Empero, los delitos patrimoniales siguen siendo la constante propiciando la percepción de inseguridad en algunas regiones de nuestra entidad. Así las cosas, lo que fue útil en su momento hoy ya no lo es. Desglosemos.
2.- Siendo Jorge Carrillo Olea gobernador de Morelos existía la Coordinación General de Seguridad pública del Estado, encabezada durante el primer trienio carrillista por el capitán José Abraham Mejía, quien renunció a finales de 1997 tras percibir la descomposición de la Policía Judicial, a cargo de José Miyazawa, y la degradación de la Procuraduría, cuyo titular Carlos Peredo Merlo salió bastante desprestigiado (fue a parar a la cárcel). Incluyendo al entonces poderoso comandante de la Unidad Antisecuestros de la PGJ, Armando Martínez Salgado, todos tuvieron vínculos con bandas delincuenciales. Sin embargo, mediante el decreto 3836 publicado el 26 de diciembre de 1996 por el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el entonces titular del Poder Ejecutivo transfirió la potestad de la policía, material y recursos financieros a los 33 municipios dizque como parte de una estrategia nacional destinada a brindar mejor seguridad pública a todos los ciudadanos.
3.- Recuerden ustedes que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se gestó durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y la decisión de Carrillo Olea dizque armonizaba con los nuevos instrumentos federales para combatir al crimen organizado. Lamentablemente, la estrategia impulsada por Carrillo Olea, justo cuando nuestra entidad era identificada a nivel nacional como reducto de narcotraficantes y secuestradores, no generó los resultados esperados. Fue un rotundo fracaso. Propios y extraños conocimos años más tarde la realidad operativa de las corporaciones en el ámbito municipal, infiltradas por células criminales. Fue así como llegamos hasta 2012, cuando la cada día más desprestigiada Secretaría de Seguridad Pública solamente controlaba a la Policía Preventiva Estatal y a la Policía Acreditable.
4.- El actual titular del Poder Ejecutivo decidió continuar el antiguo proyecto calderonista para crear una policía nacional y encontró los fundamentos legales en el Congreso local para convenir con los 33 ayuntamientos morelenses la creación del Mando Único policial, existente hasta hoy. Empero, a escasos año y nueve meses el modelo es cuestionado, sin haber entrado siquiera a su etapa de consolidación. Conforme Morelos avanza hacía el cambio de los 33 presidentes municipales, el MU enfrenta la creciente partidización de la seguridad pública y se ha convertido en uno de los principales argumentos impugnativos del discurso político. Así las cosas, esperemos para ver la evolución de la relación entre los alcaldes electos con el gobierno estatal sobre tópicos de seguridad, y después diremos.
5.- Cambiemos de frecuencia. La eventual anulación de la elección por la presidencia municipal de Cuernavaca sería otro golpe a la imagen del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que quedó maltrecha por los muchos señalamientos que recibió al fragor de la batalla electoral, aunque cabe subrayar que no a todos los consejeros electorales se les puede medir con el mismo rasero. Hoy ya no se escuchan con insistencia las voces que en su momento cuestionaron la eficiencia del organismo, pero no hace mucho había quienes pedían ceses y quemas en leña verde. Por eso el Impepac ha tratado de cumplir con puntualidad su obligación en cuanto al pedimento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enmarcado en su análisis de la petición del PRI-PNA-PVEM de anular los comicios municipales y echar abajo la condición de presidente municipal electo de Cuernavaca, de la que hoy goza el futbolista retirado Cuauhtémoc Blanco Bravo. En esa urgencia de no cometer más yerros se inscribió el operativo de seguridad que fue ordenado para el traslado del material electoral que el consejo municipal electoral extrajo para entregarlo al tribunal federal. Aparatoso dirían algunos, necesario dirían otros.
6.- El responsable de la auditoría especial ordenada al crédito de dos mil 806 millones autorizado al gobierno estatal en octubre de 2013, fue por segunda ocasión a reunirse con los diputados de la Comisión de Hacienda. Algo le habrán dicho a Vicente Loredo Méndez en los días recientes, que ahora sí llegó humilde y contrito a la cita con su destino, y lo primero que hizo fue despojarse de la dignidad y armarse de valor para disculparse de manera pública por la actitud que tuvo la semana anterior, cuando los mismos legisladores lo llamaron a comparecer por primera vez y llegó diciendo que nada diría porque la ley lo obligaba a mantener secrecía sobre los detalles del trabajo de fiscalización que está en curso. Ablandado por la Junta Política, la Mesa Directiva y, dicen los que saben, desde el Congreso de la Unión –hasta donde deben viajar sus agradecimientos por haber conseguido el cargo-, Loredo despepitó en privado que la auditoría está incompleta y que la secretaria de Hacienda, Adriana Flores, no le ha entregado información sobre más de mil millones de pesos, por lo que ahora los legisladores irán a exigirle cuentas a la funcionaria. Total que en el asunto de esta auditoría los involucrados dieron un pasito pa’delante y dos pasitos para atrás.
7.- El diputado aliancista Julio Espín Navarrete puso el dedo en una llaga que lastima a los habitantes de Amacuzac, quienes al menos en los últimos años han padecido una situación política compleja. Esa situación derivó en 2012, bajo el gobierno municipal de Alfonso Miranda Gallegos, a una decisión que aún hoy para muchos es motivo de polémica, como es la de derribar el Palacio Municipal que tenía unos 70 años de antigüedad. Polémicas aparte, el caso es que Amacuzac no tiene Palacio Municipal, no hay recursos para construir uno nuevo, a la actual administración ya no le alcanza el dinero para seguir pagando la renta de las instalaciones donde funcionaba, y ahora todos los burócratas municipales deberán hacinarse en las oficinas del DIF Municipal. Lo peor, dicen, es la vergüenza de los amacuztecos por esta situación inédita que los hace sentirse como morelenses de segunda, pues no hay otro municipio en el estado donde se viva situación tal. Por eso, a propuesta de Espín, los diputados hicieron un llamado al Gobierno estatal y a su propia Comisión de Hacienda, a fin de que destinen lo necesario para construir un nuevo inmueble.A ver… La coordinadora de los diputados azules, Norma Alicia Popoca, está pugnando porque el ayuntamiento cuernavacense pueda aplicar determinados descuentos al impuesto predial. Empero, me queda claro que los panistas andan a la caza de oportunidades para el lucimiento personal y la ganancia política. Comienzan a abundar los ejemplos.
