En pocas palabras, ayer, líderes de organizaciones del ramo procedentes de todas las zonas del estado, incluyendo el centro, dieron una especie de ultimátum: Continúa el proceso, derivado de una convocatoria del 2014, o comenzarán a desarrollar toda clase de acciones, entre ellas el bloqueo de carreteras, calles y avenidas en el territorio morelense.

Igual y tampoco son tantos, pero ellos sostienen que la medida anunciada por la secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, afecta a cerca de 30 mil de sus compañeros y todos andan enojados, porque si las disposiciones oficiales se cumplen, tendrán pérdidas superiores a 100 millones de pesos en su conjunto.

Respecto al conflicto, hay distintas lecturas, entre ellas, que efectivamente se trata de un gran negocio de la dependencia en cuestión. Son miles de involucrados en este asunto y económicamente significarían cientos de millones de pesos, no precisamente para las arcas públicas, a lo mejor sólo para algunos funcionarios.

No obstante, también se advierte que pudiera tratarse de una jugada, una estrategia a fin de condicionarlos electoralmente a tal o cual proyecto si desean recibir los beneficios de la regularización y quienes así lo ven, pudieran tener razón, ya estamos en tiempos en los que la principal característica de los movimientos lleva tintes de esa naturaleza.

Lo más prudente sería que tanto la Contraloría como la SMyT dieran un paso atrás, porque percibimos en la mayoría de los líderes de organizaciones de transportistas la firme determinación de salir a las calles a mostrar su inconformidad y estarían iniciando con la estrangulación de las principales vías de comunicación en toda la entidad.

Si ayer, así fuera entrada la noche no recibían alguna señal positiva, desde hoy y sobre todo Cuernavaca sería bloqueada en todas sus entradas entre las diez de la mañana y la una de la tarde, es decir, tres horas. Los daños a terceros serían cuantiosos. Lo pueden hacer tranquilamente, finalmente son los dueños de las calles.

Sin embargo, como que la inmediata respuesta del sector a lo anunciado por Flores Garza hace unos días, movilizó a algunos niveles del gobierno. Se menciona por ejemplo que el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina, ese mismo día por la tarde noche, acudió a la sede de la SMyT y se presume que fue para dialogar con su titular Jorge Messeguer Guillén, a fin de valorar las determinaciones.

Y es que por lo menos a nivel de comentarios en pasillos de gobierno, se afirma que hay serias diferencias entre ambos secretarios, que el de transportes no pela a Matías y que toma decisiones unilaterales sin pedirle consentimiento, a pesar de que éste último es el coordinador del gabinete.

Como se dice por ahí “no falta un pelo en la sopa”, porque ya se advierte de una solución al conflicto en el interior del Congreso local, donde las partes han decidido comenzar el diálogo a fin de que el Poder Legislativo sea liberado, para continuar los trabajos, pero ahora nos encontramos frente a más dificultades.

 No sólo es el transporte, el rechazo de algunos habitantes de Alpuyeca a la permanencia de la planta de valorización de desechos sólidos en esa zona subió de tono, porque habían fijado una fecha para que se les diera una respuesta oficial y como no la hay, el asunto se puso medio complicado.

Los empresarios del transporte son un gremio bastante fuerte, sólo por abajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y tienen capacidad para generar inconvenientes mayúsculos si se ven afectados en sus intereses. La cosa es que somos los ciudadanos los que finalmente pagamos los costos de esas desavenencias, sin tener nada que ver en sus dificultades.

ENCUESTAS TRAMPOSAS: NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON…

En otro orden de ideas, ayer, la poco fiable empresa de nombre rimbombante Consulting and Research ofreció a medios informativos lo que su representante llamó una primera encuesta de valoración en tendencias electorales, respecto a algunos personajes que se considera, pudieran participar por algún cargo de elección popular en las elecciones del año que viene.

La muestra, a decir del responsable  Marcos Pineda Godoy, es reflejo de la respuesta de dos mil 66 encuestados, sin embargo, la manipulación salta a la vista porque simplemente como que no están todos los que son ni son todos los que están, igual y algunos de ellos no aspiran a nada.

Y es que la medición tampoco se da con base en alguna de las posiciones que estarán en juego, a decir, la gubernatura, senadurías, diputaciones federales, locales o alcaldías, simplemente aseguran que se les mide como figuras políticas, eso es todo.

La lista sometida a consulta es de 12 personajes, pero no se incluyeron aquellos con mayores tendencias en este momento.

Así pues, entre los mencionados en ese extraño documenta, figuran como más identificados por los entrevistados personas como Gerardo Becerra Chávez de Hita y Gabriela Gómez Orihuela, ex titular de la Secretaría del Trabajo.

Pero reiteramos, sólo es a partir de la identificación de los mismos de parte de algunos sectores de la sociedad, porque tampoco se les preguntó si, en el caso de que aparecieran en las boletas electorales votarían o no por ellos, que daría ya una aproximación mayor respecto a tendencias reales.

Pero sobre todo, se aprecia que los peces más gordos, aquellos que buscarán posiciones de primera línea como la gubernatura, no fueron incluidos, que porque no respondieron a una solicitud que se les envió a fin de que participaran en este ensayo. El asunto es que, visto de esa manera, resulta una medición parcial y de dudosa credibilidad.