Tocante al caso de Gisela (1982) el origen del conflicto no fue el daño que su camioneta (manejada por alguien) provocó a otro vehículo estacionado sobre una céntrica calle temixquense, sino el hecho de que fue grabada en aparente estado etílico, situada al frente del volante. Lo peor para ella fue que quien dirigió la filmación es Yolanda Huicochea Santaolalla, hermana del ex candidato priísta a la alcaldía temixquense, Andrés Huicochea Santaolalla.
2.- Quien iba conduciendo la camioneta de Gisela Mota pudo haberse impactado con cualquier otro vehículo, pero no: tuvo que escoger el de Yolanda. Y ahí comenzó todo. ¿No iba Gisela manejando? Entrevistada ayer por este columnista su respuesta fue un rotundo NO, pero tampoco aceptó revelar el nombre del conductor. Sin embargo, expresó que tras el impacto ella quiso mover la camioneta, sin conseguirlo debido a la enardecida presión de Yolanda y su hermano Andrés quien, según declaró Gisela, arremetió a golpes contra uno de sus amigos. También me negó que haya sido acompañada por Adriana Aguilar Blanquel, directora de Atención al Contribuyente de Jiutepec, quien iba como copiloto y a la que en el video tan difundido a través de las redes sociales y la televisión nacional identificaron muchos de nuestros seguidores en Facebook. El tipo de bermudas que aparece por ahí es su novio.
3.- De nombre Eder, es la persona agredida por el ex candidato priísta a alcalde. Con respecto a esa parte de los hechos se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, tal como sucedió en torno a los delitos presuntamente cometidos por la alcaldesa electa y sus acompañantes (del orden culposo), registrados bajo el número SC01/9192/2015. La carpeta fue iniciada por el agente del Ministerio Público en turno de la Fiscalía General tras la puesta a disposición por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En la entrevista conmigo, Gisela Mota negó haber recibido apoyo alguno de esa institución. Agregó: “Hubo irresponsabilidad también de parte nuestra, porque precisamente en el video que circula se ven unas latas por ahí pasándose hacia atrás. A mí se me ve efectivamente manejando pero para acomodar la camioneta. Y todo eso lo estamos acreditando ante la Fiscalía”. Etcétera, etcétera.
4.- A estas alturas de la difusión de un aparente “borrachazo” es fácil deducir que la alcaldesa electa busca salvar las apariencias y limpiar su imagen hasta donde se pueda. Con la multicitada fémina, quien me comentó que ya no se subirá más al ring con los Huicochea Santaolalla, se cumple el dicho: “Palo dado, ni Dios lo quita”. Ya veremos cómo se conduce en Temixco allende el 1 de enero de 2016, cuando comenzará a tomar decisiones importantes, algunas de ellas vinculadas al tema de la seguridad pública. Para quien esto escribe, el escenario expuso detalles que deberían ser indagados por autoridades federales y estatales. La controversial Gisela se mandó practicar unos exámenes “antidoping” en un laboratorio privado que, desde mi punto de vista, carecen de validez jurídica. Desde luego, el resultado tocante al consumo de alcohol u otra sustancia salió negativo. ¿Aparecieron factores que pudiesen tornar a Mota Ocampo en inelegible? Saquen ustedes sus propias conclusiones, gentiles lectores. A estas alturas del asunto, nadie le cree.
5.- Cambiemos de frecuencia. Un grupo de mujeres jóvenes se pronunciaron ayer en contra de los términos en que el Congreso aprobó la iniciativa preferente del gobernador Graco Ramírez en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género el martes anterior, porque desechó la propuesta de éste en cuanto al aborto y con ello “quienes legislan dejaron ir la oportunidad de que las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a un derecho indispensable para reparar el daño de la violencia machista hacia las mujeres y hacer camino a un Estado que garantice una vida libre de violencia”. Denunciaron que con este hecho legislativo la condición de las mujeres en Morelos sigue siendo la misma. Esto significa que las adolescentes y niñas embarazadas por una violación, en muchas ocasiones se encontrarán obligadas a continuar con un embarazo no deseado, optar por poner en peligro su vida y salud en abortos clandestinos o ejercer una maternidad impuesta. La protesta tuvo el aval de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Impulsa A. C., Radio Chinelo A. C. y CODEP-Morelos.
6.- La justicia electoral federal dio ayer un nuevo paso hacia su decisión relativa al pedimento priista de cancelar la elección para presidente municipal de Cuernavaca efectuada en junio pasado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó algunos elementos de juicio al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y se soltó el nerviosismo en círculos cercanos a Cuauhtémoc Blanco, considerado hoy como ganador de la contienda, así como muestras de júbilo entre sus opositores, que de ser satisfecho el reclamo tricolor tendrían una nueva oportunidad de tratar de hacerse con la cereza del pastel político estatal y posicionarse rumbo a los comicios gubernamentales del 2018. La desconfianza en la justicia electoral es de tales dimensiones que las apuestas entre los morelenses no se basan en si el PRI tiene argumentos o al PSD le corresponde la ratificación del triunfo en apego a derecho, sino en determinar cuál grupo político tiene mayor peso en el centro del poder nacional como para inclinar la decisión, si el del futbolista retirado que ganó representando a un partido local y antes de asumir el cargo ya está peleado con el partido gobernante, o el de los priistas que tienen como flamante líder a un presidenciable que ha estado muy interesado en la política tlahuica. Aun antes de darse, la decisión ya es motivo de sospecha.
7.- Con la entrada en vigor de las nuevas normas en materia de salario mínimo, que convirtieron al país en una sola zona económica y llevaron el minisalario a 70 pesos con 10 centavos, se dio un aumento automático en las cifras que se deben cubrir por multas, créditos, derechos, contribuciones y demás, que se encuentran vinculados a ese indicador. Algunas autoridades han hecho mutis ante la situación, pretendiendo quizás sacar alguna ventaja, mientras que otras optaron por determinar que no aplicarán el aumento en sus costos sino que operarán en base a las cifras anteriores del salario mínimo, como lo hizo el Ayuntamiento de Cuernavaca por acuerdo del Cabildo a instancias del alcalde Jorge Morales Barud. En previsión de que esto ocurriría, desde hace meses el PAN presentó en el Congreso local varias iniciativas para desvincular el minisalario de los cobros por infracciones frecuentes como las de Tránsito y Transportes o las consideradas en otros ordenamientos como la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, sin que hasta la fecha sus propuestas hayan tenido consecuencia alguna.