El argumento del máximo tribunal se basó en que los congresos estatales no tienen facultades para legislar sobre estos temas porque el Congreso de la Unión reservó ese poder a las autoridades federales. Indicó el mismo órgano colegiado: “Se advierte que el legislador estatal pretende establecer los contornos de una política de evaluación de la educación a nivel estatal, y otorga a las autoridades locales la facultad de evaluar el desempeño docente; y si bien sujeto a todo ello a los lineamientos que expida el Instituto Nacional Evaluador, lo cierto es que tales normas son inconstitucionales”. El ponente de dicho resolutivo judicial fue el ministro Arturo Zaldívar. Tocante al caso de Morelos los artículos invalidados fueron el 14 bis y 22 quintus con los cuales la Secretaría de Educación estatal se encargaba de regular las evaluaciones del servicio profesional docente y exentaba de examen a los maestros que quisieran ascender a supervisor escolar o director de una escuela. Ojo: en ningún momento se lee nada con respecto a la eliminación del aguinaldo de 90 días pagado al profesorado morelense desde el sexenio de Lauro Ortega Martínez (1982-1988).

2.- Como ocurre en muchos otros rumores y procesos desinformativos no se sabe a ciencia cierta quién comenzó la broma, que amenazaba con iniciar una problemática estéril entre el Poder Ejecutivo de Morelos y la Sección 19 del SNTE. El gobierno graquista y dicha organización gremial reaccionaron ayer de inmediato aclarando que la resolución de la Corte, emitida el 8 del mes en curso sobre la Controversia Constitucional a la Armonización a la Ley de Educación del Estado de Morelos, no toca para nada los derechos de los trabajadores de la educación. Que quede claro: el máximo órgano judicial de México está dejando intocados los derechos laborales y prestaciones de los trabajadores, activos y jubilados. El fondo de la sentencia elaborada por el ministro Zaldívar solo implicó un ámbito de invasión de competencias donde el Congreso de Morelos carece de facultades para legislar en torno a derechos laborales.

3.- Conclusión: el aguinaldo y todas las prestaciones contenidas en el Convenio Nacional de Automaticidad para el Pago de Prestaciones y Salarios, firmado por el SNTE, la SEP, los gobernadores de los estados y los representantes de las secciones sindicales en las entidades federativas durante 2014, se encuentran a salvo. De igual manera se respetan las minutas, convenios y demás instrumentos legales de carácter laboral signados por la SEP y el SNTE, y por el IEBEM y la Sección 19 del SNTE, actualmente registrados en los tribunales laborales de competencia federal y local. Sobra decir que la posición asumida por el gobierno estatal y la Sección 19 del SNTE deberían frenar nuevas movilizaciones organizadas por el denominado Movimiento Magisterial de Bases (MMB). A sus líderes se dirigieron ayer de la siguiente forma el director del IEBEM, Fernando Celerino Pacheco, y el dirigente de dicha demarcación sindical, Ramón Navarro Munguía: “Los invitamos respetuosamente a estar informados de primera mano para evitar confusiones en la interpretación del resolutivo”. Y a los maestros morelenses les dijeron: “Por esta razón les solicitamos mantener la calma y tranquilidad. Nuestro compromiso es trabajar por el derecho superior de las niñas, niños y jóvenes, así como del magisterio morelense”. A ver qué pasa con las nuevas manifestaciones anunciadas por el MMB. Estaremos pendientes y luego diremos.

4.- Cambiemos de frecuencia. Es polémico el llamado que hace el diputado cuautlense Enrique Laffitte al IMIPE que encabeza Mireya Arteaga Dirzo –ambos perredistas, por cierto- para que el órgano garante de la información orille a los sujetos obligados a cumplir a cabalidad la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, en cuanto a publicar con precisión los datos de los ingresos que obtienen los funcionarios. Es polémico porque la ley debe cumplirse y porque hay quienes opinan sobre los riesgos de poner a la vista del hampa los datos de los servidores públicos con el detalle de su situación económica. Este punto ha generado debate en algunos espacios burocráticos como la UAEM, donde el propio rector Alejandro Vera ha tenido que salir a defender la posición de su personal que, según dijo en alguna ocasión, a raíz de la publicación de información relativa a sus ingresos ha sido víctima de extorsiones y secuestros.

5.- Para polémicas la que se armó tras la comparecencia del auditor Vicente Loredo ante la Comisión de Hacienda del Congreso, cuyos miembros se inconformaron porque no les dio detalles acerca de la auditoría que hace sobre el destino del crédito de dos mil 800 millones de pesos autorizado al gobierno estatal desde 2013. Quienes respaldan la inconformidad de legisladores como Silvia Irra del PVEM y Alberto Mojica del PAN, sostienen que el funcionario incumplió su obligación de responder a quienes son sus jefes e informarles sobre el trabajo que realiza la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que es una subordinada de los diputados. Quienes apoyan al auditor explican que, simplemente, no puede éste violar la secrecía del trabajo fiscalizador porque ello implica un ilícito. La pregunta entonces sería si alguna persona está obligada a obedecer a sus jefes hasta el punto de delinquir.

6.- Más de uno habrá aprovechado para irse de shopping, pero al menos una decena de legisladores morelenses se dieron cita en la Séptima Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), que se celebró el 8 y 9 de octubre en el vecino estado de Puebla. Los perredistas Eder Rodríguez y Francisco Navarrete –éste buscando alianzas para la Comisión de Turismo que encabeza en Morelos-, los panistas Alberto Mojica y Carlos Alaniz, el priista Alberto Martínez y el pesedista Julio Yáñez, entre otros, acudieron a representar al Congreso tlahuica y a codearse con legisladores de todas las entidades del país, quienes compartieron la problemática de su terruño y la necesidad de intercambiar experiencias para hacerle frente, de tal manera que trabajos legislativos que han sido exitosos en alguna entidad, puedan adaptarse en otros sitios, con las autorizaciones correspondientes para que nadie hable de plagio, ya ve usted que por eso a veces se suscitan grandes escándalos… Este viernes escuché una voz sensata dentro del alud de opiniones vertidas en torno a la comparecencia del comisionado Alberto Capella el pasado miércoles ante el Congreso local. Liborio Román Cruz Mejía, dirigente interino del PAN-Morelos, indicó que la presentación del funcionario en el Congreso solo fue una guerra de discursos, sin conclusiones a favor de la sociedad del Estado. Siempre lo he dicho, gentiles lectores: las comparecencias sirven únicamente para el lucimiento de quienes las proponen. A las pruebas me remito.