Desde algunas instancias de gobierno estatal, como la Secretaría del Trabajo y la de Finanzas, se les ha insistido a los presidentes municipales que comiencen a pensar seriamente en un adelgazamiento de su burocracia, porque de otra manera pudieran entrar en una especie de parálisis que afectará sustancialmente a la población, por la inexistencia de obras y a los mismos trabajadores, porque no habrá dinero para el pago de prestaciones, incluyendo el salario.
Funcionarios del estado estiman que en promedio los ayuntamientos presentan una sobrepoblación en su planta laboral de un 40 a 50%, producto de compromisos de campaña que a estas alturas ya debieron cumplir su cometido.
O sea, refería un secretario de despacho, se sabe perfectamente que detrás de una campaña política se dan toda clase de arreglos y ofertas que en buena medida se pagan con fuentes de empleo, particularmente a gente que ofrece su participación a cambio de ser incluida en la nómina.
Sin embargo, también se estima que esos favores suelen pagarse con un año, después de éste, se tiene que pensar en cambios profundos, porque la carga en el gasto corriente no aguanta más y todo indica que eso ocurre en las alcaldías.
La cosa es que nadie parece dispuesto a dar un paso atrás y conservan excesivo personal que se lleva la mayor parte del dinero público que ingresa por el pago de impuestos y de prestación de servicios por parte de los ciudadanos, lo que queda acaso es suficiente para cubrir el mediano funcionamiento de las comunas.
La situación es bastante grave porque del presupuesto municipal anual se destina casi el 100 por ciento a gasto corriente, no hay inversión propia y las pocas acciones que se vienen dando obedecen a gestiones logradas por algunos de los representantes populares, ya sea a nivel del Senado de la República o del Congreso de la Unión.
El dispendio es total, porque tampoco se da manejo transparente y correcto de parte de los funcionarios locales, incluido al mismo presidente municipal. La mayor parte de esos “servidores públicos” gustan de privilegios y de una vida de placeres a costa del dinero del erario.
La misma alternancia en el poder público parece haber contribuido de manera sustancial en la evolución de la burocracia a nivel de los ayuntamientos. Desde el 2000, cuando comenzó con mayor fuerza el cambio de colores partidistas en las tres esferas gubernamentales, por lo menos en Morelos inició la fiebre por la integración de sindicatos.
Quienes dieron vida a las primeras agrupaciones eran trabajadores que obedecían a intereses de grupos partidistas que estaban siendo desplazados en el control del poder y que de esa manera trataban de evitar su despido. Los que llegaban, tenían que colocar a sus colaboradores y personal de confianza, pero entonces tenía que ser a costa de acrecentar la planta laboral.
El monstruo fue creciendo en cada cambio de gobierno, o sea vamos por el sexto trienio desde el 2000 y mientras que antes de ese año el número de trabajadores era acaso el necesario, hoy fácilmente se ha triplicado, generando el costo correspondiente.
Sí hubo despidos obligados, pero como ya venían protegidos sindicalmente, los afectados pudieron iniciar las demandas laborales respectivas para reclamar la indemnización de ley, según ellos. Cabe mencionar que en lo anterior, también instancias de impartición de justicia laboral se prestaron a toda clase de irregularidades, validando reclamos que carecían de lógica y sustento, porque no pocos demandantes eran empleados de confianza.
Pero alguien debe entrar en razón y bajarle al derroche, finalmente es el pueblo quien paga las consecuencias, no recibe para nada lo que corresponde a su esfuerzo como contribuyente y es objeto de fraude por parte de sus gobernantes que sólo atienden intereses personales o de grupos y partidos.
EL CONGRESO NO ESCAPA
Pero de este fenómeno tampoco el Congreso local ha logrado escapar, hasta hace menos de unos 10 años, el Poder Legislativo contaba con unos 700 empleados, hoy esa suma fácilmente se ha duplicado y desde hace buen rato se enfrentan serios conflictos para poder disponer de liquidez.
Incluso algunos legisladores advierten que de no ponerse algún correctivo a tiempo, se va a un colapso económico irremediable, algo parecido al de los ayuntamientos y también hacia el fin de año. Se han hecho algunos ajustes, pero no lo suficientemente fuertes como para que impacten significativamente en la disminución de su gasto corriente.
Ya incluso se padecen retrasos en el pago de salarios quincenales y es precisamente a partir de todo lo anterior, que se comenzó a pensar en una auditoría a fin de transparentar el uso del presupuesto, no obstante se piensa que esa no será la solución.
Finalmente la revisión bien podría encontrar justificado el gasto, es decir, correctamente pagado de acuerdo al número de empleados, aunque se trate de una nómina sobre cargada que finalmente es el punto que se tiene que resolver con fecha de ayer.
No parece haber otra salida para presidentes municipales y legisladores locales. Están obligados a desprenderse de compromisos contraídos en campañas, además, esas facturas ya quedaron más que pagadas, lo más prudente es que muestren algo de compromiso con sus representados y ejerzan acciones conducentes para recuperar las finanzas antes de que salgan a pedir nuevamente el voto.
Sería incluso una señal bastante positiva de cara a los electores, ello ayudaría a mejorar la percepción que públicamente se tiene respecto a la imagen de esos servidores públicos y de paso, abonarían en algo muy noble, el saneamiento institucional que a todos los niveles se antoja casi imposible de resolver.
El mismo gobierno estatal, tras recortes presupuestales de la Federación, se apretó el cinturón y en lo que va del sexenio, ha reducido la nómina en más de mil trabajadores. De un solo jalón eliminó a unos 600, cancelando posiciones de rango mediano a fin de que se reflejara en el intento de austeridad. Los gobiernos no son generadores de empleo sino administradores del recurso público, pero se ha obrado en sentido contrario.
