En las elecciones presidenciales del 2018 tendrá que darse una batalla por recuperar controles y presencia social en la toma de decisiones, porque los políticos se han apoderado de todos los instrumentos que le dan valor y sentido a la alternancia y la democracia en el ejercicio del poder, posponiendo de manera indefinida promesas y compromisos de concederle voz y voto.
Es cierto que en algunos aspectos se están generando espacios bajo la oferta de atender problemas y necesidades, a veces a sectores muy específicos, como en lo referente la violencia contra las mujeres o en general a la defensa de los derechos humanos, sin embargo ello ha sido una reacción a fin de intentar apaciguar los reclamos e inquietudes por la alta incidencia en esos delitos, pero además, en la práctica, esas instancias ni siquiera cumplen el papel para el cual han sido creadas y al paso del tiempo sólo representan una carga económica y burocrática más pesada cada día.
La vida institucional está en entredicho, en todos los niveles se desarrollan prácticas políticas y determinaciones que no consideran el sentimiento y opinión de quienes, se supone, son los beneficiados de tales acciones, lo que les resta validez y sentido, de ahí que como sociedad tengamos que buscar canales y vías mediante las cuales podamos influir por lo menos un poco en todo lo que tiene que ver con la cosa pública.
Frente al proceso electoral más importante para los mexicanos, porque se trata de la elección del presidente de la república y en el caso de Morelos, de quien deberá gobernar al estado los siguientes seis años, se tiene que avanzar en muchos aspectos y esencialmente darle legalidad y sustento a algunos cambios que se han estado impulsando desde hace ya buen rato, pero que parecen estar sufriendo distorsiones en sus propuestas originales y contenido de fondo.
Nos referimos, como en otras ocasiones, a la Ley de Participación Ciudadana, que está en proceso al interior del Congreso local y que se prevé –así lo advierten algunas organizaciones de lucha social- sea aprobada ya de manera definitiva, el último día de este periodo ordinario de sesiones que cerrará el 15 del mes en curso. Desde el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de Morelos, que hoy preside Álvaro Urreta Fernández, se ha estado pidiendo al Poder Legislativo reflexionar sobre algunos puntos que tienen que ver directamente con la participación popular y que –todo indica- han sido desestimados en esa reforma.
La petición concreta sigue siendo que no se le dé trámite hasta que sea puesta a consideración de la población, mediante foros de consulta en los 33 municipios, para que se le dé oportunidad a quienes así lo deseen, de agregar u observar parte del contenido. Sobre todo, hay malestar debido a que, aquello que se estimaba era el meollo de la propuesta, como la consulta pública o la revocación de mandato que da facultades al elector para poder influir en la permanencia o no de autoridades o representantes populares que no cumplan con su responsabilidad pública, o los compromisos hechos ante la sociedad, puedan ser objeto de valoración están siendo anulados.
Son dos o tres puntos de esa iniciativa de Ley de Participación Ciudadana los que le darían sentido a la misma, pero sobre todo, abrirían espacios de inclusión y en particular le estarían ofreciendo un sentido real a la apertura democrática, porque a pesar de reformas frecuentes, sobre todo cada vez que se aproxima alguna elección, seguimos como pueblo desplazados totalmente en lo que se refiere a decisiones sustanciales para obligar a una recomposición y mejora de la cosa pública.
Los partidos y los políticos siguen teniéndonos atados de manos, desde esas trincheras controlan todo, incluyendo desde luego, aquellas estructuras que se supone, tienen la obligación de darnos certeza en materia electoral, garantizando que los resultados en las urnas se apeguen al sentir de las mayorías. No es así, eso queda confirmado en cada proceso, que muestra absoluta manipulación e impone la condición y los intereses de quienes mantienen los monopolios de poder.
El Consejo Ciudadano ya había levantado la voz cuando se advertía de una especie de madruguete en lo que corresponde a esa reforma de participación ciudadana, lo vuelve a hacer, usando para tal efecto los caminos del respeto, la decencia y sobre todo la reflexión con la propuesta; se espera que en esta ocasión exista voluntad para atender el llamado, porque el razonamiento es válido y además la actual legislatura -que ya va de salida- dejaría un buen sabor de boca; más aún, ello serviría para recuperar respeto, imagen y percepción colectiva, porque como que le han quedado mal a los representados, por lo menos que le concedan ésta propuesta.
Sabemos que no es nada fácil convencer a los representantes populares de lo anterior, ese tipo de cambios vienen acompañados de una serie de presiones de toda naturaleza, por las repercusiones que en el terreno político-electoral representan y quienes buscan mantenerse en la actividad pública, lo ven como un obstáculo, sin embargo más peligroso es continuar por un camino que pareciera llevarlos a un escenario incierto, porque el pueblo tiene muy mal concepto de ellos, los estima responsables de muchos de los problemas que padece y le asiste la razón porque esos errores o excesos son absolutamente culpa suya, a él no le han consultado en lo absoluto.
De ahí que la inclusión de términos como la revocación de mandato tenga tanta relevancia hoy día y sobre todo sería de enorme trascendencia que pueda ser un instrumento a utilizarse en lo sucesivo, cuando nos preparamos para decidir el rumbo del país o del estado por los siguientes seis años. En muchos aspectos de la vida pública y de gobierno, hemos venido mostrado rezago ante naciones hermanas del continente. Algunos países han dado pasos interesantes en materia democrática y legal, concediendo armas legales a los ciudadanos para sancionar hechos de corrupción contra cualquier figura pública, incluyendo a la presidencial, pero acá nos continúan poniendo toda clase de candados para impedirlo, abonando en la inconformidad y el enojo e irritación de grandes sectores de la población.
