Lunes, 28 Septiembre 2015 01:00

La seguridad politizada

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Transporte y movilidad

1.- La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, pero un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos.

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la vida es el valor supremo de todo ser humano y, por tanto, el primero y principal valor que debe ser objeto de una adecuada protección jurídica y material por parte del Estado. Además, para que los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social es imprescindible una especial protección a su integridad física.

2.- Sin embargo, con respecto al caso de México la seguridad se ha convertido en una eficaz herramienta de obtención de votos, debido principalmente al incremento de la delincuencia o a los altibajos de las políticas oficiales tendientes a enfrentarla. Durante casi tres lustros se convirtió en el principal ingrediente de los discursos preelectorales o de impugnación a los gobernantes en turno. Y es que las instituciones gubernamentales han sido muy poco eficientes en enfrentar el tema, situación que ha traído de la mano un creciente reclamo popular por respuestas rápidas, muchas veces vinculadas con medidas represivas. De esta forma, se han instalado en la agenda electoral posturas de mano dura, tolerancia cero, endurecimiento de penas, aumento de la oferta carcelaria, incremento del número e incluso de las facultades de las fuerzas de orden como principales respuestas de la política. Tocante al asunto existe un ensayo titulado “La politización de la seguridad”, escrito por Lucía Dammert y Javiera Díaz, investigadoras del Programa Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Chile, publicado en el Boletín de dicha organización correspondiente a mayo de 2006.

3.- Ambas especialistas indican que los planes de gobierno de los presidentes de la región latinoamericana exponen propuestas reactivas, incluso en aquellos gobernantes de tendencia progresista; hay quienes cambiaron sus planes preventivos por proyectos represivos en busca de recuperar apoyo popular. “Todos llegaron al poder con propuestas de gobierno consideradas innovadoras, diferentes al modelo neoliberal y en algunos casos incluso de ‘izquierda’. Sin embargo, en el área de seguridad ciudadana las propuestas y políticas desarrolladas no se distancian necesariamente de aquellas de los partidos de derecha por lo que se podría afirmar que aparentemente no existe una división ideológica en el tema. La mayoría de países han centrado su accionar en el ámbito represivo, especialmente con el aumento de la dotación policial, cambios legales y aumento de la oferta carcelaria. De forma subsidiaria se encuentran algunas iniciativas vinculadas con la prevención y de forma mucho menor con la rehabilitación”. Un seguimiento de los debates electorales evidencia que los discursos políticos tuvieron como tema central la seguridad y especialmente propuestas de control de la criminalidad.

4.- En México, las contiendas electorales han estado marcadas por constantes descalificaciones entre los partidos y candidatos de las distintas coaliciones, lo cual ha marcado el nivel de propuestas en el área de seguridad pública. En general las propuestas son similares con reconocimiento del problema social que enfrenta el país pero además de las serias limitantes institucionales como corrupción policial e ineficiencia de la justicia, entre otros. Y así nos mantenemos hasta hoy. “La tendencia que se evidencia en los discursos está claramente alejada del análisis técnico de la seguridad: se pone énfasis en la capacidad de la policía de dar respuesta a los problemas de criminalidad, sin considerar que la mera represión de los ilícitos no asegura la superación de los problemas estructurales que están a la base del aumento de la criminalidad y la violencia en la región (…) En este contexto emergen posturas que plantean la necesidad de involucrar a las FuerzasArmadas en el ‘combate a la delincuencia’ debido a su capacidad en términos de dotación e infraestructura. Por otro lado, son escasos los planteamientos que reconozcan que la prisión no permite reducir los índices de criminalidad ni reinsertar a los infractores”.

5.- El tema de la seguridad es claramente uno de los más sensibles y visibles para la ciudadanía. Los medios de comunicación refuerzan la sensación de amenaza constantemente y los políticos utilizan la temática para aumentar su apoyo popular y engrosar la cantidad de votos. La politización de la seguridad, como evidentemente ocurre en Morelos, es un fenómeno alarmante pues aleja la temática de una discusión de fondo, en el plano preventivo y de largo plazo, acercándola a discursos populistas, orientados al control y mano dura, con limitados análisis que respalden su éxito, aún en el corto plazo. Se preguntan las investigadoras de la Flacso-Chile: “¿Existe en la región una verdadera voluntad por enfrentar con seriedad los problemas de violencia y criminalidad? Lamentablemente, los procesos de elecciones democráticas que se viven en la actualidad no permiten responder positivamente tal interrogante. Más bien evidencian que el tema se ha convertido en una herramienta electoral efectiva, y que la securitización de la política tiende a ir de la mano con programas de gobiernos preponderantemente represivos que responden a las demandas de una ciudadanía insegura y a la expectativa de fuertes medidas de protección (…) El juego político ha impactado a la esfera de la seguridad, desplazando a las visiones técnicas más integrales, y de mediano y largo plazo. El mayor problema que esto genera es la ceguera colectiva respecto de las medidas que realmente impactan en la seguridad, reducen la criminalidad y la previenen”. Más claro con relación al protagonismo político, ni el agua.

6.- Cambiemos de frecuencia. Considerado por propios y extraños como uno de los más caros y deficientes a nivel nacional, el sistema de transporte público se encuentra a la deriva en Morelos sin políticas definidas para su reordenamiento, con una normatividad obsoleta e infestado de intermediarios o pseudolíderes que aprovechan las circunstancias para lucrar a costa de la sociedad. Todo ello ante la incapacidad de las autoridades en la materia para modernizar el sector. De acuerdo a estadísticas del INEGI referentes al número de usuarios del transporte público de pasajeros en Morelos, la cantidad de desplazamientos diarios es de alrededor de 45 mil en Cuernavaca. Es decir: aproximadamente 951 mil pasajeros movilizados (400 por jornada en cada unidad de las 3 mil 170 existentes) en la capital. La cantidad de personas transportadas por día en el Estado es de un millón 686 mil 317. En Cuautla: más de 500 mil. Jojutla y zona sur: casi 450 mil. La movilidad “obligada” en transporte público, más de 700 mil viajes diarios. Tiempo invertido en desplazamientos: 3.5 horas diariamente por persona. Luego le seguimos.

Guillermo Cinta

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