Desde el mismo momento en el que se anunció el incremento, en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión el diputado federal Javier Bolaños Aguilar propuso valorar un decremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en promedio y en el caso de las gasolinas es del 4%.
Los cálculos desarrollados al respecto, van en el sentido de que si se lograra reducir en un 50% dicho gravamen, el costo de la gasolina pudiera regresar a los estándares del año anterior, o sea, mantener el precio que traía sin tanto rollo.
El legislador lo ha expuesto en tribuna, ahora lo ha extendido a la opinión pública, colocando módulos en las principales ciudades del estado en los que cualquier ciudadano que apoye su propuesta, puede plasmar su firma, a fin de irle dando consenso y respaldo popular.
Ojalá que lo anterior logre tener resonancia en el Poder Legislativo federal, es una pequeña luz en el camino, la población para nada se resigna a aceptar una decisión que daña tan inmisericordemente su economía y que ha desatado una cadena inflacionaria casi sin precedentes.
La idea de Bolaños es ir convenciendo al resto de las bancadas del Congreso de que lo más sano es llegar a un consenso que seguramente sería aplaudido por la ciudadanía en general, pero que además, sí es posible y causa mucho menos daño.
Claro, existen resistencias, porque lo que hasta ahora se ha dicho, es que con el alza en el costo de la gasolina el monto de recaudación a partir del IEPS crece sustancialmente y esa bolsa se reparte entre las entidades federativas. Es decir, que los estados estarían percibiendo mayores cantidades por ese concepto y ya sabrá usted que son los gobernadores los que no desean dar marcha atrás.
Por cierto, también Bolaños y otros de sus compañeros de Cámara sostuvieron un encuentro con el ex canciller mexicano Jorge Castañeda para analizar el foro Agenda Migrante, por la trascendencia del tema ante el arribo a la Casa Blanca de Donald Trump, quien a partir de este viernes es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
La idea es ir asumiendo medidas preventivas ante la posibilidad de que muchos connacionales que laboran en la Unión Americana sean deportados a nuestro país. El señor Trump habla hasta de dos millones, aunque se entiende que sería a partir de un proceso gradual, pero lo más sensato es tomar previsiones institucionales por si llega a ser necesario.
Sobre este tema, la Confederación Internacional de Morelenses, cuyo presidente es Pablo Antonio Castro Zavala, se manifestó ayer en el centro de Cuernavaca para recordar que hay cerca de 50 mexicanos condenados a muerte en aquella nación.
Respecto a las posibles repatriaciones, estima habrá que verlo en la realidad, porque de aquel lado del río Bravo se sigue considerando que sólo fue un discurso de campaña para atraer el voto de los radicales derechistas y racistas que son muchos.
Sobre el muro fronterizo, recuerda que “éste en buena medida, ya existe desde hace décadas, se ha venido extendiendo de forma gradual al paso de los años, pero no es nada nuevo. Hay incluso partes con doble muro, así que hay que esperar qué actitud muestra al respecto el señor una vez que tome la presidencia”. Aunque reconoció que esos discursos sí causaron sicosis en familias mexicanas radicadas allá.
PRERROGATIVAS, PLURIS, UNA CARGA
Por otro lado, el diputado local del Partido Encuentro Social, (PES) Efraín Esaú Mondragón Corrales recordó que su partido seguirá impulsando como una de sus principales propuestas, la eliminación de las prerrogativas a los institutos políticos, considerando que a estas alturas, ese dinero que a nivel general representa miles de millones de pesos, se puede canalizar a inversiones de beneficio popular.
Bueno, el joven legislador recordó que en lo que se refiere al PES en Morelos, recibe un promedio de 350 mil pesos al mes por dicho concepto, estimando además que con unos 50 mil sería suficiente para mantener oficinas y otros gastos. Pero si ellos reciben una suma así, ya imaginará usted lo que perciben los partidos grandes. Y bueno, dice que en todo caso, sea la militancia la que con sus aportaciones en calidad de afiliados los mantengan, lo cual efectivamente sería lo más razonable. ¿Por qué nuestros impuestos tienen que usarse para quienes sólo han defraudado al pueblo?
Nosotros agregaríamos que además de lo anterior, se someta a consenso otro punto: el referente a las diputaciones locales y federales por la vía de la representación plurinominal, porque son posiciones que a nadie representan y sí se convierten en una pesada carga para el presupuesto público.
El pueblo ya no puede con tanto vividor de la política, grupos de personajes becados por tres o seis años y que en lugar de aportar algo para mejorar el nivel de vida de los gobernados, validan toda clase de disposiciones oficiales que van contra el interés popular.
El país y el estado se encuentran en la coyuntura ideal para tomar una serie de decisiones a fin de ir desburocratizando el servicio público, sólo que para que lo anterior tome forma, son precisamente esos “representantes populares” quienes tendrían que dar los primeros pasos.
Como que tienen una excelente oportunidad para mostrar algo de compromiso con quienes les dieron el privilegio de ocupar un sitio en las legislaturas, además eso les daría un poco de oxígeno político, porque hace un rato vienen enfrentando un creciente repudio del respetable.
Claro, seguirán poniendo oídos sordos a cualquier propuesta que no coincida con sus ambiciones y beneficios, por eso se nos hizo significativo que Mondragón Corrales mencionara ese asunto de las prerrogativas, porque es un descaro que con dinero del pueblo unos cuantos se continúen enriqueciendo sin aportar nada a cambio.