Nos encontramos ya en la víspera de elecciones; los partidos políticos e incluso personajes con intereses futuristas en la política suelen comenzar a intensificar su “trabajo” a fin de capitalizar el descontento popular a consecuencia de críticas en el desempeño de autoridades en los tres niveles de gobierno.

Todos aquellos con aspiraciones a cargos de elección popular buscan una bandera a explotar para poder reclamar un espacio en la amplia gama de posiciones que se pondrán en oferta a comienzos del 2018, desde una regiduría, sindicatura, presidencia municipal, diputación local, federal, senaduría o la propia gubernatura.

Hay para todos los gustos, aspiraciones y ambiciones y quienes ya gozan hoy de privilegios a partir de cargos de representación popular tienen incluso la oportunidad de perpetuarse, como en el caso de los diputados locales, que se han despachado con todo, concediéndose cuatro periodos de reelección, aprovechando la puesta en marcha de la reforma electoral.

Y a pesar de que son cientos de candidaturas las que estarán en juego, resultan totalmente insuficientes para satisfacer la demanda de miles de políticos de todos los tamaños, que ven en esta, la oportunidad de colarse a un lugar, que por pequeño que sea, les significaría haberse ganado la lotería, porque una simple regiduría suele dar para hacer dinero en sólo tres años.

Baste recordar lo que mencionábamos recientemente, aquello de que en cabildos como el de Tepalcingo, sus integrantes decidieron asignarse un ingreso cercano a los 100 mil pesos mensuales, más toda clase de gastos de representación. O sea, algo así como unos 130 mil pesos, suma inadmisible para quienes no resuelven nada ante sus gobernados, pero que da fe de la voracidad con la que se conducen nuestras autoridades.

A eso va la mayoría que dice estar dispuesta a “sacrificarse” por un pueblo sobreexplotado, engañado y defraudado hasta el cansancio y que en la mayoría de los casos no tiene ni el derecho a protestar.

Y como decíamos, ya se aprecia un ambiente de agitación política que viene en ascenso, en algunos casos, sobran razones para la queja y el señalamiento, en otros, se esconden propósitos muy diferentes a lo que se reclama, pero es lo recurrente en tiempos preelectorales.

Hay algunos “focos rojos”: el más sobresaliente es el rechazo inamovible del pueblo de Tepoztlán contra la ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Cuautla.

Aquí hablamos de una lucha de largo tiempo y que mantiene congelado el avance del proyecto, que no parece malo, sin embargo, a los lugareños no les gusta, por el daño a la naturaleza.

Otro caso actual es el de Totolapan, donde un considerable número de habitantes rechaza la construcción de un mercado, lo que llevó a la intervención policiaca que motivó reacciones por todos lados, incluso de algunas figuras de la política de alto nivel, como en el caso del diputado federal Javier Bolaños Aguilar. Ahí mismo acaba de surgir otro inconveniente, permisionarios del servicio público de transporte debieron llegar hasta el centro de Cuernavaca, procedente de Totolapan, para denunciar la detención de unidades y de algunos de sus compañeros por gente de la misma localidad.

Y el movimiento Antorcha Campesina continúa en una batalla ya histórica en demanda de peticiones de diversa índole relacionadas con obra pública y oferta educativa y desde un corto tiempo a la fecha, el tema de la negativa de pobladores de la comunidad de Alpuyeca a la aceptación de una planta tratadora de basura en sus cercanías y que a juicio de ellos, llevó al intento de asesinato de uno de sus líderes.

El principal obstáculo oficial para poder apaciguar los ánimos en la mayoría de los casos de conflicto social es la visible falta de operadores políticos, aunque en casos muy concretos como en de Alpuyeca, la responsabilidad recae directamente en el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Topiltzin Contreras Mcbeath.

La cosa al respecto parece subir de tono, precisamente porque, tras el atentado a uno de los líderes, nadie les ha querido abrir las puertas para exponer sus razones en la lucha o demanda de investigación sobre el caso. El funcionario en cuestión los citó a un encuentro precisamente en la planta de valorización localizada en las cercanías de la unidad deportiva Mariano Matamoros y los dejó plantados.  Al respecto, un funcionario de palacio hizo el comentario en el sentido de que había sido la única forma de que se retiraran del edificio gubernamental, a donde habían llegado para exigir atención.

La experiencia indica que cuando falta inteligencia política para superar, mediante el diálogo y el entendimiento esa clase de movimientos ciudadanos, se cae en la tentación de utilizar la fuerza pública en busca de su disolución, estrategia para nada razonable y como que eso se comienza a apreciar en ciertos sucesos, uno de ellos, el de Totolapan.

El trabajo operativo gubernamental se incrementará gradualmente a medida que se acerca el proceso electoral, será necesario reformar esas líneas de atención desde todas las esferas de gobierno, de otra manera, se abona en la confrontación, que es una mala consejera de la paz y la armonía que requerimos para mantener la calma.

Con el cada vez más acotado tiempo para poder cumplir algunos proyectos añejamente puestos en marcha, es previsible advertir que en el caso de la ampliación carretera La Pera-Cuautla, se tendrá que ir pensando en un mejor mañana.

Esa obra fue autorizada todavía durante el sexenio anterior de Marco Adame Castillo. Como que el ahora ex gobernador prefirió no meterse en dificultades, como ocurrió también con la termoeléctrica y el gasoducto al oriente de Morelos.

Le heredó a esta administración los dos problemas y en lo que corresponde a la termoeléctrica, así fuera a empujones, se pudo avanzar, no en lo referente a la inversión para la ampliación de la autopista, cuyo conflicto es ya transexenal.