El Tribunal de lo Contencioso Administrativo también tiene injerencia en esa área y se da por hecho que quienes se harán cargo de la misma son los magistrados Roque González Cerezo y Manuel García Quintanar, cosa que ha provocado algunas reacciones desde el interior del Contencioso Administrativo.
Lo anterior, porque precisamente ellos dos llevan ya más de un año devengando en promedio 100 mil pesos mensuales sin mucha justificación, ya que el “trabajo” desarrollado es mínimo y la excusa que se da es que no tienen un espacio formal asignado cada uno de ellos.
Desde dentro, algunos colaboradores de los magistrados señalan que en efecto, no se les entregó algún despacho en específico, debido a que pusieron algunas condiciones que eran imposibles de satisfacer, como aquello de que demandaban cerca de cuatro millones de pesos para acondicionar las oficinas, además de unos 500 mil pesos para la contratación de personal de apoyo, aspecto que les fue denegado y entonces optaron por mantenerse al margen.
Pero lo que también se cuestiona, en particular a González Cerezo, es que el señor cobra una jubilación como subsecretario de gobierno, tras su paso por la administración pública estatal durante los gobiernos panistas, por la que percibe algo así como 65 mil pesos al mes, que aunados a los 100 mil por concepto de la magistratura, hacen una buena suma.
Pues a decir de personal del contencioso, ya prácticamente todo está definido, ellos dos se harán cargo de la impartición de la justicia laboral, lo que obligará a que les asignen ahora sí el espacio correspondiente. Ojalá que bajo estas condiciones sí desquiten los ingresos, porque no es válido, en estos tiempos de problemas financieros y presupuestales en todos lados, que continúen existiendo personajes becados en la administración pública y menos con salarios de privilegio.
Lo que se necesita en situaciones como la actual es reducir al mínimo la carga burocrática de las instituciones, al paso de los años ese monstruo ha crecido desproporcionalmente, en detrimento de los recursos presupuestales y frente a la creciente corrupción gubernamental, se le ha dado vida a organismos como la Fiscalía Anticorrupción, que se supone, le cuidará las manos a los “servidores públicos” para impedir actos de rapiña.
No obstante, para eso se cuenta con una Contraloría General a nivel de gobiernos estatales, sus similares en los ayuntamientos y una entidad superior de fiscalización en el Poder Legislativo, que manejan un presupuesto millonario.
No se diga en lo que toca a derechos humanos o defensa de las garantías individuales, hay dos o tres instancias de reciente creación que representan una duplicidad de funciones ante otras dependencia que constitucionalmente están obligadas a salvaguardar nuestros derechos, si no lo hacen, pues entonces para qué están ahí como elefantes blancos.
No obstante las circunstancias por las que pasa el país y el estado, se sigue apreciando un alarmante derroche de dinero del pueblo de parte de los poderes públicos, cuando hay tantas necesidades que atender a nivel social, por el descuido y la ausencia de obra de tantos años.
RINDIERON EDILES PRIMER INFORME
Y en otro tema, los presidentes municipales rindieron ya su primer informe de actividades, mismo que cumplieron con fecha 31 de diciembre. Algunos lo presentaron casi tres semanas después, entre éstos, el de Jiutepec Manuel Agüero Tovar y el de Miacatlán Francisco León y Vélez Rivera, éste pasado 22 de los corrientes.
La observación al respecto es porque a decir verdad, todavía en los días finales del año pasado, se advertía de duros conflictos en muchos de los ayuntamientos, por el pesado problema que traen de insuficiencia de recursos presupuestales.
Mucho se insistió en que habría toma de edificios por los empleados, en reclamo del incumplimiento en el pago de prestaciones, sobre todo del aguinaldo, la verdad es que no pasó nada, a estas alturas ya lo más difícil del conflicto se superó y en lo general se aprecia cierta tranquilidad en las 33 alcaldías.
Sin duda, algunos ediles siguen atorados, entre ellos los de Amacuzac, Jantetelco o Cuautla, sin embargo la mayoría ha podido darle la vuelta por lo menos coyunturalmente al asunto. En el caso de Miacatlán, sólo tiene un laudo vencido por cerca de cinco mil pesos, cosa que se antoja irrisoria.
Algunos de ellos como León y Vélez, el de Emiliano Zapata Fernando Aguilar Palma o el propio alcalde capitalino Cuauhtémoc Blanco Bravo siguen haciendo un buen esfuerzo por superar condiciones verdaderamente dramáticas en las que recibieron la administración de parte de sus antecesores, que casi salieron por piernas, huyendo de los reclamos de proveedores y empleados de sus comunas.
Apoyados en gestiones ante instancias del gobierno federal, buena parte de los presidentes municipales han logrado desarrollar algunas obras con las que mantienen tranquila a la ciudadanía.
No está nada fácil para este generación de ediles, pero han iniciado su segundo año de administración en condiciones menos complicadas que cuando entraron, como que se aprecia cierta responsabilidad y madurez ante sus gobernados, porque la absoluta mayoría de quienes se fueron mostraron graves índices de frivolidad, prefirieron priorizar sus intereses muy personales que cuidar las finanzas de sus administraciones.
Las deudas y los compromisos crecieron desproporcionadamente, mientras ellos y sus grupos llenaban maletas. El colmo es que a estas alturas no podamos ver a algunos de ellos en proceso a fin de ser llamados a cuentas, la omisión y las complicidades entre niveles de gobierno son claras. Sí se puede gobernar con austeridad, sólo falta voluntad y sobre todo vocación de servicio y compromiso de quienes ejercen el poder, los actuales presidentes tienen la oportunidad de enderezar el barco, hay señales positivas.
