Pruebas con respecto a lo anterior hay muchas, pero hoy quiero retomar parte de una viceoconferencia ofrecida el 29 de diciembre de 2010, desde Afganistán, por Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad de nuestro país y profesor del ITAM. Aunque allá y entonces se refirió al evidente estado fallido mexicano frente al avance de las mafias del crimen organizado, sus conceptos aplican hoy a nivel nacional. Para mí son destacables los datos ante los vaivenes delictivos de Morelos, pero también de cara a un debilitamiento de las dependencias responsables de preservar la integridad física y el patrimonio de los morelenses. Definitivamente, este escenario se vincula a la sistemática polarización política, so pretexto de la seguridad, convertida desde hace varios lustros en el principal ingrediente del discurso partidista. Por algo será.

2.- Dijo Buscaglia: “México ya es concebido como un Estado débil, caminando hacia un Estado fallido”. Días atrás, este personaje había entregado un reporte a la ONU sobre el problema de nuestro país, donde “la delincuencia organizada ha tomado las instituciones del país a nivel local motivado en muchos casos porque hay ‘complicidad política’. El 73 por ciento de los municipios de México se encuentra controlado por las mafias del crimen organizado”. ¿Cómo la ven? ¿Seguirá igual la situación en infinidad de municipios mexicanos, incluidos los de Morelos? Añadió Buscaglia: “Las fuentes de inteligencia militar nos indican que entre 55 y 65 por ciento de las campañas políticas mexicanas, dependiendo de la región en México, están siendo infiltradas por grupos criminales, y no se puede explicar la mayoría de los fondos que se están utilizando para financiar estas actividades políticas”.

3.- Al cierre de 2010, dijo, el 73 por ciento de los municipios acabaron controlados por las mafias. En 2001 el crimen organizado controlaba 34 por ciento de los municipios, pero en 2009 llegó a 68 por ciento. Esta cifra de narcoinfiltración en los municipios mexicanos indicaba que la delincuencia organizada había tomado el control de las instituciones del país a nivel local. “Resulta obvio, pues en todos los casos que nosotros hemos presenciado y trabajado, siempre hay complicidad política”, indicó Buscaglia. Y añadió que la infraestructura del crimen organizado es física, abierta y notoria frente a los ojos de la policía que pasa caminando por centros de prostitución, de contrabando, piratería, en donde existe una infraestructura física, centros de distribución de droga en el 73 por ciento de los municipios del país.

4.- Y he aquí lo importante frente a la polarización política y la pérdida de objetividad frente a los embates del crimen organizado: “Los cárteles de la droga aprovechan los vacíos de poder y autoridad en varias regiones, lo que se suma a la corrupción que ha proliferado por parte de las autoridades de los gobiernos estatales y municipales principalmente, aunque también se asegura que la tentación ha alcanzado a personajes de los niveles federales”. Más claro, ni el agua. Para mí no hay duda, amables lectores: los vaivenes DEla incidencia delictiva de Morelos tienen actualmente relación con el debilitamiento de las instituciones de seguridad pública, a su vez derivado de la confrontación política.

5.- Cambiemos de frecuencia. A una semana de que Morelos sea sede de una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, no se necesita ser adivino para asegurar que por parte de los mandatarios estatales la figura central del evento será el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez “El Bronco”, cuya imagen ha trascendido las fronteras de aquella entidad y se ha instalado en el imaginario colectivo como actor central de las elecciones presidenciales de 2018, ni más ni menos que como punta de lanza de un grupo de poderosos mexicanos que estarían interesados en convertirlo en el adversario de Andrés Manuel López Obrador, a quien en esas mismas versiones de la voz popular se le considera en caballo de hacienda para protagonizar su tercera candidatura a Los Pinos. A escasos días de asumir el poder neoleonés, El Bronco es calificado como populista por unos y por otros como ejemplo a seguir, pero todos hablan de él por acciones como la cancelación de la Casa de Gobierno de su estado que representará, según dijo, un ahorro de 400 mil pesos mensuales para su pueblo. Al resto de los gobernadores no les quedará más que combatirlo y frenarlo, o sumarse a él. ¿Cuántos podrán presumir también de medidas claras de austeridad?

6.- El 1 de octubre pasado, de conformidad con lo establecido por la Constitución local, el Poder Ejecutivo entregó al Legislativo el Paquete Económico 2016, cuya aprobación, según el mismo ordenamiento, debe darse a más tardar el 15 de diciembre próximo, fecha en que la legislatura 53 está obligada a clausurar su primer periodo ordinario de sesiones. Han transcurrido hasta hoy 12 días del plazo de 76 de que disponen los diputados para analizar el proyecto de presupuesto para todo el Gobierno estatal y, dado que la Comisión de Hacienda en la que participan todos los partidos, se ha visto embebida en otros asuntos, parece que el documento por ahora es intrascendente para los legisladores, lo que contrasta con afirmaciones y peticiones públicas de varios de ellos, quienes se han pronunciado por mayor presupuesto para el campo, la Comisión de Derechos Humanos, el sector salud y otros rubros. No sería raro que, a este paso, pronto a los diputados los atrapen las prisas y a final de cuentas doten a los morelenses de un Presupuesto hecho al vapor y sobre las rodillas. A ver.

7.- El aliancista Julio Espín subió hace unos días al pleno parlamentario morelense un acuerdo para llamar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, Graco Ramírez y Nadia Luz Lara, respectivamente, para que nombren representantes ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, la cual debe servir para calificar solicitudes y en su caso determinar beneficiarios de la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en el Estado de Morelos, que data de 1974 y por la que casi 40 años después aún buscan ampararse familiares de revolucionarios. Los beneficios son pensión vitalicia no menor de treinta salarios mínimos mensuales, servicio médico gratuito en los hospitales del Gobierno del estado, un seguro de vida por la cantidad de treinta mil pesos, diplomas y condecoraciones; o sea que son atractivos para cualquiera que pueda cumplir el requisito de ser descendiente de revolucionario. Habrá quien piense que es un exceso a estas alturas destinar dinero público para mantener a gente que no estuvo relacionada de manera directa con la Revolución, pero mientras la ley lo ordene debe atenderse la instrucción.