no involucra a las 11 bancadas parlamentarias. El “Tigre” se ocupó este jueves, también, de instalar la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, que encabeza y donde será acompañado por los perredistas Francisco Navarrete y Eder Rodríguez. En esta comisión fue nombrada como Secretaria Técnica la abogada Patricia Ariza Cuéllar, quien es esposa -¡oh!, mera casualidad- del diputado petista Edwin Brito.

4.- El priista Mario Chávez Ortega dio muestra de una alta capacidad de convocatoria al reunir ayer a una pléyade de funcionarios y líderes de la iniciativa privada, en ocasión de la puesta en marcha de la Comisión de Desarrollo Económico, que él preside. La comisión vivió una época intensa y productiva hace dos legislaturas, cuando en la 51 la presidió el también priista Gabriel Haddad Giorgi, plenamente identificado por la cúpula empresarial y con amplia experiencia en el ramo, pero en la legislatura 52 fue un órgano legislativo intrascendente porque quedó en manos de un hombre con un perfil inadecuado, el petista –aunque en realidad ya no sé a cuál partido terminó perteneciendo- David Rosas Hernández, quien puede ser bueno para la cosa política y para impulsar proyectos agropecuarios, pero en materia de desarrollo económico poco pudo hacer. En tanto, Chávez Ortega inició con el pie derecho, con un discurso que lo exhibió conocedor de la problemática sectorial y con la presencia en el salón de Comisiones –que lució abarrotado- del secretario Juan Carlos Salgado Ponce y los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, Canaco, Canirac y otras organizaciones de los hombres del dinero. Veremos si en lo sucesivo el legislador mantiene el paso y ofrece buenas cuentas en la comisión.

5.- El subsecretario de Gobierno, Ricardo Robledo, puso de manifiesto la inconformidad gubernamental frente al activismo del exdiputado local Gabriel Rivas, que ahora llevó a su grupo de seguidores a bloquear el Paseo Cuauhnáhuac, a la altura del Tizoc, para protestar en contra del gasoducto que se construye desde los límites de Cuernavaca y Jiutepec hasta la zona oriente de la entidad. La óptica del gobierno estatal es que Rivas Ríos está desinformando a los habitantes de las colonias que han expuesto inconformidad, pues con otro grupo de vecinos la autoridad estatal, en carácter de intermediario para solucionar el conflicto social, ya se reunieron representantes de la empresa que construye el gasoducto, denominada Gas Natural, para mostrar que cuenta con los permisos correspondientes a la obra. Rivas se ha destacado como opositor sistemático desde principios de 2014. Con un grupo de unos 200 adultos mayores que lo siguen, primero se tomó como bandera el tema del impuesto predial y los servicios municipales en Cuernavaca, luego los costos del agua potable y de la electricidad y ahora va con el gasoducto. Sus protestas las realiza regularmente en el Congreso local, donde junto con sus seguidores ya es común que lancen huevos a la fachada. ¿Ha servido para algo la indiferencia oficial frente al activismo de Gabriel? No. Sería recomendable, pues, que el propio Robledo estableciera algún puente de comunicación con el ex legislador. Nada le quitaría.

6.- En la semana que concluye, en ocasión de la Independencia de México, el diputado Julio Espín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso local, llamó a la construcción de un Pacto para fortalecer las instituciones del Estado mexicano. En la parte final de la sesión ordinaria del martes pasado, el aliancista dijo, seguramente sin afán de descubrir el hilo negro, que durante los últimos sexenios la corrupción, la impunidad y la inseguridad han sido los problemas que más han minado la confianza, no solo en Morelos sino en todo México. Pidió a su homólogos cumplir su responsabilidad y que el Poder Legislativo convoque al Ejecutivo y al Judicial, a los alcaldes salientes y entrantes, a los partidos, las cámaras empresariales y a todos los sectores al Pacto en mención, para restaurar el tejido social y regenerar la vida pública en Morelos con reformas, decisiones y acciones concretas contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Con su reciente conversión en presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, ante el tema del juicio político, se dice de Espín que está muy cerca del poder, de tal manera que su llamado al pacto podría ser el anuncio de una estrategia oficial con ese propósito. A ver.