Lo anterior tiene relación con el oportunista y electorero debate sobre los altos sueldos de la burocracia dorada del sector público y sus excesivos aguinaldos. Sin embargo, el problema de fondo y sus posteriores perjuicios al erario no es tan simple, pues por un lado tenemos la falta de parámetros para medir la eficiencia de funcionarios públicos y de elección popular, y por otro el creciente problema -de dimensiones inimaginables- respecto al presupuesto anual destinado a las jubilaciones. De hecho, el tema de los aguinaldos no es tan trascendente ante la sangría presupuestal provocada por los altos salarios y su repercusión en las pensiones.

2.- Los niveles de presidente de la República, gobernador de un Estado, secretario del despacho, subsecretario y director general, están mejor pagados en México y Morelos que sus equivalentes en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y el Reino Unido. El conflicto se agudiza cuando alcanza a la sociedad que, a fin de cuentas, es la pagana de los platos rotos. Los ciudadanos saben que algo grave sucede con referencia a los sueldos de funcionarios, pero no avanzan más en su conocimiento porque no disponen de indicadores confiables sobre el desempeño y productividad de los altos funcionarios, así como de información sobre los resultados de sus políticas. La percepción general de la sociedad es que esas remuneraciones de primer mundo no le garantizan un gobierno de calidad. Una mejor información a la sociedad supondría la creación de mecanismos de evaluación en un contexto de transparencia de la gestión pública todavía inexistente. Los morelenses llevamos casi dos décadas escuchando noticias y comentarios respecto a la inconformidad de la “opinión pública” alrededor de esos cobros, pero ninguna de las legislaturas, ni las autoridades en turno, han creado instrumentos para frenar la cuantiosa sangría que, definitivamente, tiene saldos rojos en el Producto Interno Bruto.

3.- Actualmente la alta función pública estatal es posiblemente de las mejores pagadas del mundo y tiene sueldos muy elevados en el ámbito nacional. Pero lo más grave es cuando se comparan los ingresos agregados del sueldo más las pensiones; en otras palabras, el ingreso de un mando superior morelense se vuelve equivalente al de su homólogo en un país desarrollado cuando se adicionan los ingresos después del retiro de ambos, es decir, al equipararse el ingreso total a lo largo de la vida. Este tema es grave e involucra la simulación o farsa de muchos funcionarios públicos que no desean ver disminuidos sus ingresos y ensordecen cuando se debate el tema ante los medios. Tal como se repite con los diputados locales, las propuestas llegan a cierto límite, pero nunca afectando la desproporción salarial que, a largo plazo, redituará jugosas jubilaciones. Ejemplos con respecto a lo anterior hay muchos. Varios de los más importantes diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Congreso morelense estarán pronto (quizás ya llegaron al momento respectivo) en condiciones de promover su jubilación.

4.- Y en torno a la problemática descrita tiene relación lo siguiente. Como una de las últimas puñaladas que los diputados de la recién concluida legislatura 52 les dio a los morelenses, se encuentra una reforma a la Ley del Servicio Civil por la que se reconoce a los diputados como antigüedad laboral, el periodo por el que ocuparon una curul. El tema no levantó ámpula como lo ameritaba, debido a que se dio en medio de una serie de escándalos que incluyeron el reparto del botín que representan los cargos “anticorrupción”, pero eso no implica que los morelenses se vayan a quedar con el daño, o al menos eso es lo que infiere de la postura asumida por algunos de los miembros de la legislatura actual, como el caso de la presidenta de la Junta Política, Hortencia Figueroa Peralta, que señalan como incongruente la decisión de los legisladores anteriores, debido a que se contrapone de manera evidente con la postura que ellos mismos asumieron al tomar otra determinación trascendente, como lo fue la de eliminar el aguinaldo para los diputados, planteada originalmente con el argumento de que no desempeñan una tarea subordinada, es decir que no son empleados, sino, por lo tanto, patrones. Y siendo patrones, los diputados no tendrían por qué acumular antigüedad a su paso por la curul, con lo que es seguro que en este tema no se ha dicho la última palabra. A ver.

5.- Cambiemos de frecuencia. Aún duele a las mujeres morelenses el revés que les propinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al revertir la decisión del Impepac de asignarles las suficientes diputaciones plurinominales para que el actual congreso estuviera integrado por 15 hombres y 15 mujeres. La historia ya es de sobra conocida, pero le da actualidad la propuesta que en la semana anterior presentó el diputado perredista Enrique Laffitte, para lograr que al menos durante las elecciones de 2018 y 2021 a las féminas no les suceda lo mismo. La reforma busca que en las listas de candidatos plurinominales el primer lugar sea ocupado por una mujer, de tal manera que el resultado final de los comicios sea un mayor número de féminas en las legislaturas 54 y 55, y pensando en que la norma sería revisada en seis años, cuando el involucramiento femenino en la vida política estatal sea mayor. Laffitte manda así el mensaje de lo que debe hacer esta legislatura: ubicar aquellos temas que motivan inconformidad y no perder el tiempo solo en quejarse, sino poner manos a la obra.

6.- Enfrentada con el poder por asuntos como la represión de comerciantes en el inicio de las obras de la calle Guerrero o la imposición de un contralor interno en el que ve el propósito de someterla, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, parece haber quedado sin padrino político por la ausencia parcial del diputado federal Matías Nazario de la escena política estatal. El legislador priísta le dio apoyo pleno en el último trienio desde su posición de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, y ahora que no lo es parece que a Lucero Ivonne le hace falta un aliado en la legislatura 53 para defender sus posiciones. Ese aliado se antoja que lo encontrará en el aliancista Francisco Santillán, quien ahora es el presidente de la comisión legislativa que cité líneas arriba, y quien so pretexto de conocer las instalaciones del organismo defensor de los derechos humanos, en la semana anterior le hizo una visita a su presidenta. Tal alianza será positiva siempre y cuando no se pierda de vista el objetivo formal de la CDHEM y no se busque hacer del organismo un arma política. ¿Les ganará la tentación? A ver.