La amarga decisión fue anunciada por el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, porque no le quedó de otra, apareciendo hasta ahora como el malo de la película, aunque es necesario subrayar que la medida fue convalidada por los 11 representantes de grupos y fracciones parlamentarias representados ante la Junta Política y de Gobierno. Es importante mencionar, gentiles lectores, que el penoso ajuste se hizo sin existir suficientes elementos financieros, ni cifras precisas sobre el impacto económico que el despido representará para las finanzas del Poder Legislativo.

2.- Se supone que el objetivo perseguido por los jefes de las bancadas parlamentarias es equilibrar las finanzas del Congreso, pues enfrenta el déficit de más de 30 millones de pesos que los miembros de la legislatura 53 le endilgan a sus antecesores. Pero lo anterior también ocurrió dentro de un contexto de abusos perpetrados por quienes ya se fueron. Ejemplo de ello es que incrustaron a personal de su confianza en puestos administrativos sin notificar nada a los relevos. Esto fue reconocido la víspera por Norma Alicia Popoca Sotelo, coordinadora del grupo parlamentario del PAN. Sin ambages reveló los excesos de los diputados de la legislatura 52. Desde luego, habrá conflictos laborales a partir de las liquidaciones, que no serán superiores al mes y medio de salarios. Según Popoca Sotelo, su bancada requirió ya información con respecto a la antigüedad de los empleados despedidos, a fin de que no se cometan injusticias.

3.- Por su parte, el también panista Alberto Mojica Linares informó que el déficit se debe a que los anteriores legisladores solo dejaron en las arcas del Congreso alrededor de 90 millones de pesos y no los 120 presupuestados y autorizados para el presente año. Por nuestra parte logramos saber que el recorte de 200 trabajadores fue una medida más bien política y no económica, pues mientras escala esta nueva fuente de conflicto, no hay todavía ninguna decisión, también económica, para que los diputados renuncien o se deshagan de sus dietas originales, prestaciones de fin de año y otros ingresos. Sin contar el bono anual que se otorgarían a final de año, cada diputado estaría recibiendo entre 80 y 110 mil pesos mensuales. Infortunadamente el hilo se rompió por lo más delgado: despedir gente para no afectar el gasto corriente.

4.- Conclusión: el Congreso de Morelos sigue siendo una magnífica arcadia financiera, donde una pléyade de hombres y mujeres, una vez más, se están embolsando los recursos públicos indiscriminada e injustificadamente. El recorte alcanzó a las dos secretarías del Congreso en su totalidad, desapareciendo áreas completas donde fueron contados los que se salvaron, pero la lista de los despedidos habría sido elaborada por la legislatura 52, a petición de la legislatura 53 cuyos miembros pensaban llegar a disponer sin contratiempos de cientos de plazas. Por hoy lo cierto es que el recorte implica un duro golpe para los trabajadores y sus familias, que seguramente no se quedarán con los brazos cruzados porque, además, no les quieren pagar su liquidación conforme a la ley.

5.- El abogado Juan Juárez Rivas se presentó ayer como el apoderado legal de los trabajadores inconformes de Emiliano Zapata, pero también de los recién despedidos del Congreso estatal. Eso fue cuando acompañó a un grupo de los burócratas del municipio en cuestión, quienes llevan varios días con su movimiento en demanda de que se les paguen quincenas y hasta aguinaldos atrasados. El antes citado legislador panista Alberto Mojica salió a atender a los de Zapata y al abogado en cuestión, y dijo que presentará un acuerdo para conocer la situación financiera municipal y determinar porque han incumplido con los pagos que demandan. Habrá que ver si Mojica Linares interviene también por los trabajadores despedidos del Poder Legislativo que se quejan de que nadie da la cara con relación al monto y el momento en que les serán cubiertas sus liquidaciones, o si el comunicador resulta candil de la calle y oscuridad de su casa.

6.- El diputado Víctor Caballero Solano reunió a la crema y nata del sector salud en el Museo de la Ciudad, cuando ayer al mediodía instaló la Comisión de Salud del Congreso, en un evento en el que alertó sobre la reducción que tendrá el presupuesto federal del ramo, que llegará casi al seis por ciento. Al evento acudió la secretaria Vesta Richardson y ahí el aliancista Julio Espín la convocó a iniciar con esa comisión el análisis de lo que será el presupuesto estatal de salud, considerando que la funcionaria ya debe conocer números al respecto, pues el gobernador Graco Ramírez deberá entregar esta semana la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 del Gobierno del Estado de Morelos. Atender este documento, por cierto, representa la principal obligación de los diputados en el primer periodo de sesiones que está corriendo, de acuerdo a lo que establece la Constitución local. A ver.

7.- El perredista Javier Montes Rosales puso en marcha los trabajos de la Comisión de Asunto Indígenas, que preside, advirtiendo que uno de sus propósitos centrales será impulsar la conversión de cuatro comunidades indígenas en municipios: Tetelcingo, perteneciente a Cuautla; Hueyapan, de Tetela del Volcán; Xoxocotla, de Puente de Ixtla; y Coatetelco, de Miacatlán. Ese propósito se ajusta al compromiso hecho por el gobierno perredista de la entidad con las comunidades y pueblos indígenas, para cuyo cumplimiento acaso hay mejores condiciones en la actual legislatura que en la pasada, cuando esta comisión fue presidida por Manuel Martínez Garrigós, priista que luego tuvo que volverse independiente. En la legislatura pasada el tema se promovió en diversos foros y hubo muchas manifestaciones de quienes tendrían que votar la eventual creación de nuevos municipios, pero a final de cuentas, como es evidente, la propuesta no fructificó. Para que se cristalice ahora, sin embargo, no se debe perder de vista que crear un municipio no implica solo voluntad política, sino también fundar esa voluntad en la realidad económica de cada región, estableciendo si cada una de las cuatro comunidades indígenas tienen la capacidad de generar los suficientes ingresos propios como para alcanzar el rango que pretenden.

8.- Entre otras cosas, Jorge Alberto Lara Rivera ha sido diputado federal por la Ciudad de México y local en la Asamblea Legislativa del DF; director general de delegaciones de la Zona Centro de la Condusef; Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR; y comisionado para el Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación. Hoy estará en la Hostería Las Quintas para sustentar, a las 9:00 horas, una conferencia titulada “La necesidad y pertinencia del Mando Único para la seguridad pública”. Lo que diga al respecto creará ámpula en nuestra entidad. Será interesante escucharlo en su calidad de panista. A ver.