Entre los promotores de la petición, se encuentra el secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos, Álvaro Urreta Fernández, la fundación Don Bosco, del sacerdote con licencia Antonio Sandoval Tajonar; la CIDHAL, la Unión de Pueblos de Morelos, de Plutarco García Jiménez, ex legislador federal; y Morelos Rinde Cuentas, por citar algunas agrupaciones.
En la misiva, se destaca que “tenemos entendido que la actual legislatura está a punto de someter a votación la ley en referencia, a pesar de que no ha sido llevada a consulta y sólo se han hecho reuniones apresuradas, cuando la población tiene el derecho de participar sobre las reglas para armonizar la relación pueblo gobierno”.
Y se agrega que “hay muchos aspectos que preocupan sobre el asunto, porque se requiere de un profundo diálogo a fin de que se llegue a un texto que contemple puntos esenciales y es aquí donde resalta la ausencia de conceptos como la revocación de mandato a autoridades electas, un derecho básico para una sociedad auténticamente democrática”.
Se señala que inicialmente la propuesta llevaba elementos que le daban valor y participación a la sociedad civil, sin embargo, a medida que se avanzó en el proceso de revisión, muchos términos fueron eliminados, sin explicación alguna a los interesados.
Las organizaciones advierten que “ésta no puede ser una ley más sino la madre de todas las leyes, porque a partir de ella se pueden recuperar derechos y facultades concebidos a los mexicanos desde la propia Constitución General de la República”. Y luego recuerdan el texto del artículo 39, recordando que con base en el mismo, “la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, todo poder dimana de él y es instituido para beneficio de éste…”
Y basados en las anteriores argumentaciones, piden al recinto legislativo “que modifiquen los términos temporales en su aprobación, para que se pueda desarrollar una amplia consulta en los 33 municipios, a fin de que se le enriquezca en su contenido, que parece, ha quedado bastante pobre, comparado con las expectativas que al respecto se generaron”.
La mayoría de quienes reclaman del Poder Legislativo no apresurar la aprobación de la ley, son figuras con amplia trayectoria. Urreta Fernández fue funcionario público y en su tiempo quiso postularse a un cargo de elección con ayuda de los votos de los que recibían despensas y otras ayudas.
Fue titular de la delegación en la entidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la administración de Carlos Salinas de Gortari y ahora está al frente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo del Estado. También aparece el sacerdote con licencia Antonio Sandoval Tajonar, antecesor de Urreta en el consejo, quien ha dedicado la mayor parte de su vida al rescate de jóvenes con problemas de adicciones y con grados de marginación, tanto en Cuernavaca como en algunos otros municipios a través de la Fundación Don Bosco y que ahora busca también una candidatura bajo el disfraz ciudadano.
En el caso de la Unión de Pueblos de Morelos (UPM), Plutarco García Jiménez ocupó una legislatura federal hace unos años y al igual que los otros dos, impulsa programas y movimientos a favor de sectores populares en grado de desprotección. Es el artífice de la apertura de una "universidad campesina", para formar profesionales en la materia, procedentes de familias del sector en el sur del estado.
Hay pues detrás de ese reclamo una decena de figuras que han hecho historia en defensa de los derechos de una mayoría popular, que a juicio de ellos, no ha contado con el suficiente apoyo gubernamental para poder salir de la pobreza y el hambre.
Álvaro Urreta estima que los legisladores locales se tardaron mucho en ponerle atención a una propuesta que debe llevar mucho más de fondo y no acabar con un texto incompleto y carente de lo sustancial, que es la revocación de mandato, porque además ésa fue la promesa hecha públicamente cuando se consideró llevarla a la realidad.
Habrá que ver cuál es la posición de los diputados frente a tal reclamo, el problema es que en algunos aspectos, la actual legislatura viene trabajando aceleradamente, el tiempo para resolver un enorme rezago en materia legislativa se les reduce, ante la inminente apertura del proceso electoral hacia el 2018.
La mayoría de los representantes populares ya han puesto su mirada en el futuro electoral y no disponen de espacio para revisar y analizar a fondo algunos de los proyectos, como en el caso de la Ley de Participación Ciudadana, que en efecto, lleva meses esperando turno en la Cámara.
El riesgo que al respecto se enfrenta, es que finalmente se acabe aprobando un texto que a nadie deje satisfecho, por no incluir conceptos primordiales como el de la revocación, que han sido materia de polémica política desde hace por lo menos tres lustros.
La entonces oposición al dominio hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, por ahí antes del año 2000, ya empujaba propuestas de esa naturaleza. Los reclamos se hicieron mucho más intensos en momentos de debacle como el que se vivió durante el sexenio del general Jorge Carrillo Olea, que al final fue sólo de cuatro años, porque el señor fue depuesto del cargo.
Sin embargo, ya en la actual administración se volvió a retomar el asunto y originalmente el documento mantenía preceptos añejamente reclamados, no sólo a nivel de grupos políticos o partidos, sino de la población en general, como eso de la revocación de mandato, surgidos a partir de una insatisfacción generalizada del gobernado ante sus autoridades.
No obstante ya en el recinto legislativo, el tema se fue relegando reiteradamente, a la vez que se eliminaban algunos términos que eran el alma misma del propósito buscado por tantos años. Las organizaciones ven con preocupación que se acabe votando una ley que no cumplirá con las aspiraciones previstas, de ahí que estén solicitando al Congreso valorar la conveniencia o no de llevarla al pleno para su votación final.
